¿LOS VA A DEVOLVER A SUS PAISES DE ORIGEN HASTA QUE LA ECONOMÍA MEJORE, COMO HIZO AZNAR EN ALGUNA OCASIÓN, O PRETENDE MANTENERLOS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL ESTADO?
La actitud de José Luis Rodríguez Zapatero de solidarizarse con el presidente Francés Nicolás Sarkozi por su valiente decisión de desmantelar de Francia los campamentos de gitanos húngaros y rumanos y mandarlos de vuelta a su país es encomiable. Por primera vez el político leonés, al parecer, recupera la razón.
Los gitanos de los países del Este constituyen un grave problema social, político y para la seguridad de las poblaciones donde suelen acampar sus carromatos que hoy no son tales, sino flamantes y bien amuebladas caravanas dotadas de los mayores adelantos de la técnica que van sustrayendo aquí y allá.
Lo digo, naturalmente, por conocimiento directo. Hace 25 años un amigo mío fue invitado en un Guadalix de la Sierra (Madrid), alquilado por dos millones de pesetas, a una boda entre dos familias gitanas, una española y otra rumana. Le acompañé uno de los ocho días que duró la ceremonia, celebrada a lo grande, donde se comió y se bebió como en los antiguos banquetes de los emperadores romanos. Todas las señoras invitadas a la ceremonia fueron agasajadas con brazaletes de oro, collares de diamantes, pendientes de zafiro y todo tipo de joyas que mi amigo nunca supo cómo habían llegado a manos de aquella gente de apariencia humilde. La respuesta la tuvo al leer días más tarde los periódicos. De vuelta a sus países de origen, los cíngaros fueron detenidos en las afueras de París cuando intentaban atracar la undécima joyería que encontraron a su paso.
Volviendo al caso de Zapatero, es digna de elogio su actitud aunque no estaría mal que fuera pensando qué va a hacer con los dos millones de emigrantes parados existentes en España que viven ahora de las prestaciones sociales y cuyas familias reciben asistencia sanitaria y educativa sin haber contribuido previamente a los Presupuestos Generales del Estado a las arcas de la Seguridad Social o haberlo hecho mínimamente.
Lo lógico y natural, antes de que el país entre en bancarrota y millones de españoles que han trabajado 40 años se queden sin pensión y se produzca un estallido social, es que se les sugiera que regresen a sus países de origen, eso si, respetando sus derechos sociales y su preferencia a regresar a España y ocupar sus puestos de trabajo antes que otros cuando la situación económica cambie.
Fue lo que hizo José María Aznar con un grupo de emigrantes ilegales durante uno de sus mandatos y me consta que fue duramente criticado por ello, por la izquierda partidaria de aplicar una solidaridad mal entendida y dar papeles a todo el mundo, en aplicación de los viejos postulados del internacionalismo socialista.
Lo que planteo no es obviamente una cuestión de racismo, de xenofobia ni de discriminación de nadie por razones de tipo ideológico, cultural, social, de raza o de credo. Es un simple problema de supervivencia. En 1991 España tenía una población de 38.872.279 habitantes, cifra que se mantuvo en parecidos términos hasta 1999. A partir de entonces, debido al boom de la construcción, se produce una explosión inmigratoria que ha colocado al país en más de 35 millones de habitantes sin que el país haya crecido en la misma proporción en PIB, ex exportaciones, ni haya mejorado su balanza comercial ni por cuenta corriente.
Lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario. Los gastos corrientes y las inversiones no productivas en crear escuelas, hospitales, viviendas subvencionadas y centros de todo tipo para dar acogida a esa población se han disparado exponencialmente. Con más de 200.000 empresas destruidas en los dos últimos años, España carece de industrias y empresas turísticas suficientes para dar trabajo y alimentar a una población de 45 millones de almas.
Es más, yo diría que en ningún momento de su historia ─incluso en los últimos años del franquismo cuando en la ría del Nervión se construían buques de 250.000 toneladas y los altos hornos nos autoabastecían de hierro, acero, aceros especiales ─ el país pudo alimentar a los 38.000.000 de personas de las cuales, alrededor de dos millones, eran emigrantes en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Venezuela y otros países.
SI LOS POLITICOS ESPAÑOLES HUBIERAN LEÍDO UN POCO
DE HISTORIA SABRÍAN QUE ESPAÑA JAMAS HA PODIDO SOBREVIVIR CON SUS PROPIOS RECURSOS Y HA TENIDO QUE EXPORTAR EMIGRANTES PARA EQUILIBRAR SU BALANZA COMERCIAL
Tras la destrucción y no reestructuración industrial llevada a cabo por Carlos Solchaga en 1985, nuestra economía empeoró ostensiblemente. Y si la balanza comercial se pudo mantener equilibrada algunos años ─ pocos─ en el periodo del llamado «milagro español» (1993-2007) ello se debió a las remesas de los últimos emigrantes, a los fondos de la Comunidad Europea y a las divisas del turismo, cada vez más escasas.
Pero los políticos españoles, de uno y otro signo, no han sido conscientes de ello, han impulsado la burbuja inmobiliaria como motor del cambio económico, han permitido a las familias españolas endeudarse con los bancos hasta las cejas, han permitido al sistema financiero a su vez endeudarse en el exterior acudiendo al interbancario para financiar tanto ladrillo, y la caída de ese gigantesco castillo de naipes ha sido uno de los elementos de las crisis, unida al cierre del grifo de los fondos de cohesión y estructurales, al maná europeo.
Todo ello unido al encarecimiento de los costes laborales unitarios de los trabajadores (mientras en Alemania los sueldos subieron entre 1991 a 1998 un 6 por ciento en España lo hicieron un 30 por ciento), al sobrecoste de las materias primas y los productos energéticos por la demanda de los mismos del gigante chino, al consiguiente cierre de las empresas ha generado un volumen de paro intolerable para cualquier país civilizado.
Y es que ni un solo político, ni un solo ministro de economía ha sido consciente que desde 1898 hasta la fecha, con una población que ha oscilado entre los 28 y 38 millones de habitantes, ha sido un exportador neto de emigrantes debido a que en este país las catastrofistas leyes de Thomas Robert Malthus enunciadas a comienzos del siglo XIX (An Essay on the Principle of Population) tienen plena vigencia, tal vez no en cuanto a la capacidad para dar de comer a una población de 45 millones de habitantes, pero si en lo relativo a la creación de puestos de trabajo, standards de bienestar social, subsidios de vejez y otros baremos que hacen imposible el mantenimiento ad aeternum del Estado del Bienestar.
Como ocurrió en los países comunistas entre 1914-1989, el PSOE, con su solidaridad e igualitarismo han alcanzado el objetivo pretendido: con sus papeles para todos ha socializado la miseria a amplias capas de la sociedad y, con cinco millones de parados camino de los seis, se niega a aplicar la única medicina posible por muy inhumana y dolorosa que parezca: incentivar el regreso a sus países de origen de buenas maneras y garantizándole el pago de sus subsidios sociales a los dos millones o dos millones y medio de parados extranjeros que sobran (no hay que olvidar que nuestros emigrantes recibieron un trato similar en periodos de crisis en Alemania y Venezuela, por poner solo dos ejemplos) y que no pueden seguir viviendo eternamente ni del cuento ni de las arcas del Estado, salvo que Rodríguez Zapatero esté dispuesto a expropiar, al estilo argentino, las pensiones a las decenas de millones de españoles que con su esfuerzo y sacrificio de muchos años tienen derecho a un merecido y modestamente retribuido descanso. Y a llevar, al mismo tiempo, al Estado a la ruina con sus incontables despilfarros.
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