El 23 de octubre el etarra Juan Carlos Arruti Aspitarte Paterra asesina en el restaurante Iriondo de Elgoibar al ex alcalde de la localidad y dirigente del partido del Gobierno en Guipúzcoa, Jaime Arrese Arizmendiarrieta.
Apenas una semana después, el 31 de octubre un comando terrorista mata a la salida de su casa de San Sebastián Juan de Dios Doval Mateo, profesor de Derecho Procesal y miembro de la ejecutiva de Unión de Centro Democrático.
Los planes de ETA son exterminar a la UCD vasca, asesinando uno tras otro a todos los miembros de su dirección. En La Moncloa y en el Ministerio del Interior, en el número 5 del Paseo de la Castellana, Adolfo Suárez y Juan José Rosón son conscientes de que hay en marcha una «limpieza étnica» en contra de los suyos.
El presidente de la formación política en Euskadi, el alavés Jesús María Viana lo confirma plenamente después de regresar a Madrid desde una finca de Extremadura donde han estado escondidos durante unos días todos los miembros de la dirección política del partido del Gobierno, mientras en la sedes provinciales de la formación política se queman los archivos y los militantes empiezan a darse de baja masivamente.
«Se trata de ellos o nosotros», le dice Chus Viana a Adolfo Suárez en un encuentro en el Congreso de los Diputados. La sospecha de que los terroristas han interrogado en su propia casa al primer asesinado, Ustarán, secretario de organización del partido y le han arrancado la lista de los principales dirigentes ─ Alfredo Marco Tabar, Marcelino Oreja, Julen Guimón, Jaime Mayor Oreja, Jaime del Burgo y otros ─ hace que el pánico se apodere de muchos dirigentes y el terror se implante en sus familias.
Desde el nacimiento de ETA en julio de 1961 hasta entonces, la mayor parte de la guerra sucia en contra de la banda terrorista había sido algo espontáneo, voluntarista, realizada mayoritariamente por policías y elementos de extrema derecha, sin ningún tipo de organización ni método y, mucho menos, de financiación desde el Estado.
Los planes de ETA encaminados a demoler y a aniquilar a la plana mayor de la UCD en las Vascongadas dio un giro de 180 grados al asunto. En La Moncloa y el Ministerio del Interior se decide crear un grupo de acción perfectamente entrenado y preparado para llevar a cabo acciones selectivas, perfectamente planificadas y estructuradas, en el Sur de Francia, con el objetivo de acabar con los principales dirigentes de Euskadi Ta Askatasuna y acabar así con la matanza de dirigentes políticos.
TRAS EL FRACASO DEL ATENTADO AL BAR HENDAYAIS, CON EL QUE SE TRATÓ DE VENGAR LA MUERTE DE USTARÁN, ARRESE Y DOVAL, EL TERRORISMO DE ESTADO IMPLANTADO EN LA ETAPA DE SUAREZ NO VOLVIÓ A ACTUAR Y LOS PLANES ELABORADOS POR EL CESID SE MANTUVIERON DORMIDOS
En la organización, reclutamiento y planificación de la organización paramilitar dedicada a implantar el terrorismo de Estado en los santuarios terroristas participan todos los organismos implicados en la lucha antiterrorista. El Cesid se encarga de elaborar los primeros documentos, de falsificar pasaportes y carnets de conducir franceses para dar cobertura legal a las acciones y redacta también el acta fundacional del grupo contrainsurgente. La Comisaría General de Información que dirige entonces el comisario Manuel Ballesteros, recientemente fallecido, recluta a los mercenarios entre pistoleros de la extrema derecha italiana, la Triple A argentina y pied noirs franceses.
Uno de los documentos elaborados en la etapa de UCD es el mismo que el llamado «acta fundacional de los GAL». Según tiene publicado Juan Carlos Escudier el texto llega a manos de Pedro J. Ramírez y este se niega a publicarlo. «No voy a ser yo quien responsabilice a Adolfo Suárez de algo que compete pura y exclusivamente a Felipe González», responde, al parecer, el periodista-embaucador cuando un reportero le presenta copia del documento y le ofrece la posibilidad de que lo contraste con el que Juan Alberto Perote le vendió a Mario Conde y acabó en poder el periódico de la calle Pradillo. El primera atentado de lo que, pasado el tiempo, sería el embrión de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se produce en 23 de noviembre de 1980. Ese atardecer tres pistoleros franceses nacidos en Aix Ex Provence, uno de ellos llamado Jean Pierre Cherid, radicados en Madrid y en la costa española, con más miedo que vergüenza abren las puertas del bar Hendayais y vacían sus armas contra los clientes que se hallan en su interior. A consecuencia de la primera operación oficial de terrorismo de Estado pierden la vida el trabajador José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida y otras diez personas más resultan heridas.
Poco después de suceder los hechos, a escasos kilómetros, tres individuos cruzaron el puesto fronterizo de Santiago, en Irún, en un automóvil Renault 18 de color verde con matrícula falsa y sin documentación. El vehículo atravesó la frontera a gran velocidad, saltándose los controles de la gendarmería, adentrándose en territorio español y entregándose brazos en alto a la Policía Nacional. Cuando trataron de ser interrogados, les facilitaron un número de teléfono y dijeron al unísono.
─ ¡Llamen a este número! ¡Llamen a este número!
Una hora más tarde, tras una llamada telefónica a Madrid, la policía nacional los dejaría en libertad. El número de teléfono al cual se llamó, resultó ser el de Manuel Ballesteros, el comisario que estaba entonces al frente del Mando Único para la Lucha Contraterrorista, condenado en dos ocasiones por denegación de auxilio a la Justicia en la Audiencia Provincial de San Sebastián y absuelto otras tantas veces por el Tribunal Supremo.
Tras aquel estrepitoso fracaso, los GAL de UCD, no realizaron ninguna otra acción de castigo en Francia. Tampoco las circunstancias lo aconsejaban. Semanas más tarde dimitiría de su cargo, se produciría en golpe de estado del 23-F, y la red compuesta por dos docenas de terroristas reclutados para llevar el terrorismo de Estado al Sur de Francia quedó inoperativa, dormida, en stand by por un tiempo.
Cuando el 28 de octubre de 1982 llega Felipe González al poder cree que ETA no se va atrever a atentar contra un partido que ha ganado las elecciones generales por mayoría abrumadora. El 4 de noviembre de 1982 salen de su error. ETA asesina en Madrid al general Víctor Lago Román jefe de la División Acorazada Brunete 1 y, posteriormente, a los también general Guillermo Quintana Lacaci, al vicealmirante Fausto Escrigas y a otros muchos jefes del Ejercito. No sería hasta el 18 de octubre del año siguiente, con motivo del asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios hasta que no se pone en marcha la infernal maquina de matar.
Por informaciones recibidas desde Francia y los informes del Cesid Felipe González conoce al dedillo los planes de ETA:
A.- Provocar al Ejército en Madrid asesinando a sus figuras más relevantes para provocar un segundo golpe de Estado que acabe con el sistema democrático.
B.- Balcanizar el País Vasco, masacrando y exterminando sistemáticamente a los dirigentes del PSOE con el fin de, una vez provocada la desbandada de la UCD, hacer lo mismo con los socialistas. Y una vez aniquilados los llamados partidos españolistas en Euskadi, imponer la ruptura democrática y establecer entre las fuerzas sociales y los partidos nacionalistas y abertzales una república independiente, socialista y euskaldún.
EL TERROR A UNA BALCANIZACIÓN DEL PAIS VASCO Y A UNA MATANZA DE SUS DIRIGENTES, COMO OCURRIÓ CON UCD, IMPULSO AL PSOE A UTILIZAR LOS ATAJOS PARA ACABAR CON ETA
El asesinato el 23 de febrero de 1984, tercer aniversario del golpe de estado del senador socialista Enrique Casas en su casa de San Sebastián por los Comandos Autónomos Anticapitalistas revelan que el análisis no estaba descaminado.
Para hacer frente a estas dos graves amenazas al sistema democrático, el presidente del Gobierno decide tomar un atajo y luchar contra ETA desde las alcantarillas. Con tal fin, una vez analizado en profundidad el análisis del atentado al bar Endayais, se decide reactivar la lucha clandestina, poniendo a su frente a un estado mayor militar capaz de planificar y coordinar las acciones con los distintos servicios policiales encargados de reclutar a los mercenarios.
Era la única manera de poner fin, además, a la falta de profesionalidad, a la improvisación y a los garrafales errores cometidos los días previos al asesinato de Martín Barrios, cuando varios miembros de los GEOS fueron detenidos en Francia al intentar secuestrar al dirigente de ETA José María Larretxea Goñi y un grupo de mercenarios confundió a un ciudadano francés, Segundo Marey, con otro dirigente de la banda armada, lo capturó y lo trajo a España.
Siguiendo órdenes del poder político, uno de los secretarios generales de La Moncloa viaja a la embajada de España en París y se trae destinado a la presidencia del Gobierno a uno de los agregados militares. Esta persona, auxiliada por dos comisarios de policía y dos coroneles de la Guardia Civil serán los máximos responsables de la planificación y la puesta en marcha en delante de la lucha antiterrorista clandestina que se cobraría casi una treintena de muertos con muchos menos fallos. 
Por lo tanto, cuando Felipe González declara «Yo me limité a reactivar lo que se había puesto en marcha durante la UCD y se suspendió a raíz del golpe del 23 F» no le falta razón. En un momento de gran desesperación Adolfo Suárez autorizó el uso de la guerra sucia para acabar con ETA. Pero solo hubo un atentado contra la banda armada, el del Bar Hendayais, y no la larga lista de operaciones clandestinas que le atribuyen los grupos periodísticos cercanos al PSOE. Atentados organizados en su mayoría por la maraña de servicios secretos de la Transición, que camparon a sus anchas a comienzos de la transición democrática, salvo el intento de asesinato en Argel del independentista canario Antonio Cubillo Ferreira, que se planificó en el ministerio del Interior y llevaron a cabo los pistoleros a sueldo del comisario Roberto Conesa. Todo lo demás que se diga es arrojar inmundicia y basura innecesariamente sobre la figura de Adolfo Suárez González.
Por lo tanto, cuando Felipe González declara «Yo me limité a reactivar lo que se había puesto en marcha durante la UCD y se suspendió a raíz del golpe del 23 F» no le falta razón. En un momento de gran desesperación Adolfo Suárez autorizó el uso de la guerra sucia para acabar con ETA. Pero solo hubo un atentado contra la banda armada, el del Bar Hendayais, y no la larga lista de operaciones clandestinas que le atribuyen los grupos periodísticos cercanos al PSOE. Atentados organizados en su mayoría por la maraña de servicios secretos de la Transición, que camparon a sus anchas a comienzos de la transición democrática, salvo el intento de asesinato en Argel del independentista canario Antonio Cubillo Ferreira, que se planificó en el ministerio del Interior y llevaron a cabo los pistoleros a sueldo del comisario Roberto Conesa. Todo lo demás que se diga es arrojar inmundicia y basura innecesariamente sobre la figura de Adolfo Suárez González. El gran inspirador y valedor intelectual de los Grupos Antiterroristas de Liberación fue, pese a que posteriormente utilizó el desmantelamiento del terrorismo de estado para acabar con Felipe González, el periodista Pedro J. Ramírez Codina actual director de El Mundo. Todos los datos, sin posibilidad de ser refutados, aparecen relatados cronológicamente en mi libro Pedro J. Ramírez, al desnudo.
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