EL FRACASO DE LA HUELGA GENERAL CIMIENTA AÚN MÁS LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA PARA DERROTAR A MARIANO RAJOY EN LAS PROXIMAS ELECCIONES

Durante periodo de la Restauración, finales del siglo XIX y comienzos del XX, la política era un asunto sucio y turbio en manos de caciques provinciales, los terratenientes y las oligarquías industriales que se apropiaban de las instituciones comprando los votos.

En 1918, por ejemplo, Ramón de la Sota Llano, nacionalista y el constructor naval y empresario naviero más importante de Vizcaya, decidió colocar a sus empleados en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Echo mano a la cartera, adquirió a pie de urna decenas de miles de votos de los mineros y trabajadores siderúrgicos, mandó a sus piquetes a secuestrar a varios presidentes de mesa electorales contrarios a sus intereses, y ganó por goleada. En los siguientes comicios, en 1919, los «la aristocracia metalúrgica», los dueños de las minas de hierro y los altos hornos de la provincia, contrarios a sus intereses, se unieron en la Liga de Acción Monárquica y le devolvieron la jugada: pagaron hasta 50 pesetas el voto y recuperaron las actas de diputado para los suyos.

En este contexto, la izquierda apenas tenía posibilidad de llevar a su gente al Congreso y de alcanzar el poder. Sin sufragio universal pleno (las mujeres comenzaron a tener derecho al voto en 1931), los obreros y demás asalariados preferían votar al patrón que les daba de comer, les retribuía espléndidamente el voto, que a sus dirigentes políticos naturales.

Al igual que la Inglaterra de la época de la revolución industrial, los sindicatos se constituyeron en el único instrumento para mejorar las precarias condiciones de vida de los trabajadores, reducidos poco menos que a la condición de esclavos, obligados en las zonas industriales a vivir en barracones inmundos, a trabajar de sol a sol, a comprar alimentos caducados o podridos en las cantinas o comercios de los patrones, quienes para exprimirlos aún un poco más le pagaban con vales.

La lucha para conquistar unas condiciones de vida dignas fue tremendamente desigual. Sin estar plenamente reconocido el derecho a la huelga, con las organizaciones obreras simplemente toleradas, sus actividades se perseguían permanentemente, sus manifestaciones se disolvían, y cuando acudían a la huelga, el ejército les disolvía a caballo sable en mano, y algunos de sus líderes pasaban más tiempo en la cárcel que en sus puestos de trabajo.

El sindicalismo constituía por entonces el gran enemigo a batir. La mayoría de sus dirigentes venían en las reivindicaciones salariales y la mejora de las condiciones laborales el instrumento mediante el cual concienciar a la clase obrera para cuando se dieran las condiciones objetivas de la toma definitiva del poder con la huelga general revolucionaria, que conduciría a la destrucción de la sociedad capitalista, a la implantación de la sociedad sin clases y, por último al paraíso comunista, la dictadura del proletariado.

Sus métodos, inspirados en la revolución de octubre, no eran por otra parte nada democráticos. Los lideres obreros movilizaban, por ejemplo, a los pueblos y cuencas de la margen izquierda del Nervión ─ la provincia más industrializada de España─ cortando el telégrafo, volando los transformadores de energía eléctrica, dinamitando puentes, vías férreas, atacando los puestos de la guardia civil, abriéndose paso por las calles con cartuchos de dinamita de las minas y con los piquetes que iban arrasando todo lo que encontraban a su paso.

Nació así el sindicalismo abnegado y heroico, aunque utópico en su meta final, del primer cuarto del siglo XX cuyos líderes Facundo Perezaguas, Ramón Lamoneda, Tomás Meabe, Andrés Saborit, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y otros, entregados en cuerpo y alma a la causa del proletariado, auténticos mártires de la causa de los desfavorecidos, lograron reducir la jornada laboral a las ocho horas, la escolarización de sus hijos y la creación de dispensarios para tratar a los accidentados en las cuencas mineras y en las cercanías de los altos hornos y siderurgias.

TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA DEMOCRACIA LOS SINDICATOS ABANDONARON SUS PROYECTOS REVOLUCIONARIOS PARA COOPERAR CON EL CAPITALISMO PERO NO SE DESPRENDIERON DE SUS METODOS COACTIVOS

Tras la implantación de la democracia en España con la Constitución de 1978, todos los partidos políticos renunciaron a alcanzar sus objetivos mediante la coacción y la violencia; renunciaron salvo el PNV (al que ha habido que maniatar con la Ley de Partidos) a tener a su servicio organizaciones paramilitares, a disponer de grupos de pistoleros o fuerzas de choque para imponer sus ideas, como ocurría en la II República. Los votos dejaron de ser una mercancía al servicio del mejor postor, los censos electorales comenzaron a ser fiables, los muertos dejaron de votar en contra de lo que ocurría a comienzos de siglo, y un cierto grado de tolerancia y el fair play se impuso en la política.

Los viejos sindicatos revolucionarios también se amoldaron a los tiempos. En un mundo de la abundancia y el Estado del Bienestar, donde no había obreros que salvar, no tuvieron más remedio que renunciar a una de sus metas históricas. Y para sobrevivir en una sociedad desproletarizada y satisfecha se convirtieron en los co-gestores y administradores del capitalismo, en agentes sociales intermediarios entre el Gobierno y los empresarios para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema, al estilo de las organizaciones obreras nórdicas.

En lugar de organizar huelgas, se convirtieron en fuerzas contrarrevolucionarias, dispuestas a frenar a los obreros demasiado reivindicativos, a impedir la aparición de sindicatos de agitadores políticos, a impedir los «estallidos sociales» de épocas pretéritas a cambio de conservar sus privilegiadas posiciones en consejos de administración de cajas de ahorros, empresas públicas y un sin fin más de ventajas.

Convertidos en instrumentos parásitos e improductivos del sistema, montaron una estructura de poder burocratizada y antidemocrática, con decenas de miles de liberados encargados de imponer la «paz social» en las empresas a cambio de participar ellos mismos del festín. Pasaron a formar parte así de la casta de los privilegiados, sin representación alguna, con lo que la época de salir a la calle y enfrentarse al Gobierno para acabar con los cinco millones de parados ha pasado a la historia.

Pero, de cuando en cuando, CC.OO. y UGT tienen que escenificar la vieja farsa de sus años gloriosos para simular que están al lado de los trabajadores, aunque ya no engañan a casi nadie. Y como es el único grupo social no reciclado para actuar en democracia cuando vuelven a las andadas lo hacen siempre recurriendo a sus viejos métodos de lucha. Aunque han sustituido la dinamita con la que anunciaban sus algaradas por la silicona y el pegamento, sus armas siguen siendo la coacción, el chantaje, las amenazas, la rotura de las lunas de los escaparates y la violencia en todas y cada una de sus manifestaciones a cargo de los «piquetes informativos».

ZAPATERO HA IMPUESTO UNA NUEVA ESTRATEGIA A CC.OO. Y UGT. OLVIDARSE DE LOS PROBLEMAS REALES DEL PAÍS Y FORMAR EL «PACTO DE HIERRO» DE LA IZQUIERDA PARA IMPEDIR LA LLEGADA DEL PP A LA MONCLOA

La manifestación del 29 de septiembre de 2010 ha revelado un nuevo cambio de estrategia, de planteamiento, por otro radicalmente opuesto al que defendía hace apenas 30 años Nicolás Redondo Urbieta. Al igual que los sindicatos franquistas, tras la caída del socialismo real en 1989, se han olvidado de su «revolución» y ahora lo han hecho incluso de los obreros para consagrarse en cuerpo y alma a apoyar descaradamente a los gobiernos de izquierda, por muy mal que lo estén haciendo, por muchos parados que existan, aunque la competitividad de las empresas españolas haya caído hasta el puesto 42 de los países industrializados (19 puntos en la etapa de Rodríguez Zapatero) y a pese a que el rating de las agencias de calificación sobre la deuda soberana del Reino de España se encuentre cada vez peor.

Porque la verdadera meta de CC.OO. y UGT en esta década no es otra que la de apuntalar en el mundo laboral y en de las empresas la unidad de la izquierda y seguir viviendo a cuerpo de Rey del pesebre socialista, de los Presupuestos Generales del Estado, como lo han venido haciendo en los últimos seis años, coparticipando en la elaboración de políticas erróneas e ineficaces para salir la de crisis y siendo corresponsables de la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo.

De ahí que, por su participación en la política del Ejecutivo, carecieran de la menor legitimidad para echarse a la calle a escenificar la pantomima de que le hacían una huelga general a algunas medidas propuestas por Rodríguez Zapatero, pretendiendo al mismo tiempo como buenos estómagos agradecidos salvar la cara de ese mismo Gobierno. Su descrédito es aún mayor al intentar frenar mediante el chantaje de la huelga general una reforma laboral impuesta por los países occidentales al Gobierno como medida de obligado cumplimiento para evitar la intervención de la economía española por la Unión Europea, por muy necesaria que sea la reforma para sentar las bases que permitan la salida del país de la crisis.

Aunque la Ley esta aprobada por el Parlamento y la voluntad popular no debería ser suplantada por la de grupos mafiosos y carentes de representatividad, trataron de imponer sin éxito una huelga general a sabiendas de que no van a conseguir nada, que todo es un juego de artificio, un esfuerzo inútil y tremendamente gravoso para la economía nacional, y que su único rédito era una falsa autoafirmación, salvar la cara y simular ante los ciudadanos que reprueban la política de gabinete socialista.

Fracasada su enfermiza obsesión de darle una patada a Zapatero en el trasero de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid quien, como liberal, encarna todos los males del capitalismo y de la derecha sin bien alguno, acabada la opera bufa que ha costado a los españoles cerca de 5.000 de euros y un retroceso de dos semestres en la recuperación económica del país, como si no hubiera pasado nada, pelillos a la mar, están a punto de regresar a La Moncloa a tomar te con pastas con el presidente del Gobierno, a recibir nuevas dádivas multimillonarias y mayores prebendas, que es el mejor bálsamo para cicatrizar posibles heridas, y recomponer la unidad de la izquierda frente al PP, lo único que de verdad les interesa.
Porque esa y no otra es la verdadera meta de unos y otros: cimentar al margen de cualquier diferencia circunstancial un «pacto de hierro» entre sindicatos y partidos de izquierda para derrotar a Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales.El rotundo fracaso de la algarada, ha incrementado el margen de acercamiento entre los dos grupos procedentes de la Internacional Comunista, aunque el gran trabajo de los sindicatos es ahora convencer a sus bases, que indignadas gritaban consignas en contra de Rodríguez Zapatero en las manifestaciones del 29 S, de que deben seguir confiando en el Partido Socialista que les ha llevado a la ruína y votar a su incapaz equipo dirigente en las próximas elecciones generales, tarea arduo difícil.
EL GRAN TRABAJO AHORA DE LOS SINDICATOS EN CONVENCER A SUS BASES, QUE SE MANIFESTABAN ABIERTAMENTE EN CONTRA DE ZAPATERO, DE QUE SIGAN VOTANDO AL PARTIDO SOCIALISTA
De ahí que los dirigentes de la formación política de la calle Génova debieran tomar nota y tener en cuenta que los líderes sindicales que tenemos, más cercanos a los mafiosos que controlaban el puerto de Nueva York a comienzos del siglo XX, según la película La Ley del Silencio de Elia Kazan y Marlon Brando, van a tratar de cortarle el paso al Gobierno en 2012 creando una especie de Frente Popular, como en 1936. Y, si llegan al poder, los va a tener en frente a partir de entonces. De ahí que una de las primeras medidas a arbitrar por los dirigentes populares debería ser la de regular la ley de huelga y llevar al Código Penal la existencia de piquetes coactivos.

En 1788, con motivo de la proclamación de la Constitución de Estados Unidos, Thomás Jefferson escribió: «Los dos enemigos del pueblo son la delincuencia común y el Gobierno, así que vamos a atar a los segundos con las cadenas de la Constitución tratando de evitar por todos los medios que [los políticos] no se conviertan en una versión legalizada de los primeros». A esa corta lista habría que añadir a los sindicatos, acostumbrados a moverse al margen de la Ley. Sus dirigentes necesitan también una rígida y clara «constitución», la regulación estricta de la Ley de huelga.