Mañana se celebrara en España la huelga general más absurda, estupida, ilegal y contraproducente para los intereses nacionales de cuantas han ocurrido en este país desde la instauración de la democracia.
A ritmo de tango, sin esforzarse demasiado en movilizar a las bases ni poner el más mínimo interés en explicar las razones por las que llevaban al país al borde del colapso, tres meses después de que el Gobierno decidiera recortar las pensiones, congelar el sueldo a los funcionarios y reestructurar el marco de relaciones laborales ajustando las indemnizaciones por despido a la del resto de los países occidentales, UGT y CC.OO. decidían lanzarse a la calle a protestar.
Hay que empezar por decir, sin embargo, que estos dos sindicatos ex marxistas que tienen la desvergüenza de definirse en sus programas como reivindicativos, de clase, unitarios, democráticos, independientes, participativos, de masas, de hombres y mujeres, sociopolíticos, internacionalistas, pluriétnicos y multiculturalistas, cuyo programa de máximos es la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición del socialismo real en 1989, no son ni la sombra de lo que eran.
Porque lo más lógico, en un país con cinco millones de parados [el 20 por ciento de la población trabajadora], es que el eje central de la algarada bullanguera se encaminara a forzar al Gobierno y a la patronal a crear las condiciones objetivas para crear empleo. Y, en segundo lugar, a oponerse a la política de José Luis Rodríguez Zapatero obligado por la Unión Europea y la sociedad globalizada y las naciones industrializadas a recortar decenas de derechos laborales adquiridos por los trabajadores tanto en el Estado de Bienestar (pensiones, ayudas familiares) como en las relaciones laborales contractuales.
Pero nada es así ni lejanamente se le parece. En lugar de anunciar la salida de toda la policía y hasta del Ejército a la calle a custodiar las instalaciones estratégicas y a detener y acabar con los piquetes terroristas sindicalistas, la huelga esta bendecida por el Gobierno que no ha dejado de hacer declaraciones a favor de los sindicatos en las dos últimas semanas. E incluso por La Zarzuela, por medio de la secretaria de la Casa Real, ha hecho público un comunicado anunciando la supresión de las actividades del Jefe del estado, lo que supone un espaldarazo indirecto a los revoltosos y a los atropelladores del derecho a trabajar.
Dada la afinidad de los sindicatos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las prebendas y subvenciones de todo tipo que éstos disfrutan y que permite a sus dirigentes hacer cruceros en barcos de lujo o celebrar sus comidas de trabajo en restaurantes de cinco tenedores, la huelga general de mañana tiene como enemigos al capitalismo que les da de comer, el liberalismo que tolera la existencia de una trama de parásitos seudosindicalistas en sus empresas, el maligno sistema financiero mundial, la malvada globalización, los Estados Unidos y su intervencionismo a escala planetaria, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que no nos hacen caso y se chupan el dinero de los obreros y otros muchos entes etéreos e inalcanzables para un grupo de dirigentes sindicales aburguesados, desertores del arado o de la fresadora y de la clase obrera, y ajenos a los problemas del país y a la grave crisis que se nos viene encima en los próximos cinco o diez años.
Pero, entre tanto, con el fin de que las movilizaciones triunfen y que se puedan sacar en las televisiones las imágenes de un país artificialmente parado y colapsado, como si se hubiera producido un bombardeo o jugara en Real Madrid contra el Barcelona, la principal perjudicada va a ser la comunidad de Madrid. Porque lo que los sindicalistas pretenden, de hecho, es dar una patada a José Luis Rodríguez Zapatero en el trasero de Esperanza Aguirre, la única presidenta de una autonomía donde menos se destruye empleo, donde uno de los jinetes del apocalipsis de la crisis, el hambre, ha hecho menos mella y en el que los niveles de bienestar siguen siendo bastante aceptables.
De ahí que la obsesión de CC.OO. y UGT no es que cierren las fábricas de Segovia, Soria o Teruel que en esas provincias apenas hay periodistas y cámaras de televisión. Su única meta es paralizar la capital de España impidiendo el derecho constitucional de los ciudadanos al trabajo mediante las coacciones, las amenazas, los pinchazos en las ruedas de los transportes públicos, la silicona y interrupción absoluta e incluso inutilización si fuera necesario de todos los medios de transporte públicos y privados.
Madrid, una ciudad de seis millones de habitantes, con un gran cinturón industrial en el sur y un hinterland en los municipios del norte de la capital, cuyos habitantes acuden a trabajar en la ciudad en su mayoría, depende del transporte como ninguna otra ciudad española. Todos los días más de un millón de sus habitantes tiene que desplazarse utilizando dos o tres autobuses, uno o dos trenes de cercanías o varias líneas de metro para llegar desde sus casas a la oficina o a la fábrica, actividad en la que muchas personas emplean entre una y dos horas de ida y otras tantas de vuelta.
Por las distancias a recorrer, la complejidad de sus comunicaciones y el tiempo invertido, los servicios mínimos de la capital de España no pueden ser los mismos que Zaragoza, Sevilla o Guadalajara, por poner tres ejemplos. Por eso, la Comunidad de Madrid trató de negociar unas normas acordes para respetar y garantizar el derecho al trabajo, el respeto a la huelga pero también a trabajar quien lo desee, que es anterior y superior a cualquier algarada laboral, que constituye una anormalidad transitoria y pasajera en la vida de un país.
EN PLENO SIGLO XXI UN SUPUESTO SINDICALISMO DE CLASE, FALSAMENTE DEMOCRÁTICO, CON MÉTODOS DE COACCIÓN MAFIOSOS, QUE SE DECLARA ENEMIGO DEL CAPITALISMO EN CUYO FESTÍN PARTICIPA, ES UNA RÉMORA DEL PASADO, UN CÁNCER MÁS DE LA SOCIEDAD QUE HAY QUE EXTIRPAR DEL CUERPO SOCIAL
Los representantes laborales, sin embargo, se acogieron a los pactos sucritos con el ministro de Fomento y Transportes, José Blanco, y no dieron su brazo a torcer. El hecho de que en el día de mañana la economía nacional pierda 20.000 millones de pesetas por el paro de las empresas, el cierre de la banca, los comercios, gasolineras, bares, restaurantes y cinturones industriales y la posibilidad cierta de que algunas empresas asfixiadas por la crisis tengan que echar definitivamente el cierre o no pagar la nómina a fin de mes no parece importarles nada en absoluto. Ellos y las decenas de miles de liberados que tienen instalados en la Administración y en las empresas públicas y privadas de brazos cruzados tienen y tendrán asegurada la sopa boba de por vida, tanto con el PP como con el PSOE, que en eso si que son hábiles negociadores.
Lo relevante para estos sindicatos que no representan a más del ochenta por ciento de los trabajadores es amedrentar a la población, incluidos niños y ancianos, para hacer un aparente acto de fuerza y demostrar capacidad de convocatoria y una legitimidad de la que carecen. Y tratar igualmente de que el Gobierno de la nación, con el que están a partir un piñón, pueda salvar la cara y que si alguien resulta perjudicado, si alguien tiene que pagar los platos rotos, esos sean el Partido Popular y, más en concreto, de Comunidad de Madrid. Precisamente los únicas entidades políticas que se han opuesto desde hace algo más de dos años al enorme fregado económico en que nos ha metido José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero así son las cosas en el reino de la mentira y del engaño permanente, del fingimiento y de la falsedad en que se ha convertido este país en los seis últimos años, con un presidente que carece igualmente de legitimidad, de credibilidad en la Unión Europea y el todos los organismos internacionales, y que ha llevado a España a la mayor quiebra desde la Guerra Civil y a muchas familias a la ruina con la misma celeridad que daba papeles a centenares de miles de inmigrantes ilegales innecesarios, vivía instalado en el boato y el coche oficial y dilapidada el dinero de las arcas públicas para entregárselo a ONG’s, mercachifles del cine, sindicatos, autonomías manirrotas, dictaduras comunistas y a decenas de miles de gorrones y oportunistas sociales para mantener una red clientelar en el interior y en el exterior, al tiempo que la economía productiva se hundía y crecía uno o dos puntos la actividad empresarial sumergida.
Esta huelga, por lo tanto, no va a arreglar ninguno de los problemas reales del país descritos anteriormente sino que, por el contrario, incrementará aún más el déficit, el paro, el endeudamiento familiar, empresarial y del Estado, la competitividad en el exterior, la balanza comercial y de pagos y la imagen de España fuera de las fronteras.
Sus consecuencias, sin duda, se verán antes de que acabe el año: menos exportaciones, más impuestos y nuevas medidas de austeridad para todo el mundo salvo para Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez y su cuadrilla de bien retribuidos mangantes a quienes la sociedad, de una u otra manera, tiene que eliminar quirúrgicamente y sin anestesia y enviar a los libros de historia. Porque en una sociedad como la actual donde todo el mundo sabe leer y escribir, conoce sus derechos políticos y laborales en contra de lo que ocurría a finales del siglo XIX y comienzos del XX, este supuesto sindicalismo de clase, falsamente democrático, con métodos de coacción netamente mafiosos, que se declara enemigo del capitalismo en cuyo festín participa, es una rémora del pasado, un cáncer más de la sociedad que hay que extirpar del cuerpo social aplicando después la suficiente quimioterapia para que las células enfermas de la sociedad no se vuelvan a reproducir y a crear nuevas metástasis. Lo mismo que ocurre con las pulgas, las ladillas y otros molestos insectos , que solo sirven para tocar los c... y chupar la sangre, a los que la civilización se ha encargado de poner fin.
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