Sólo la acción popular ejercida por 101 ciudadanos permitió en 1987 que el juez Baltasar Garzón pudiera reabir el sumario sobre los GAL, imputando a José Amedo y a Michel Domínguez, que acabaron condenados cada uno de ellos a 109 años de cárcel.
Y ocurrió así y no de otra manera porque, que aquel entonces, la fiscalía de la Audiencia Nacional estaba bajo el control de José Aranda y sus subordinados se encontraban, según las informaciones publicadas, mediatizados y teledirigidos desde el ministerio del Interior.
Aunque no comparto las motivaciones espúreas y los deseos de revancha y venganza que llevaron a los dos promotores de este macroproceso, Pedro J. Ramírez y Baltasar Garzón, a sentar en el banquillo a la cúpula de Interior, el objetivo que se pretendía con la acción popular ─ que ningún crimen quede sin castigo por desidia o presiones del Gobierno sobre fiscales o jueces ─ afortunadamente se cumplió.
Porque este y no otro fue el propósito que animó a los siete padres de la patria que elaboraron la constitución de 1978 al incorporar a su texto un artículo que permitía ejercer a los ciudadanos el derecho a participar en la Administración de Justicia mediante la acción popular en los delitos públicos que afectaran a los intereses generales con el fin de velar por la estricta aplicación del imperio de la Ley, según la enmienda presentada por el diputado del PSP Raúl Morodo.
Desde entonces y hasta la fecha, en los 32 años de aplicación de este principio jurídico ha ofrecido más resultados positivos que negativos y más satisfacciones que agravios a los ciudadanos. Numerosos sumarios de corrupción o terrorismo de Estado, en los que aparecían implicados personajes políticos, en su mayoría relacionados con el PSOE, han podido salir adelante debido a la acción popular que aparece descrita así en el artículo 125 de la Carta Marga: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales».
La norma encaminada a perfeccionar y ofrecer un plus de garantías en la aplicación de la Justicia, sin embargo, se ha revelado no ser todo lo perfecta que buscaban los ponentes de nuestra Constitución. En primer lugar, esta figura jurídica ha permitido que un importante número de terroristas sudamericanos del Frente Farabundo Martí, Ejercito Republicano del Pueblo, Montoneros, Tupamaros, Movimiento de Izquierda Republicana, Patria y Libertad y otros, que provocaron levantamientos del ejército en sus respectivos países, se hayan presentado en la Audiencia Nacional asumiendo en papel de víctimas para vengarse de las juntas militares y las dictaduras que ellos mismos contribuyeron a crear con sus indiscriminadas masacres de militares y elementos civiles.
SON TANTAS LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS QUE SI LOS CIUDADANOS EJERCEN SU DERECHO CONSTITUCIONAL A CONVERTIRSE EN ACUSADORES, JUNTO AL FISCAL, MUCHO DE ELLOS PUEDAN ACABAR ENTRE REJAS
En segundo lugar, ha propiciado que determinados empresarios desaprensivos y desilusionados con el sistema judicial vigente como José María Ruiz Mateos o Rafael Pérez Escolar, por poner sólo dos ejemplos, hayan hecho un uso abusivo de esta figura jurídica con el fin de sentar en el banquillo al Gobierno socialista por la expropiación de Rumasa o para exigir cuentas al Banco de España, al ministerio de Economía y Hacienda y al banquero Emilio Botín por la expropiación y reprivatización de Banesto. En un claro atropello a las leyes, Pérez Escolar, ya fallecido, llegó a interponer hasta 32 querellas contra el presidente del Banco de Santander sin que el Consejo General del Poder Judicial a través de los órganos judiciales competentes le abriera un proceso o le llamara al orden por fraude de Ley, mala fe procesal y abuso de derecho rechazando ad limine las querellas, que hubiera sido lo correcto.
También el texto constitucional, recogido en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha facilitado que determinados «cazadores de fortunas ajenas» se hayan aprovechado de la acción popular y la hayan instrumentalizado por medio de abogados y asociaciones afines para llenarse los bolsillos a costa de la fama y la honra de empresarios de éxito como César Alierta, Emilio Botín, Los Albertos, Manuel de la Concha, Mariano Rubio y otros muchos a los que pretendían extorsionar con el fin de librarles del penoso trance de que se sentaran en el banquillo.
El detonante que sacó a relucir esta deleznable practica judicial fue precisamente el sumario que se seguía en la Audiencia Nacional contra el Banco de Santander y Emilio Botín por el caso de las «primas únicas», alargado artificialmente durante casi 15 años cuando el mismo delito cometido por el BBV no llegó siquiera a los tribunales y el de La Caixa se cerró a los pocos meses.
«Primero apareció Ruiz Mateos como acusación popular, hubo algún tipo de arreglo o lo que fuera y se retiró. Siete años después, cuando el sumario estaba instruido, se presenta la llamada Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes y, por último, el partido Iniciativa per Catalunya», me contó un día el fiscal Eduardo Fungairiño. Y añadió: «Aquello tenía todo el tufillo de que diversos grupos de especuladores y aprovechados de las desgracias ajenas se iban turnando, pasándose el testigo de uno a otro, para extorsionar sistemáticamente al presidente del Banco de Santander y no para buscar el ejercicio legítimo de la Justicia. Así se lo plantee a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un escrito de diez folios que, en este caso concreto, habida cuenta de que el fin de que se pretendía era aprovecharse de los tribunales para obtener una jugosa «prima única», se impidiera que la acusación particular por si sola no se considerara suficientemente legitimada para promover la apertura del juicio oral. Era la única forma de cortar aquella especie de chantaje».
Y así ocurrió. En 2007 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba la apertura de juicio oral en la causa que se seguía contra Botín por delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública, al considerar que había razones oscuras detrás de la acción popular y el 17 de diciembre del mismo año el Tribunal Supremo casaba la sentencia, dando por buena la interpretación que había hecho la Audiencia Nacional del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -LECrim-, que regula esta figura jurídica.
De esta manera, la acción popular, vigente en España desde hace 125 años, habiendo superado todo tipo de regímenes, incluidas las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, que permite a cualquier ciudadano personarse como acusador en cualquier procedimiento judicial, sea perjudicado o no, siempre que sus intereses se encaminaran a la defensa del bien común y del interés general, parecía haber sido tocada de muerte.
TANTO AL PSOE COMO AL GOBIERNO LES INTERESA CONVERTIR ESTE INSTRUMENTO JURIDICO EN UNA ESPECIE DE CONVIDADO DE PIEDRA AL SER LOS FISCALES BASTANTE MÁS MANEJABLES Y OBLEDIENTES
Porque los enemigos de que cualquier ciudadano, al margen de su situación económica, raza, color o posición social pueden ejercer el derecho a una Justicia justa se apoyaron en la «doctrina Fungairiño» para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente en el «Caso Atucha» [José María Atucha, Gorka Knörr y Conchi Bilbao se negaron a disolver a Batasuna del Parlamento vasco cumpliendo una sentencia del Supremo], hasta más recientemente en las tres causas que tiene abiertas el juez presuntamente prevaricador Baltazar Garzón en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al retirar el fiscal la acusación y no existir acusación particular por no sentirse nadie perjudicado.
Todo lo cual constituye un serio peligro para el sistema democrático y el funcionamiento de una justicia libre, independiente y sin cortapisas como ha quedado demostrado tras la llegada de Rodríguez Zapatero al poder. El cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al que siguió la salida de la carrera de los fiscales como Enrique Molina, Ignacio Gordillo y otros, por no someterse a los dictados del Gobierno en sus planes de negociación con ETA ha permitido el excarcelamiento de numerosos etarras, entre ellos el sanguinario miembro del Comando Madrid Ignacio de Juana Chaos, al no existir una acción popular que pudiera oponerse a las maniobras del gobierno.
«La única manera de contrapesar la «permeabilidad del Ministerio Fiscal a las sugestiones» del Poder Ejecutivo reside en atribuir a la acción popular también funciones acusadoras y no restringir su papel», escribió en 2007, con motivo de la sentencia sobre Botín el magistrado del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, tesis sostenida por otros cuatro magistrados de la Sala II, Julián Sánchez Melgar, Joaquín Delgado, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.
Lo más sospechoso y alarmante del intento de recortar y encorsetar la acción popular, como pretende el ministro Caamaño, es que sea precisamente en PSOE, el partido que más insistió en la implantación de esta figura jurídica en la Constitución por medio de algunos de sus abogados como Pablo Castellanos o Gregorio Peces Barba, el que esté empeñados ahora en acabar con el derecho de cualquier ciudadano a personarse como acusador, con el pretexto de que se trata de una «norma que no tiene precedentes en el ordenamiento jurídico comparado».
De hecho, antes de que él iniciara la «cruzada judicial» para acabar con esta norma, otros altos cargos del Gobierno socialista, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se han pronunciado en el mismo sentido.
Por eso, dado que nos siempre las mismas personas, los mismos responsables del mismo partido político, el PSOE, en que pide la supresión o la regulación de la acción popular para vaciarla de contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es precisamente por lo que hay que oponerse frontalmente a los planes del Gobierno.
Porque parece claro que la iniciativa de Francisco Caamaño no parece estar llena de buenas intenciones sino todo lo contrario. En este sentido, no deja de ser significativo que en más del 80 por ciento de los casos en que los ciudadanos han ejercido un papel similar al del ministerio público o las acusaciones particulares en los procesos criminales, quienes se han visto implicados ha sido políticos del PNV y CiU pero fundamentalmente de la formación política creada por Pablo Iglesias. Y que en la mayoría de los casos los responsables de los delitos hayan resultado condenados.
De dónde sólo cabe deducir que lo que buscan los quienes pretenden subvertir las normas procesales no es hacer un servicio a la sociedad ni al interés general. Lo que pretenden es consagrar el reino de la impunidad, de la injusticia y campar por sus respetos vulnerando cuantas leyes haga falta en beneficio de ellos mismos.
Con un José Luis Rodríguez Zapatero dispuesto a burlar y alterar las sentencias del Tribunal Constitucional para ayudar a sus amigos catalanes; con un sector del PSOE vasco negociando con ETA cuestiones que afectan a la unidad y a la integridad de España como nación; con un Gobierno vulnerando en Código Penal y pagando rescates que cualquier día pueden acabar en bombas de Al Qaeda en Madrid (y en una querella criminal en su contra), caso el «bar Faisán» pendiente de investigación, con el caso José Bono ni siquiera administro a trámite y otras muchas tropelías más pendientes de enjuiciamiento no es de extrañar que el PSOE trate de dejarlo todo atado y bien atado antes de abandonar el poder. Porque, además de ellos, su socios catalanes son responsables de decenas de leyes inconstitucionales, como la obligatoriedad del uso del catalán en las escuelas, la imposición en los centros comerciales y otras muchas barbaridades que cualquier día pueden acabar ante los tribunales.
Por eso a José Luis Rodríguez Zapatero y a Francisco Caamaño les interesa convertir la acción popular en un mero convidado de piedra, de modo y manera que nadie pueda exigirle que rindan cuenta de sus numerosas fechorías cometidas o a punto de perpetrarse, según ellos mismos han anunciado sin el menor pudor.
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