EL FRACASO DE LA HUELGA GENERAL CIMIENTA AÚN MÁS LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA PARA DERROTAR A MARIANO RAJOY EN LAS PROXIMAS ELECCIONES

Durante periodo de la Restauración, finales del siglo XIX y comienzos del XX, la política era un asunto sucio y turbio en manos de caciques provinciales, los terratenientes y las oligarquías industriales que se apropiaban de las instituciones comprando los votos.

En 1918, por ejemplo, Ramón de la Sota Llano, nacionalista y el constructor naval y empresario naviero más importante de Vizcaya, decidió colocar a sus empleados en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Echo mano a la cartera, adquirió a pie de urna decenas de miles de votos de los mineros y trabajadores siderúrgicos, mandó a sus piquetes a secuestrar a varios presidentes de mesa electorales contrarios a sus intereses, y ganó por goleada. En los siguientes comicios, en 1919, los «la aristocracia metalúrgica», los dueños de las minas de hierro y los altos hornos de la provincia, contrarios a sus intereses, se unieron en la Liga de Acción Monárquica y le devolvieron la jugada: pagaron hasta 50 pesetas el voto y recuperaron las actas de diputado para los suyos.

En este contexto, la izquierda apenas tenía posibilidad de llevar a su gente al Congreso y de alcanzar el poder. Sin sufragio universal pleno (las mujeres comenzaron a tener derecho al voto en 1931), los obreros y demás asalariados preferían votar al patrón que les daba de comer, les retribuía espléndidamente el voto, que a sus dirigentes políticos naturales.

Al igual que la Inglaterra de la época de la revolución industrial, los sindicatos se constituyeron en el único instrumento para mejorar las precarias condiciones de vida de los trabajadores, reducidos poco menos que a la condición de esclavos, obligados en las zonas industriales a vivir en barracones inmundos, a trabajar de sol a sol, a comprar alimentos caducados o podridos en las cantinas o comercios de los patrones, quienes para exprimirlos aún un poco más le pagaban con vales.

La lucha para conquistar unas condiciones de vida dignas fue tremendamente desigual. Sin estar plenamente reconocido el derecho a la huelga, con las organizaciones obreras simplemente toleradas, sus actividades se perseguían permanentemente, sus manifestaciones se disolvían, y cuando acudían a la huelga, el ejército les disolvía a caballo sable en mano, y algunos de sus líderes pasaban más tiempo en la cárcel que en sus puestos de trabajo.

El sindicalismo constituía por entonces el gran enemigo a batir. La mayoría de sus dirigentes venían en las reivindicaciones salariales y la mejora de las condiciones laborales el instrumento mediante el cual concienciar a la clase obrera para cuando se dieran las condiciones objetivas de la toma definitiva del poder con la huelga general revolucionaria, que conduciría a la destrucción de la sociedad capitalista, a la implantación de la sociedad sin clases y, por último al paraíso comunista, la dictadura del proletariado.

Sus métodos, inspirados en la revolución de octubre, no eran por otra parte nada democráticos. Los lideres obreros movilizaban, por ejemplo, a los pueblos y cuencas de la margen izquierda del Nervión ─ la provincia más industrializada de España─ cortando el telégrafo, volando los transformadores de energía eléctrica, dinamitando puentes, vías férreas, atacando los puestos de la guardia civil, abriéndose paso por las calles con cartuchos de dinamita de las minas y con los piquetes que iban arrasando todo lo que encontraban a su paso.

Nació así el sindicalismo abnegado y heroico, aunque utópico en su meta final, del primer cuarto del siglo XX cuyos líderes Facundo Perezaguas, Ramón Lamoneda, Tomás Meabe, Andrés Saborit, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y otros, entregados en cuerpo y alma a la causa del proletariado, auténticos mártires de la causa de los desfavorecidos, lograron reducir la jornada laboral a las ocho horas, la escolarización de sus hijos y la creación de dispensarios para tratar a los accidentados en las cuencas mineras y en las cercanías de los altos hornos y siderurgias.

TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LA DEMOCRACIA LOS SINDICATOS ABANDONARON SUS PROYECTOS REVOLUCIONARIOS PARA COOPERAR CON EL CAPITALISMO PERO NO SE DESPRENDIERON DE SUS METODOS COACTIVOS

Tras la implantación de la democracia en España con la Constitución de 1978, todos los partidos políticos renunciaron a alcanzar sus objetivos mediante la coacción y la violencia; renunciaron salvo el PNV (al que ha habido que maniatar con la Ley de Partidos) a tener a su servicio organizaciones paramilitares, a disponer de grupos de pistoleros o fuerzas de choque para imponer sus ideas, como ocurría en la II República. Los votos dejaron de ser una mercancía al servicio del mejor postor, los censos electorales comenzaron a ser fiables, los muertos dejaron de votar en contra de lo que ocurría a comienzos de siglo, y un cierto grado de tolerancia y el fair play se impuso en la política.

Los viejos sindicatos revolucionarios también se amoldaron a los tiempos. En un mundo de la abundancia y el Estado del Bienestar, donde no había obreros que salvar, no tuvieron más remedio que renunciar a una de sus metas históricas. Y para sobrevivir en una sociedad desproletarizada y satisfecha se convirtieron en los co-gestores y administradores del capitalismo, en agentes sociales intermediarios entre el Gobierno y los empresarios para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema, al estilo de las organizaciones obreras nórdicas.

En lugar de organizar huelgas, se convirtieron en fuerzas contrarrevolucionarias, dispuestas a frenar a los obreros demasiado reivindicativos, a impedir la aparición de sindicatos de agitadores políticos, a impedir los «estallidos sociales» de épocas pretéritas a cambio de conservar sus privilegiadas posiciones en consejos de administración de cajas de ahorros, empresas públicas y un sin fin más de ventajas.

Convertidos en instrumentos parásitos e improductivos del sistema, montaron una estructura de poder burocratizada y antidemocrática, con decenas de miles de liberados encargados de imponer la «paz social» en las empresas a cambio de participar ellos mismos del festín. Pasaron a formar parte así de la casta de los privilegiados, sin representación alguna, con lo que la época de salir a la calle y enfrentarse al Gobierno para acabar con los cinco millones de parados ha pasado a la historia.

Pero, de cuando en cuando, CC.OO. y UGT tienen que escenificar la vieja farsa de sus años gloriosos para simular que están al lado de los trabajadores, aunque ya no engañan a casi nadie. Y como es el único grupo social no reciclado para actuar en democracia cuando vuelven a las andadas lo hacen siempre recurriendo a sus viejos métodos de lucha. Aunque han sustituido la dinamita con la que anunciaban sus algaradas por la silicona y el pegamento, sus armas siguen siendo la coacción, el chantaje, las amenazas, la rotura de las lunas de los escaparates y la violencia en todas y cada una de sus manifestaciones a cargo de los «piquetes informativos».

ZAPATERO HA IMPUESTO UNA NUEVA ESTRATEGIA A CC.OO. Y UGT. OLVIDARSE DE LOS PROBLEMAS REALES DEL PAÍS Y FORMAR EL «PACTO DE HIERRO» DE LA IZQUIERDA PARA IMPEDIR LA LLEGADA DEL PP A LA MONCLOA

La manifestación del 29 de septiembre de 2010 ha revelado un nuevo cambio de estrategia, de planteamiento, por otro radicalmente opuesto al que defendía hace apenas 30 años Nicolás Redondo Urbieta. Al igual que los sindicatos franquistas, tras la caída del socialismo real en 1989, se han olvidado de su «revolución» y ahora lo han hecho incluso de los obreros para consagrarse en cuerpo y alma a apoyar descaradamente a los gobiernos de izquierda, por muy mal que lo estén haciendo, por muchos parados que existan, aunque la competitividad de las empresas españolas haya caído hasta el puesto 42 de los países industrializados (19 puntos en la etapa de Rodríguez Zapatero) y a pese a que el rating de las agencias de calificación sobre la deuda soberana del Reino de España se encuentre cada vez peor.

Porque la verdadera meta de CC.OO. y UGT en esta década no es otra que la de apuntalar en el mundo laboral y en de las empresas la unidad de la izquierda y seguir viviendo a cuerpo de Rey del pesebre socialista, de los Presupuestos Generales del Estado, como lo han venido haciendo en los últimos seis años, coparticipando en la elaboración de políticas erróneas e ineficaces para salir la de crisis y siendo corresponsables de la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo.

De ahí que, por su participación en la política del Ejecutivo, carecieran de la menor legitimidad para echarse a la calle a escenificar la pantomima de que le hacían una huelga general a algunas medidas propuestas por Rodríguez Zapatero, pretendiendo al mismo tiempo como buenos estómagos agradecidos salvar la cara de ese mismo Gobierno. Su descrédito es aún mayor al intentar frenar mediante el chantaje de la huelga general una reforma laboral impuesta por los países occidentales al Gobierno como medida de obligado cumplimiento para evitar la intervención de la economía española por la Unión Europea, por muy necesaria que sea la reforma para sentar las bases que permitan la salida del país de la crisis.

Aunque la Ley esta aprobada por el Parlamento y la voluntad popular no debería ser suplantada por la de grupos mafiosos y carentes de representatividad, trataron de imponer sin éxito una huelga general a sabiendas de que no van a conseguir nada, que todo es un juego de artificio, un esfuerzo inútil y tremendamente gravoso para la economía nacional, y que su único rédito era una falsa autoafirmación, salvar la cara y simular ante los ciudadanos que reprueban la política de gabinete socialista.

Fracasada su enfermiza obsesión de darle una patada a Zapatero en el trasero de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid quien, como liberal, encarna todos los males del capitalismo y de la derecha sin bien alguno, acabada la opera bufa que ha costado a los españoles cerca de 5.000 de euros y un retroceso de dos semestres en la recuperación económica del país, como si no hubiera pasado nada, pelillos a la mar, están a punto de regresar a La Moncloa a tomar te con pastas con el presidente del Gobierno, a recibir nuevas dádivas multimillonarias y mayores prebendas, que es el mejor bálsamo para cicatrizar posibles heridas, y recomponer la unidad de la izquierda frente al PP, lo único que de verdad les interesa.
Porque esa y no otra es la verdadera meta de unos y otros: cimentar al margen de cualquier diferencia circunstancial un «pacto de hierro» entre sindicatos y partidos de izquierda para derrotar a Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales.El rotundo fracaso de la algarada, ha incrementado el margen de acercamiento entre los dos grupos procedentes de la Internacional Comunista, aunque el gran trabajo de los sindicatos es ahora convencer a sus bases, que indignadas gritaban consignas en contra de Rodríguez Zapatero en las manifestaciones del 29 S, de que deben seguir confiando en el Partido Socialista que les ha llevado a la ruína y votar a su incapaz equipo dirigente en las próximas elecciones generales, tarea arduo difícil.
EL GRAN TRABAJO AHORA DE LOS SINDICATOS EN CONVENCER A SUS BASES, QUE SE MANIFESTABAN ABIERTAMENTE EN CONTRA DE ZAPATERO, DE QUE SIGAN VOTANDO AL PARTIDO SOCIALISTA
De ahí que los dirigentes de la formación política de la calle Génova debieran tomar nota y tener en cuenta que los líderes sindicales que tenemos, más cercanos a los mafiosos que controlaban el puerto de Nueva York a comienzos del siglo XX, según la película La Ley del Silencio de Elia Kazan y Marlon Brando, van a tratar de cortarle el paso al Gobierno en 2012 creando una especie de Frente Popular, como en 1936. Y, si llegan al poder, los va a tener en frente a partir de entonces. De ahí que una de las primeras medidas a arbitrar por los dirigentes populares debería ser la de regular la ley de huelga y llevar al Código Penal la existencia de piquetes coactivos.

En 1788, con motivo de la proclamación de la Constitución de Estados Unidos, Thomás Jefferson escribió: «Los dos enemigos del pueblo son la delincuencia común y el Gobierno, así que vamos a atar a los segundos con las cadenas de la Constitución tratando de evitar por todos los medios que [los políticos] no se conviertan en una versión legalizada de los primeros». A esa corta lista habría que añadir a los sindicatos, acostumbrados a moverse al margen de la Ley. Sus dirigentes necesitan también una rígida y clara «constitución», la regulación estricta de la Ley de huelga.

HUELGA GENERAL: LOS SINDICATOS PRETENDEN DAR UNA PATADA A ZAPATERO EN EL TRASERO DE ESPERANZA AGUIRRE

Mañana se celebrara en España la huelga general más absurda, estupida, ilegal y contraproducente para los intereses nacionales de cuantas han ocurrido en este país desde la instauración de la democracia.

A ritmo de tango, sin esforzarse demasiado en movilizar a las bases ni poner el más mínimo interés en explicar las razones por las que llevaban al país al borde del colapso, tres meses después de que el Gobierno decidiera recortar las pensiones, congelar el sueldo a los funcionarios y reestructurar el marco de relaciones laborales ajustando las indemnizaciones por despido a la del resto de los países occidentales, UGT y CC.OO. decidían lanzarse a la calle a protestar.

Hay que empezar por decir, sin embargo, que estos dos sindicatos ex marxistas que tienen la desvergüenza de definirse en sus programas como reivindicativos, de clase, unitarios, democráticos, independientes, participativos, de masas, de hombres y mujeres, sociopolíticos, internacionalistas, pluriétnicos y multiculturalistas, cuyo programa de máximos es la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición del socialismo real en 1989, no son ni la sombra de lo que eran.

Porque lo más lógico, en un país con cinco millones de parados [el 20 por ciento de la población trabajadora], es que el eje central de la algarada bullanguera se encaminara a forzar al Gobierno y a la patronal a crear las condiciones objetivas para crear empleo. Y, en segundo lugar, a oponerse a la política de José Luis Rodríguez Zapatero obligado por la Unión Europea y la sociedad globalizada y las naciones industrializadas a recortar decenas de derechos laborales adquiridos por los trabajadores tanto en el Estado de Bienestar (pensiones, ayudas familiares) como en las relaciones laborales contractuales.

Pero nada es así ni lejanamente se le parece. En lugar de anunciar la salida de toda la policía y hasta del Ejército a la calle a custodiar las instalaciones estratégicas y a detener y acabar con los piquetes terroristas sindicalistas, la huelga esta bendecida por el Gobierno que no ha dejado de hacer declaraciones a favor de los sindicatos en las dos últimas semanas. E incluso por La Zarzuela, por medio de la secretaria de la Casa Real, ha hecho público un comunicado anunciando la supresión de las actividades del Jefe del estado, lo que supone un espaldarazo indirecto a los revoltosos y a los atropelladores del derecho a trabajar.

Dada la afinidad de los sindicatos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las prebendas y subvenciones de todo tipo que éstos disfrutan y que permite a sus dirigentes hacer cruceros en barcos de lujo o celebrar sus comidas de trabajo en restaurantes de cinco tenedores, la huelga general de mañana tiene como enemigos al capitalismo que les da de comer, el liberalismo que tolera la existencia de una trama de parásitos seudosindicalistas en sus empresas, el maligno sistema financiero mundial, la malvada globalización, los Estados Unidos y su intervencionismo a escala planetaria, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que no nos hacen caso y se chupan el dinero de los obreros y otros muchos entes etéreos e inalcanzables para un grupo de dirigentes sindicales aburguesados, desertores del arado o de la fresadora y de la clase obrera, y ajenos a los problemas del país y a la grave crisis que se nos viene encima en los próximos cinco o diez años.

Pero, entre tanto, con el fin de que las movilizaciones triunfen y que se puedan sacar en las televisiones las imágenes de un país artificialmente parado y colapsado, como si se hubiera producido un bombardeo o jugara en Real Madrid contra el Barcelona, la principal perjudicada va a ser la comunidad de Madrid. Porque lo que los sindicalistas pretenden, de hecho, es dar una patada a José Luis Rodríguez Zapatero en el trasero de Esperanza Aguirre, la única presidenta de una autonomía donde menos se destruye empleo, donde uno de los jinetes del apocalipsis de la crisis, el hambre, ha hecho menos mella y en el que los niveles de bienestar siguen siendo bastante aceptables.

De ahí que la obsesión de CC.OO. y UGT no es que cierren las fábricas de Segovia, Soria o Teruel que en esas provincias apenas hay periodistas y cámaras de televisión. Su única meta es paralizar la capital de España impidiendo el derecho constitucional de los ciudadanos al trabajo mediante las coacciones, las amenazas, los pinchazos en las ruedas de los transportes públicos, la silicona y interrupción absoluta e incluso inutilización si fuera necesario de todos los medios de transporte públicos y privados.

Madrid, una ciudad de seis millones de habitantes, con un gran cinturón industrial en el sur y un hinterland en los municipios del norte de la capital, cuyos habitantes acuden a trabajar en la ciudad en su mayoría, depende del transporte como ninguna otra ciudad española. Todos los días más de un millón de sus habitantes tiene que desplazarse utilizando dos o tres autobuses, uno o dos trenes de cercanías o varias líneas de metro para llegar desde sus casas a la oficina o a la fábrica, actividad en la que muchas personas emplean entre una y dos horas de ida y otras tantas de vuelta.

Por las distancias a recorrer, la complejidad de sus comunicaciones y el tiempo invertido, los servicios mínimos de la capital de España no pueden ser los mismos que Zaragoza, Sevilla o Guadalajara, por poner tres ejemplos. Por eso, la Comunidad de Madrid trató de negociar unas normas acordes para respetar y garantizar el derecho al trabajo, el respeto a la huelga pero también a trabajar quien lo desee, que es anterior y superior a cualquier algarada laboral, que constituye una anormalidad transitoria y pasajera en la vida de un país.

EN PLENO SIGLO XXI UN SUPUESTO SINDICALISMO DE CLASE, FALSAMENTE DEMOCRÁTICO, CON MÉTODOS DE COACCIÓN MAFIOSOS, QUE SE DECLARA ENEMIGO DEL CAPITALISMO EN CUYO FESTÍN PARTICIPA, ES UNA RÉMORA DEL PASADO, UN CÁNCER MÁS DE LA SOCIEDAD QUE HAY QUE EXTIRPAR DEL CUERPO SOCIAL

Los representantes laborales, sin embargo, se acogieron a los pactos sucritos con el ministro de Fomento y Transportes, José Blanco, y no dieron su brazo a torcer. El hecho de que en el día de mañana la economía nacional pierda 20.000 millones de pesetas por el paro de las empresas, el cierre de la banca, los comercios, gasolineras, bares, restaurantes y cinturones industriales y la posibilidad cierta de que algunas empresas asfixiadas por la crisis tengan que echar definitivamente el cierre o no pagar la nómina a fin de mes no parece importarles nada en absoluto. Ellos y las decenas de miles de liberados que tienen instalados en la Administración y en las empresas públicas y privadas de brazos cruzados tienen y tendrán asegurada la sopa boba de por vida, tanto con el PP como con el PSOE, que en eso si que son hábiles negociadores.

Lo relevante para estos sindicatos que no representan a más del ochenta por ciento de los trabajadores es amedrentar a la población, incluidos niños y ancianos, para hacer un aparente acto de fuerza y demostrar capacidad de convocatoria y una legitimidad de la que carecen. Y tratar igualmente de que el Gobierno de la nación, con el que están a partir un piñón, pueda salvar la cara y que si alguien resulta perjudicado, si alguien tiene que pagar los platos rotos, esos sean el Partido Popular y, más en concreto, de Comunidad de Madrid. Precisamente los únicas entidades políticas que se han opuesto desde hace algo más de dos años al enorme fregado económico en que nos ha metido José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero así son las cosas en el reino de la mentira y del engaño permanente, del fingimiento y de la falsedad en que se ha convertido este país en los seis últimos años, con un presidente que carece igualmente de legitimidad, de credibilidad en la Unión Europea y el todos los organismos internacionales, y que ha llevado a España a la mayor quiebra desde la Guerra Civil y a muchas familias a la ruina con la misma celeridad que daba papeles a centenares de miles de inmigrantes ilegales innecesarios, vivía instalado en el boato y el coche oficial y dilapidada el dinero de las arcas públicas para entregárselo a ONG’s, mercachifles del cine, sindicatos, autonomías manirrotas, dictaduras comunistas y a decenas de miles de gorrones y oportunistas sociales para mantener una red clientelar en el interior y en el exterior, al tiempo que la economía productiva se hundía y crecía uno o dos puntos la actividad empresarial sumergida.

Esta huelga, por lo tanto, no va a arreglar ninguno de los problemas reales del país descritos anteriormente sino que, por el contrario, incrementará aún más el déficit, el paro, el endeudamiento familiar, empresarial y del Estado, la competitividad en el exterior, la balanza comercial y de pagos y la imagen de España fuera de las fronteras.

Sus consecuencias, sin duda, se verán antes de que acabe el año: menos exportaciones, más impuestos y nuevas medidas de austeridad para todo el mundo salvo para Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez y su cuadrilla de bien retribuidos mangantes a quienes la sociedad, de una u otra manera, tiene que eliminar quirúrgicamente y sin anestesia y enviar a los libros de historia. Porque en una sociedad como la actual donde todo el mundo sabe leer y escribir, conoce sus derechos políticos y laborales en contra de lo que ocurría a finales del siglo XIX y comienzos del XX, este supuesto sindicalismo de clase, falsamente democrático, con métodos de coacción netamente mafiosos, que se declara enemigo del capitalismo en cuyo festín participa, es una rémora del pasado, un cáncer más de la sociedad que hay que extirpar del cuerpo social aplicando después la suficiente quimioterapia para que las células enfermas de la sociedad no se vuelvan a reproducir y a crear nuevas metástasis. Lo mismo que ocurre con las pulgas, las ladillas y otros molestos insectos , que solo sirven para tocar los c... y chupar la sangre, a los que la civilización se ha encargado de poner fin.

EL DIRECTOR DE EL MUNDO PROPUSO A AMEDO QUE IMPLICARA A CORCUERA EN LOS GAL AUNQUE NO HUBIERA PRUEBAS

SEGÚN EL EX COMISARIO, EL IMPOLUTO PERIODISTA LE HIZO

LA OFERTA EN UN RESTAURANTE EN PRESENCIA DE SU MUJER «Y DE ELLO HAY GRABACIONES»

Pedro J. Ramírez, el único director de periódico español que en su etapa de director de Diario 16 hizo la apología del terrorismo de Estado y apoyó a capa y espada la guerra sucia en la etapa de los GAL vuelve hoy a la carga en un nuevo intento de impedir que la «vieja guardia» socialista defenestrada por Rodríguez Zapatero recupere parte del poder perdido y en un nuevo intento de ocultar sus «vergüenzas periodísticas».

«El PSOE pagó 35 millones a [José] Amedo para que cambiara su declaración», titula a cuatro columnas en portada de El Mundo. Y agrega a continuación: «José María Benegas, entonces ‘número 3’ socialista, entregó el dinero tal y como prueban conversaciones grabadas a su intermediario Joaquín Abascal. Entre octubre del 95 y febrero del 96 se produjeron cuatro pagos cerca de la sede de Ferraz como anticipo de los 600millones ofrecidos al ex policía de los GAL. «Cambias tu declaración, te cargas a Garzón y Pedro J., te damos el indulto y te resolvemos la vida», le dijo Benegas a Amedo en Villanueva de la Cañada».

Con esta «información», publicada 24 años después de la desaparición de los GAL, el aprendiz de brujo de la prensa Española, situándose por encima de las instituciones de los partidos, convertido así mismo en el «maquiavelo» de la política aunque nunca ha ejercido cargo alguno, pretende inclinar la balanza a favor de Trinidad Jiménez y en «Nuevo Socialismo» y acabar que la candidatura de Tomás Jiménez se estrelle en los próximas primarias a celebrar esta semana.

El seudoperiodista cuyo empeño principal desde que llegó a la dirección de Diario 16 es cambiar el solito la historia de España ha entrado en lisa en esta «batalla particular» de los socialistas debido a las rencillas personales y deseos de venganza contra Felipe González y su equipo, al que intentó sentar dos veces, con la ayuda del juez Baltasar Garzón en el banquillo en 1997 por llevar supuestamente la guerra sucia a ETA cuando los terroristas amenazaron con aniquilar «uno a uno» a todos los dirigentes del PSOE vasco, tal y como habían hecho en 1980 con la UCD, organización a la que descabezaron al asesinar en un mes a tres miembros de su ejecutiva (José Ignacio Ustarán, Jaime Arrese Arizmendiarrieta y Juan de Dios Doval Mateo) haciendo huir al resto fuera de las provincias vascas.

AUNQUE NO SE HABLA DE DINERO VARIAS VECES SE HACE REFERENCIA A LAS COMPENSACIONES POR IMPUTAR AL EX MINISTRO DEL INTERIOR EN DELITOS NO COMETIDOS

Mientras atribuye al dirigente del PSOE José María Benegas tratar de comprar la voluntad de José Amedo, lo que el plumilla oculta es que en 1995 el trató de hacer lo mismo y tratar de que el subcomisario de Bilbao imputara al ex ministro José Luis Corcuera en la trama antiterrorista, según relata el ex policía en su libro La Conspiración información de la que dice también tener cintas y que no ha sido desmentida en momento alguno por Ramírez Codina. Afirma José Amedo Fouce:

En una ocasión [Pedro J. Ramírez] se empeñó en invitarme a comer, pero no a mi solo, necesariamente tenía que ser en compañía de mi mujer. Alegó que tenía interés en conocerla y tratarla, sin más. […] Me pudo la curiosidad y acepté. ¡Que casualidad! Nos citó en el mismo restaurante en el que pocos meses antes se había reunido con el Príncipe [Baltasar Garzón] para planificar estrategias con respecto a cómo romper mi silencio.

A la hora señalada accedimos a un comedor privado de grandes dimensiones del [restaurante] Príncipe y Serrano, donde el nos esperaba sonriente y expresivo.

Para nosotros la selección de las viandas carecía de importancia. Él se decantó por un pescado como plato principal. Se le veía entusiasmado por el desarrollo de los acontecimientos, que mezclaba con insistencia con José [María Aznar], Paco [Álvarez Cascos], Felipe González [José] Barrionuevo y, ¡como no!, [José Luis] Corcuera, que en definitiva iba a ser el motivo de aquella comida.

Deslizándose hacia mi mujer, se aproximó cautelosamente hacia su objetivo de conversación. Era lógica su postura, acababa de conocerla y tomaba sus precauciones con el fin de no resultar impertinente de entrada.

─ Pienso que hubiese sido conveniente el encausamiento de Corcuera en este proceso. Al no haber tenido participación en la creación de los GAL por cuestión de fechas, no aguantaría la presión de la privación de libertad.

Inicialmente mi mujer y antes de que acabase, le dijo:

─ Este es un problema que a mi no me afecta. Me traen sin cuidado los intereses de otras personas.

─ Pero a tu marido si le afecta. Él tiene garantías en todo esto que también te repercutirán a ti. Cuando lleguen éstos al poder, os va a cambiar la vida.

─ Yo no quiero saber nada, son asuntos que me sobrepasan y no quiero perjudicar a nadie gratuitamente.

─ ¿Cómo gratuitamente? Se podría arreglar.

─ No me refiero a compensaciones económicas. Quiero decir que no pienso volver a declarar sobre este asunto nunca. Mi marido sabe defenderse solo. Yo desconozco todo lo que él ha vivido.

─ Pepe, ¿Tu qué piensas? ¿No crees que sería lo más adecuado? Le daría más fuerza al asunto con el gordo [Corcuera] dentro. Un ex ministro de Felipe en prisión, porque todavía no es la hora de Barrionuevo, esta aforado.

Intervine yo de forma tajante:

─ A ella hay que dejarla fuera ya. Esta historia no le concierne y no quiere joder a Corcuera bajo ningún concepto. Ha declarado totalmente presionada en varias ocasiones y se acabó.

─ Estoy seguro de que Corcuera, en alguna ocasión, le habló de fondos reservados, aunque solo fuese eso.

─ Este capitulo lo doy por zanjado. No quiero saber nada de ti, ni donde tú amigo el juez. Ya tenéis con quién ensañaros, a mi marido lo tenéis bien enganchado.

─Pedro este capitulo esta cerrado ─ insiste Amedo─ Lo de ella se acabó. […] A las malas tengo elementos muy esclarecedores para joderos a todos, aunque a mi me machaquen. Puedes estar seguro de lo que digo.

[A Pedro J. Ramírez] se le cambió la cara totalmente y con una exquisita cortesía dijo:

─ Bueno, no dramaticemos, aquí sólo tiene que salir jodido Felipe González. Tú piensa en lo que se te ha prometido y adelante.

[…]

Pensé que, en el fondo, además de ser un trepa, un lameculos del poder, era un miserable cobarde que sostenía su imagen sobre pedestales ficticios. […] Durante los próximos meses se siguió con la misma tónica de declaraciones, encuentros diseñados, sin que el Príncipe tuviese interés en que se tocase a fondo a Barrionuevo porque el procedimiento pasaba al Tribunal Supremo, cosa que no les interesaba.

EN 1983 ESCRIBIO QUE A BARRIONUEVO «NO HABRÍA QUE CESARLE POR ESTAR CONSISTIENDO ACCIONES IRREGULARES EN EL SUR DE FRANCIA, SINO POR COSECHAR TAN POCOS ÉXITOS, A PESAR DE LA INFINITA BUENA VOLUNTAD CON LA QUE EJERCE EL CARGO». EN 1995 LO APUÑALÓ Y METIO EN LA CÁRCEL

Este es el texto de José Amedo que aparece en su libro La Conspiración, en el que se narra la encerrona que el honesto reportero pretendía tenderle a Corcuera probablemente por venganzas personales y que, según él, tiene grabado, al igual que el texto que hoy publica El Mundo. De su contenido puede deducirse que el seudoinformador le ofrece dinero o algún tipo de recompensa en varias ocasiones aunque no se habla de cantidad alguna.

Lo que poca gente se pregunta es que hace un periodista metido a conspirador con tal de derrocar un Gobierno legalmente constituido, al estilo de las conjuras del siglo XIX, cuando él y precisamente fue el único director de periódico que participó desde las páginas del periódico en alentar, apoyar e incluso incitar el terrorismo de Estado en el Sur de Francia.

PEDRO J. RAMÍREZ, EL IDEÓLOGO DE LOS GAL, REPROCHA A BARRIONUEVO, CORCUERA Y RODRIGUEZ IBARRA QUE APOYEN LA CANDIDATURA DE TOMAS GÓMEZ EN MADRID

Bajo una foto en la que se ve a José Barrionuevo saludando al candidato del PSOE al gobierno de la Comunidad de Madrid, el diario El Mundo titula hoy sábado 25 de septiembre en portada: «El PSOE del GAL se vuelva en apoyo de Tomás Gómez.- Barrionuevo, condenado por secuestro, se suma al respaldo público que le han prestado [José Luis] Corcuera y [Juan Carlos] Rodríguez Ibarra». Y agrega:

Tomás Gómez se ha enfrentado a Zapatero y ayer se encontró con el apoyo de la vieja guardia socialista, que se ha sentido muchas veces menospreciada por el presidente del Gobierno. El PSOE de los GAL, con el que soltó amarras el jefe del Ejecutivo, y miembros de la dirección de la FSM de los años 80 arroparon ayer en un acto público al secretario general de los socialistas madrileños, que quiere ser candidato en las elecciones autonómicas en contra de Zapatero y de la dirección federal del partido. En ayuda de Gómez acudió ayer el ex ministro del Interior José Barrionuevo, que fue condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey».

Acusar al ex ministro de Interior José Luis Corcuera, que ocupó la cartera cuando los Grupos Antiterroristas de Liberación y a Rodríguez Ibarra, presidente de la Comunidad de Extremadura, donde que se sepa no se preparó ninguna de las acciones contraterroristas cometidas en Francia, de ser miembros de los GAL es una temeridad propia de un periodista corroído por el odio y sin escrúpulos ni deontología profesional.

Con ser todo ello una pura patraña, lo más lamentable de este individuo que se intitula periodista es su enfermiza obsesión por ocultar su pasado y acusar a los demás de sus faltas, arrojando basura sobre determinados políticos socialistas para ocultar sus felonías.

Porque lo único cierto y verdadero, porque está escrito, es que fue él precisamente y ningún otro director de periódico ni informador cualificado abogó por la implantación del terrorismo de Estado desde las páginas de Diario16, periódico que dirigía entonces. Se convirtió así sin duda alguna en el auténtico valedor intelectual y en ideólogo oficioso de la guerra sucia, actividad clandestina que defendió a capa y espada mientras los GAL asesinaban en Francia.

Demostrando sus miserias morales y su falta de escrúpulos, en lugar de mantener su coherencia profesional de defensor del terrorismo de Estado, años más tarde utilizó esta «etapa negra» en la lucha antiterrorista, en la que tomó parte como propagandista, para vengarse de Felipe González por haberle puesto una querella criminal después de que El Mundo acusara sin pruebas al Gobierno de prevaricar en el caso Juan Guerra.

En mi libro Pedro J. Ramírez al desnudo tengo publicados casi un centenar de editoriales, escritos siempre por el director, y de comentarios suscritos por el susodicho Ramírez que revelan la catadura intelectual y moral del susodicho personaje. Voy sólo a reproducir algunos:

• Vivimos inmersos en una auténtica guerra que no ofrece otra alternativa sino la de destruir o ser destruidos. No se trata de una guerra convencional sino de una guerra psicológica. […] El desenlace de esta contienda depende de que el Ejército tome conciencia de que está siendo utilizado por un enemigo inteligente y de que sea capaz de instrumentalizar una respuesta adecuada con la misma frialdad y el mismo cálculo. Medios no le faltan para ello. La dificultad a la hora de dar operatividad podría estribar en la actitud pusilánime y poco comprometida que caracteriza a una Administración obsesionada con no cometer ninguna equivocación que pueda poner en peligro su propia perdurabilidad [Incitación al Ejército a dar un golpe de Estado, ABC, mayo de 1979]

• A las bestias se las encierra tras los barrotes más gruesos que existan en la aldea. Para ello primero se les caza mediante todo tipo de tretas. Y si en la aventura muere alguna, mala suerte (o buena suerte). […] La muerte de ETA es nuestra vida. La serpiente que en forma de muchacha disparó contra [el teniente coronel] Romeo no debe tener oportunidad de repetir fortuna. [12 de marzo de 1984]

• El lenguaje es incapaz de expresar la ira, el asco y la repulsión que cualquier persona bien nacida siente hacia esa infernal fauna que ha puesto en marcha tan alucinante espiral de sangre y fuego. La ley del ojo por ojo y del diente por diente se entremezcla aquí y ahora en la verde tierra de los vascos con las demoníacas agriculturas de estos sembradores de semillas del diablo, capaces de descerrajar el tibio vientre de una embarazada o las tiernas vísceras de un bebé [23 junio 1980].

• El asesinato de José María Ryan, ingeniero jefe de Lemóniz, demuestra que nada humano queda ya en las entrañas de ETA. La liquidación calculada de una vida inocente es el último aviso de que ETA es un peligro para la sociedad. […] Con estas fieras salvajes y coléricas ni se puede dialogar ni se puede convivir. Quienes todavía entienden o disculpan a los terroristas no saben lo que dicen ni saben el daño que hacen a la sociedad, y acaso a ellos mismos. Sólo un recurso cabe contra las fieras: cazarlos y apartarlos del mundo civilizado. No hay otra solución [9 febrero 1981].

• Ante los que han hecho del crimen todo un fin en sí mismo, no cabe más que una contundente acción represiva que conlleve la eliminación de su presencia en la calle y su exterminio físico si es preciso. No es tiempo de andarse con remilgos, a menos que anhelemos el estéril martirio en nombre de la democracia. […] Mucho se ha hablado estos días del divorcio entre el pueblo y el ejército, pero a la hora del dolor las distancias se reducen por encanto. Por la Constitución y por España, la ciudadanía y la milicia deben aunar esfuerzos hasta conseguir exterminar a las alimañas que pugnan por destruirnos [19 marzo 1981].

• A las bestias se las encierra tras los barrotes más gruesos que existan en la aldea. Para ello primero se les caza mediante todo tipo de tretas. Y si en la aventura muere alguna, mala suerte. (O buena suerte). La muerte de ETA es nuestra vida. La serpiente que en forma de muchacha disparó contra Romeo no debe tener oportunidad de repetir fortuna. El «caimán» disfrazado de «gudari» que «liquidó» a Prieto García tiene que ser capturado antes de que aguarde a la siguiente víctima. No hay derechos humanos en juego a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se le coge y, si hace falta, se le mata». Podrían caer cincuenta etarras en combate y las manos de España continuarán limpias de sangre humana […]. A los policías que disparen contra ellos se les recibirá como valientes [14 septiembre 1983

• ETA militar es una siniestra camada que España necesita exterminar. Todos los medios represivos al alcance del poder deben ser empleados en una batalla sin misericordia ni cuartel contra estas bestias carroñeras, capaces de apretar el gatillo de sus pistolas contra la sien de un anciano sin tan siquiera mover un párpado. […] La lucha contra ETA debe practicarse como una campaña de «desratización», aplicando una serie de técnicas tan viejas como ha historia misma del mundo. O acabamos con la plaga o la plaga acabará con aquello en cuanto creemos [14 abril 1981].

• No vamos a discutir si el general asesinado (Lago Román) llevaba o no la escolta necesaria. Vamos a empeñarnos en que todos los que quieren obligar a los españoles, de paisano o de uniforme, a temer a las pistolas gansteriles de ETA tengan que tragarse su propio desafío. Nadie se ampara en sotanas vascas: no se puede ser cristiano y asesino, como ha recordado el Papa. Nadie espere pacto ni componenda con las pistolas en la mano. «Con la medida que midiereis seréis medidos» dice el Evangelio. Y si escogéis los 9 mm Parabellum, ésa será vuestra medida final [5 noviembre 1982].

• Hay que matarlos a hachazos. En la guerra no recibieron más que patadas en los c[ojones] y, además, puestos de rodillas. Allí se vio la talla que tenían estos «gudaris» asesinos. Había que degollarlos porque a los chulos y a los asesinos hay que tratarlos con mano dura […].[José Luis Gutiérrez, adjunto al director]

• Sin tregua ni cuartel. Dando la cara como valientemente lo vienen haciendo Txiki Benegas y [Ricardo García] Damborenea y todos los socialistas vascos. La ecuación es cada vez más simple por muy inconfortables que frente a ella se sientan los estetas de la chaise longue: o ellos o nosotros. Por eso hay que terminar con ETA de la forma que sea» [20 octubre de 1983]

• Yo estoy a favor de la guerra sucia contra ETA pero no estoy dispuesto a admitir que existe», comentaba anteayer una persona moderada y sensata. Considerada en abstracto, esta confesión contradictoria puede parecer un acto de hipocresía, pero circunscrita a la realidad de los sucesos de esta semana al otro lado de la frontera, resulta bastante menos hipócrita que algunos de los más significativos pronunciamientos públicos al respecto. [….] Siempre me ha parecido moralmente intolerable la imagen de los caballos de los «Rangers» frenando en seco a la orilla del río, mientras los forajidos cruzan impunemente la frontera. Si han cometido un delito son reos de persecución, tanto en Tejas como en Nuevo México, tanto en Galdácano como en Hendaya. El Estado de Derecho tiene que ser un instrumento al servicio de la ética humana. Cada vez que –como en este caso– las leyes se convierten en un obstáculo para la acción de la justicia, se está dando la razón al anarquismo. [23 octubre 1983]

• ¿Cuántos de nuestros gauchistas de salón que abominan de la «guerra sucia» contra ETA no estarían dispuestos a justificar el derecho de persecución de los sandinistas contra las guerrillas que operan desde Costa Rica y Honduras, o de los angoleños contra los hombres de Unita protegidos por Sudáfrica?. A Barrionuevo no habría que cesarle por estar consintiendo acciones irregulares en el sur de Francia, sino por cosechar tan pocos éxitos, a pesar de la infinita buena voluntad con que ejerce el cargo. Y en todo caso, lo que habría que pedir es la caída del Gobierno en pleno, por haber faltado deliberadamente a la verdad, al explicar al país un asunto de tanta trascendencia [23 octubre de 1983]

• Hace cinco años la emboscada de Pasajes habría suscitado un debate con el terrorismo de Estado a vueltas. Son ya tantas las iniquidades cometidas por ETA que, hoy por hoy, muchos ciudadanos de muy diversa ideología están dispuestos a aprobar a ojos ciegos lo ocurrido, considerando totalmente secundario el análisis de si hubo oportunidad de capturar vivos a los miembros del comando acribillado por el GEO. [“Los cosieron a balazos”: Asesinato en Pasajes de los terroristas que mataron al senador Casas].

• ¿Existe alguna fuerza política o social de cierta relevancia dispuesta a reclamar la cabeza de [Felipe] González [sic] por esta circunstancia? Desde luego que no, a pesar de que todas participan del sentimiento de agravio que se extendió por la nación al oír las palabras de Sotillos. He aquí una buena prueba de cómo la existencia de ETA –y su estrategia deliberadamente provocadora del golpismo militar– es un claro factor limitativo de la soberanía de los españoles. Mientras los terroristas continúen colocando a un sector de nuestro ejército al borde del pronunciamiento en su diversa gama de variedades, todos vamos a conceder al Gobierno inconscientemente o no, un mayor margen de discrecionalidad, o lo que es lo mismo, de arbitrariedad con el consiguiente empobrecimiento de la vida democrática. [23 octubre de 1983]

VEINTINCO AÑOS DESPUES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS GAL, EL DIRECRTOR DE EL MUNDO REVELA QUE ES UNA PERSONA RENCOROSA Y VENGATIVA. SE OLVIDA DE SU PAPEL IDEOLÓGICO EN EL TERRORISMO DE ESTADO Y ECHA LAS CULPAS A LOS QUE SIGUIERON SUS EDITORIALES

Supongo que los textos reproducidos son suficientes para conocer la atormentada personalidad del director de El Mundo, un personaje que se considera por encima del bien y del mal y que lo mismo obliga a tres gobiernos a prevaricar para disponer una piscina ilegal en Mallorca, que defiende durante unos años el terrorismo de estado y meses más tarde tiene un lapsus de memoria y acusa a otros de los crímenes que el había propuesto y ensalzado.

Lo verdaderamente alucinante es el rencor y las ansias de venganza que siguen moviendo la pluma de este individuo. Veinticinco años después de ocurridos aquellos hechos sigue utilizando los fantasmas del pasado ─ de su pasado─ para echar en cara a tres ministros de Felipe González apoyar a Tomás Gómez en contra del aparato de Ferraz. La ¡basura amarilla!, producto de la descomposición intestinal, como calificó el portavoz del Gobierno Eduardo Sotillos años ha al entonces director de Diario 16 ha invadido ahora las páginas del diario El Mundo.

Todo sea en loor de José Luis Rodríguez Zapatero y su camarilla política, el nuevo amo y señor del periódico de la calle Gran Vía de Hortaleza, a cuyo servicio está igualmente Ramírez Codina, un invididuo cuya única aspiración en la vida parece ser consiste en colocarse siempre en favor del viento y en defender un socialismo de Nueva Vía que no conoce ni el propio político leonés.

EL PACTO RODRÍGUEZ ZAPATERO-URCULLU REVELA QUE QUIEN MANDA EN EL PAÍS VASCO ES EL PNV Y QUE PATXI LÓPEZ ESTÁ RELEGADO AL PAPEL DE TONTO UTIL

En 1986, cuando José María Benegas ganó las elecciones autonómicas en el País Vasco, el Euskadi Buru Batzar, máximo órgano de Gobierno del PNV, con Xavier Arzalluz como principal burukide, se negaron tajantemente a que los socialistas asumieran el Gobierno en la comunidad autónoma.

«Estos no son de aquí, no están integrados en la sociedad como nosotros, y no van a saber gobernar como lo haría el PNV», manifestó por entonces el jesuita renegado, el hombre que más mandaba en el País Vasco.

Inexplicablemente, tras largas y arduas semanas de negociación, finalmente el PSOE renunció a ocupar Ajuria Enea y entregó el poder a los seguidores de la formación política fundada por Sabino Arana a finales del siglo XIX.

Según me contó años más tarde el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, la bajada de pantalones de los socialistas se produjo después de varias conversaciones con el sanedrín nacionalista donde expusieron sin ambages su decisión de «echarse al monte» como en las guerras carlistas en el caso de que no se les entregara el gobierno a ellos.

«Con el fin de decidir lo que se hacía hubo una reunión de la ejecutiva regional del PSOE y todos los asistentes salvo dos, Ricardo García Damborenea y yo, decidieron por mayoría no incrementar la crispación fomentada por el nacionalismo y cederles el poder». En un gesto de incomprensible magnanimidad Felipe González aprobó la propuesta.

A pesar de apropiarse con amenazas del resultado de unas elecciones, el PNV siguió gobernando con la prepotencia y arrogancia habituales en ellos, como si «fueran los únicos amos del caserío», en expresión castiza, de forma autoritaria y excluyente, imponiendo el euskera en los colegios como legua vehicular y promocionando cualquier símbolo antropológico, educativo o cultural que contribuyera a abrir aún más la cima entre España y aquellas «tierras apartadas».

Lo hacían, además, a sabiendas que el nacionalismo constituía una fuerza minoritaria en el País Vasco, que no representaba más allá del 30 por ciento de la población (el resto eran emigrantes o descendientes de estos) y que incluso la representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados reproducía milimétricamente la pluralidad y el cosmopolitismo de la sociedad vasca: un tercio de los diputados votaban a la UCD/PP; otro tercio al PSOE y un tercero a los nacionalistas.

Así y todo, aplicando la tesis del pez grande que se come al pequeño, considerándose los legítimos herederos del País Vasco, autodotándose de un plus de legitimidad que no le daban las urnas, esgrimiendo un falso martirologio y un victimismo procedente de la Guerra Civil (Franco no fusiló apenas nacionalistas y, en cambio, llevó al paredón a centenares de socialistas, comunistas y anarquistas), ejercieron el poder desde la aprobación del estatuto en 1980 hasta las elecciones autonómicas de 2009 en el que la colación PSOE-PP, con casi el 45 por ciento de los votos, le echaron del parlamento Vasco y de la presidencia del Gobierno.

Para muchos españoles fue ese un día histórico por muchas razones. La primera de ellas, porque por primera vez desde el 9 de agosto de 1936 en que José Antonio Aguirre llegó al poder de la comunidad autónoma vasca, en plena Guerra Civil, con el apoyo de Indalecio Prieto, se rompía el pacto PSOE-PNV que había funcionado durante toda la Guerra Civil, el exilio y los 31 años de democracia. Y, además, porque por primera vez después de la transición, un partido no nacionalista asumía el poder en Euskadi sin que la gente de echara a la calle y sin que los «gudaris» subieran al monte, al estilo de la invasión de los romanos, como amenazaban los nacionalistas.

Y, por último, porque se rompía el falso mito de que los nacionalistas eran los dueños y usufructuarios ex exclusiva de una parte de España y el resto de españoles afincados allí (más del 70 por ciento de la población repito), unos parias o convidados de piedra, sin derechos constitucionales ni autonómicos, y por lo tanto, excluidos de antemano para el ejercicio legítimo del poder.

Un falso mito, he dicho, porque desde la fundación del partido por Sabino Arana en 1895, durante el siglo XX el PNV apenas ostento el poder político en Euskadi. Durante la etapa de la restauración, en la mayoría de los casos, salvo en 1918 en que Ramón de la Sota Llano y los suyos alcanzaron la representación de Vizcaya en las Cortes, el partido jelzale no pisó nunca el palacio de la Carrera de San Jerónimo. Durante la República, alcanzaron una cierta representación, pero nunca fue superior a la de las derechas (Ceda, ex monárquicos y tradicionalistas) ni a la conjunción republicano-socialista. Sólo a partir del 9 de octubre de 1936, con ayuda del PSOE, José Antonio Aguirre implantó una efímera república vasca, que perdió por la fuerza de las armas nueve meses más tarde, el 18 de junio de 1937, cuando las Brigadas de Navarra tomaron Bilbao.

Uno de los errores de Adolfo Suárez, ese político que supo hace la transición pero que cometió las mayores barbaridades en democracia, fue permitirles en 1980 que se convirtieran en los dueños absolutos del poder en el País Vasco, a cambio de acabar con ETA, misión que no cumplieron como es conocido.

De ahí que la derrota de 2009 en las urnas fuera acogida con grandes muestras de entusiasmo y complacencia por una mayoría de los españoles. Me temo, sin embargo, que se echó demasiado pronto las campanas al vuelo sin analizar con un poco de rigor lo que había ocurrido.

CEDER LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL PAIS VASCO ES LO MISMO QUE PONER MILLONES DE EUROS EN MANOS DE LOS SINDICATOS ELA Y LAB, PARA FACILITARLES EL CAMINO A LA INDEPENDENCIA

Porque pese a que meses después Juan José Ibarretxe abandonó Ajuria Enea y Patxi López se instaló en la sede del Gobierno vasco, los nacionalistas jamás se han dado por derrotados. Para ellos, la llegada de un socialista al poder en Euskadi es sólo un paréntesis en la historia contemporánea de la comunidad. De hecho, el PNV ha abandonado la primera línea del poder pero no el poder en si. Sus dirigentes se limitaron a dar un paso atrás y a refugiarse en las diputaciones forales, en las juntas generales y en los principales ayuntamientos vascos, que controlan, salvo el de San Sebastián.

A cambio de garantizarse la gobernabilidad, el PSOE tuvo que ponerles en bandeja incluso el ayuntamiento de Vitoria y la diputación foral de Álava, uno de los feudos históricos del Partido Popular, partido que está dando su apoyo a López en el parlamento Vasco y en el resto de las instituciones a cambio de nada. Pese a ser la fuerza más votada en Álava fueron sacrificados ad maiorem gloriam del nacionalismo.

Las recientes entrevistas del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero con el presidente del Euskadi Buru Batzar Iñigo Urcullu revela quién manda de verdad en el País Vasco aunque no esté en primera línea de la política. A cambio de dar el apoyo de seis de sus diputados a los Presupuestos Generales del Estado, el PNV consiguió que Madrid le transfiriera las políticas activas, la formación profesional continua y la ocasional y, además, 472 millones de Euros para incrementar las pensiones en el País Vasco.

Algo que es sumamente grave. No sólo supone la ruptura de la caja única, la quiebra del Pacto de Toledo, vulnerado anteriormente por el PSOE al congelar las pensiones del resto de los españoles para ahorrar 1500 millones de euros. Constituye además la concesión de un plus especial a los trabajadores vasco ─ una de las regiones de España con menos paro estructural y ocasional─ y una intolerable discriminación para el resto de los españoles, empezando por aquellos extremeños y andaluces que sacrificaron su juventud y su vida trabajando en la margen izquierda del Nervión y contribuyendo a incrementar la riqueza de las Vascongadas y ahora, de vuelta a sus lugares de origen, cobran de la caja de la Seguridad Social del resto de los españoles y no de las transferencias al País Vasco.

Todo ello con ser preocupante no es lo más alarmante en relación con la cohesión nacional y la integridad del país en una sola nación. Los 472 millones de euros concedidos a Urcullu, las políticas activas, en dinero invertido en la formación profesional, son considerables sumas de dinero que van a parar, en parte, a los sindicatos LAB (ETA) y ELA-STV (PNV), los dos implicados en el llamado proceso de construcción nacional, en el ser para decidir, y en el referéndum por la autodeterminación del pueblo vasco para crear una nación independiente, socialista y euskaldun, según la tesis de ETA, que el PNV no rechaza.

Puede concluirse, por tanto, que quien manda desde la sombra en Euskadi son los nacionalistas, llámese ETA o PNV, y que de la misma manera que comprando la libertad de dos cooperantes catalanes el Gobierno dio dinero a Al Qaeda del Magreb para que secuestraran enseguida a cinco franceses en Mali, la actitud de Rodríguez Zapatero en este caso no es mejor. Dando dinero al PNV para comprar tiempo en La Moncloa está financiando a aquellos grupos políticos que, con violencia o sin ella, pretenden la destrucción de España como nación y la consecución por los vascos de un status similar al de un estado confederado, libre asociado o independiente.

ZAPATERO APOYA LA EXPULSIÓN DE LOS GITANOS FRANCESES Y OLVIDA QUE EN ESPAÑA HAY DOS MILLONES DE EXTRANJEROS, MUCHOS DE ELLOS ILEGALES, EN EL PARO

¿LOS VA A DEVOLVER A SUS PAISES DE ORIGEN HASTA QUE LA ECONOMÍA MEJORE, COMO HIZO AZNAR EN ALGUNA OCASIÓN, O PRETENDE MANTENERLOS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL ESTADO?

La actitud de José Luis Rodríguez Zapatero de solidarizarse con el presidente Francés Nicolás Sarkozi por su valiente decisión de desmantelar de Francia los campamentos de gitanos húngaros y rumanos y mandarlos de vuelta a su país es encomiable. Por primera vez el político leonés, al parecer, recupera la razón.

Los gitanos de los países del Este constituyen un grave problema social, político y para la seguridad de las poblaciones donde suelen acampar sus carromatos que hoy no son tales, sino flamantes y bien amuebladas caravanas dotadas de los mayores adelantos de la técnica que van sustrayendo aquí y allá.

Lo digo, naturalmente, por conocimiento directo. Hace 25 años un amigo mío fue invitado en un Guadalix de la Sierra (Madrid), alquilado por dos millones de pesetas, a una boda entre dos familias gitanas, una española y otra rumana. Le acompañé uno de los ocho días que duró la ceremonia, celebrada a lo grande, donde se comió y se bebió como en los antiguos banquetes de los emperadores romanos. Todas las señoras invitadas a la ceremonia fueron agasajadas con brazaletes de oro, collares de diamantes, pendientes de zafiro y todo tipo de joyas que mi amigo nunca supo cómo habían llegado a manos de aquella gente de apariencia humilde. La respuesta la tuvo al leer días más tarde los periódicos. De vuelta a sus países de origen, los cíngaros fueron detenidos en las afueras de París cuando intentaban atracar la undécima joyería que encontraron a su paso.

Volviendo al caso de Zapatero, es digna de elogio su actitud aunque no estaría mal que fuera pensando qué va a hacer con los dos millones de emigrantes parados existentes en España que viven ahora de las prestaciones sociales y cuyas familias reciben asistencia sanitaria y educativa sin haber contribuido previamente a los Presupuestos Generales del Estado a las arcas de la Seguridad Social o haberlo hecho mínimamente.

Lo lógico y natural, antes de que el país entre en bancarrota y millones de españoles que han trabajado 40 años se queden sin pensión y se produzca un estallido social, es que se les sugiera que regresen a sus países de origen, eso si, respetando sus derechos sociales y su preferencia a regresar a España y ocupar sus puestos de trabajo antes que otros cuando la situación económica cambie.

Fue lo que hizo José María Aznar con un grupo de emigrantes ilegales durante uno de sus mandatos y me consta que fue duramente criticado por ello, por la izquierda partidaria de aplicar una solidaridad mal entendida y dar papeles a todo el mundo, en aplicación de los viejos postulados del internacionalismo socialista.

Lo que planteo no es obviamente una cuestión de racismo, de xenofobia ni de discriminación de nadie por razones de tipo ideológico, cultural, social, de raza o de credo. Es un simple problema de supervivencia. En 1991 España tenía una población de 38.872.279 habitantes, cifra que se mantuvo en parecidos términos hasta 1999. A partir de entonces, debido al boom de la construcción, se produce una explosión inmigratoria que ha colocado al país en más de 35 millones de habitantes sin que el país haya crecido en la misma proporción en PIB, ex exportaciones, ni haya mejorado su balanza comercial ni por cuenta corriente.

Lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario. Los gastos corrientes y las inversiones no productivas en crear escuelas, hospitales, viviendas subvencionadas y centros de todo tipo para dar acogida a esa población se han disparado exponencialmente. Con más de 200.000 empresas destruidas en los dos últimos años, España carece de industrias y empresas turísticas suficientes para dar trabajo y alimentar a una población de 45 millones de almas.

Es más, yo diría que en ningún momento de su historia ─incluso en los últimos años del franquismo cuando en la ría del Nervión se construían buques de 250.000 toneladas y los altos hornos nos autoabastecían de hierro, acero, aceros especiales ─ el país pudo alimentar a los 38.000.000 de personas de las cuales, alrededor de dos millones, eran emigrantes en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Venezuela y otros países.

SI LOS POLITICOS ESPAÑOLES HUBIERAN LEÍDO UN POCO

DE HISTORIA SABRÍAN QUE ESPAÑA JAMAS HA PODIDO SOBREVIVIR CON SUS PROPIOS RECURSOS Y HA TENIDO QUE EXPORTAR EMIGRANTES PARA EQUILIBRAR SU BALANZA COMERCIAL

Tras la destrucción y no reestructuración industrial llevada a cabo por Carlos Solchaga en 1985, nuestra economía empeoró ostensiblemente. Y si la balanza comercial se pudo mantener equilibrada algunos años ─ pocos─ en el periodo del llamado «milagro español» (1993-2007) ello se debió a las remesas de los últimos emigrantes, a los fondos de la Comunidad Europea y a las divisas del turismo, cada vez más escasas.

Pero los políticos españoles, de uno y otro signo, no han sido conscientes de ello, han impulsado la burbuja inmobiliaria como motor del cambio económico, han permitido a las familias españolas endeudarse con los bancos hasta las cejas, han permitido al sistema financiero a su vez endeudarse en el exterior acudiendo al interbancario para financiar tanto ladrillo, y la caída de ese gigantesco castillo de naipes ha sido uno de los elementos de las crisis, unida al cierre del grifo de los fondos de cohesión y estructurales, al maná europeo.

Todo ello unido al encarecimiento de los costes laborales unitarios de los trabajadores (mientras en Alemania los sueldos subieron entre 1991 a 1998 un 6 por ciento en España lo hicieron un 30 por ciento), al sobrecoste de las materias primas y los productos energéticos por la demanda de los mismos del gigante chino, al consiguiente cierre de las empresas ha generado un volumen de paro intolerable para cualquier país civilizado.

Y es que ni un solo político, ni un solo ministro de economía ha sido consciente que desde 1898 hasta la fecha, con una población que ha oscilado entre los 28 y 38 millones de habitantes, ha sido un exportador neto de emigrantes debido a que en este país las catastrofistas leyes de Thomas Robert Malthus enunciadas a comienzos del siglo XIX (An Essay on the Principle of Population) tienen plena vigencia, tal vez no en cuanto a la capacidad para dar de comer a una población de 45 millones de habitantes, pero si en lo relativo a la creación de puestos de trabajo, standards de bienestar social, subsidios de vejez y otros baremos que hacen imposible el mantenimiento ad aeternum del Estado del Bienestar.

Como ocurrió en los países comunistas entre 1914-1989, el PSOE, con su solidaridad e igualitarismo han alcanzado el objetivo pretendido: con sus papeles para todos ha socializado la miseria a amplias capas de la sociedad y, con cinco millones de parados camino de los seis, se niega a aplicar la única medicina posible por muy inhumana y dolorosa que parezca: incentivar el regreso a sus países de origen de buenas maneras y garantizándole el pago de sus subsidios sociales a los dos millones o dos millones y medio de parados extranjeros que sobran (no hay que olvidar que nuestros emigrantes recibieron un trato similar en periodos de crisis en Alemania y Venezuela, por poner solo dos ejemplos) y que no pueden seguir viviendo eternamente ni del cuento ni de las arcas del Estado, salvo que Rodríguez Zapatero esté dispuesto a expropiar, al estilo argentino, las pensiones a las decenas de millones de españoles que con su esfuerzo y sacrificio de muchos años tienen derecho a un merecido y modestamente retribuido descanso. Y a llevar, al mismo tiempo, al Estado a la ruina con sus incontables despilfarros.

CON LA REFORMA DE LA ACCIÓN POPULAR LOS SOCIALISTAS PRETENDEN IMPLANTAR EL REINO DE LA IMPUNIDAD PARA POLITICOS CORRUPTOS

Sólo la acción popular ejercida por 101 ciudadanos permitió en 1987 que el juez Baltasar Garzón pudiera reabir el sumario sobre los GAL, imputando a José Amedo y a Michel Domínguez, que acabaron condenados cada uno de ellos a 109 años de cárcel.

Y ocurrió así y no de otra manera porque, que aquel entonces, la fiscalía de la Audiencia Nacional estaba bajo el control de José Aranda y sus subordinados se encontraban, según las informaciones publicadas, mediatizados y teledirigidos desde el ministerio del Interior.

Aunque no comparto las motivaciones espúreas y los deseos de revancha y venganza que llevaron a los dos promotores de este macroproceso, Pedro J. Ramírez y Baltasar Garzón, a sentar en el banquillo a la cúpula de Interior, el objetivo que se pretendía con la acción popular ─ que ningún crimen quede sin castigo por desidia o presiones del Gobierno sobre fiscales o jueces ─ afortunadamente se cumplió.

Porque este y no otro fue el propósito que animó a los siete padres de la patria que elaboraron la constitución de 1978 al incorporar a su texto un artículo que permitía ejercer a los ciudadanos el derecho a participar en la Administración de Justicia mediante la acción popular en los delitos públicos que afectaran a los intereses generales con el fin de velar por la estricta aplicación del imperio de la Ley, según la enmienda presentada por el diputado del PSP Raúl Morodo.

Desde entonces y hasta la fecha, en los 32 años de aplicación de este principio jurídico ha ofrecido más resultados positivos que negativos y más satisfacciones que agravios a los ciudadanos. Numerosos sumarios de corrupción o terrorismo de Estado, en los que aparecían implicados personajes políticos, en su mayoría relacionados con el PSOE, han podido salir adelante debido a la acción popular que aparece descrita así en el artículo 125 de la Carta Marga: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales».

La norma encaminada a perfeccionar y ofrecer un plus de garantías en la aplicación de la Justicia, sin embargo, se ha revelado no ser todo lo perfecta que buscaban los ponentes de nuestra Constitución. En primer lugar, esta figura jurídica ha permitido que un importante número de terroristas sudamericanos del Frente Farabundo Martí, Ejercito Republicano del Pueblo, Montoneros, Tupamaros, Movimiento de Izquierda Republicana, Patria y Libertad y otros, que provocaron levantamientos del ejército en sus respectivos países, se hayan presentado en la Audiencia Nacional asumiendo en papel de víctimas para vengarse de las juntas militares y las dictaduras que ellos mismos contribuyeron a crear con sus indiscriminadas masacres de militares y elementos civiles.

SON TANTAS LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS QUE SI LOS CIUDADANOS EJERCEN SU DERECHO CONSTITUCIONAL A CONVERTIRSE EN ACUSADORES, JUNTO AL FISCAL, MUCHO DE ELLOS PUEDAN ACABAR ENTRE REJAS

En segundo lugar, ha propiciado que determinados empresarios desaprensivos y desilusionados con el sistema judicial vigente como José María Ruiz Mateos o Rafael Pérez Escolar, por poner sólo dos ejemplos, hayan hecho un uso abusivo de esta figura jurídica con el fin de sentar en el banquillo al Gobierno socialista por la expropiación de Rumasa o para exigir cuentas al Banco de España, al ministerio de Economía y Hacienda y al banquero Emilio Botín por la expropiación y reprivatización de Banesto. En un claro atropello a las leyes, Pérez Escolar, ya fallecido, llegó a interponer hasta 32 querellas contra el presidente del Banco de Santander sin que el Consejo General del Poder Judicial a través de los órganos judiciales competentes le abriera un proceso o le llamara al orden por fraude de Ley, mala fe procesal y abuso de derecho rechazando ad limine las querellas, que hubiera sido lo correcto.

También el texto constitucional, recogido en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha facilitado que determinados «cazadores de fortunas ajenas» se hayan aprovechado de la acción popular y la hayan instrumentalizado por medio de abogados y asociaciones afines para llenarse los bolsillos a costa de la fama y la honra de empresarios de éxito como César Alierta, Emilio Botín, Los Albertos, Manuel de la Concha, Mariano Rubio y otros muchos a los que pretendían extorsionar con el fin de librarles del penoso trance de que se sentaran en el banquillo.

El detonante que sacó a relucir esta deleznable practica judicial fue precisamente el sumario que se seguía en la Audiencia Nacional contra el Banco de Santander y Emilio Botín por el caso de las «primas únicas», alargado artificialmente durante casi 15 años cuando el mismo delito cometido por el BBV no llegó siquiera a los tribunales y el de La Caixa se cerró a los pocos meses.

«Primero apareció Ruiz Mateos como acusación popular, hubo algún tipo de arreglo o lo que fuera y se retiró. Siete años después, cuando el sumario estaba instruido, se presenta la llamada Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes y, por último, el partido Iniciativa per Catalunya», me contó un día el fiscal Eduardo Fungairiño. Y añadió: «Aquello tenía todo el tufillo de que diversos grupos de especuladores y aprovechados de las desgracias ajenas se iban turnando, pasándose el testigo de uno a otro, para extorsionar sistemáticamente al presidente del Banco de Santander y no para buscar el ejercicio legítimo de la Justicia. Así se lo plantee a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un escrito de diez folios que, en este caso concreto, habida cuenta de que el fin de que se pretendía era aprovecharse de los tribunales para obtener una jugosa «prima única», se impidiera que la acusación particular por si sola no se considerara suficientemente legitimada para promover la apertura del juicio oral. Era la única forma de cortar aquella especie de chantaje».

Y así ocurrió. En 2007 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba la apertura de juicio oral en la causa que se seguía contra Botín por delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública, al considerar que había razones oscuras detrás de la acción popular y el 17 de diciembre del mismo año el Tribunal Supremo casaba la sentencia, dando por buena la interpretación que había hecho la Audiencia Nacional del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -LECrim-, que regula esta figura jurídica.

De esta manera, la acción popular, vigente en España desde hace 125 años, habiendo superado todo tipo de regímenes, incluidas las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, que permite a cualquier ciudadano personarse como acusador en cualquier procedimiento judicial, sea perjudicado o no, siempre que sus intereses se encaminaran a la defensa del bien común y del interés general, parecía haber sido tocada de muerte.

TANTO AL PSOE COMO AL GOBIERNO LES INTERESA CONVERTIR ESTE INSTRUMENTO JURIDICO EN UNA ESPECIE DE CONVIDADO DE PIEDRA AL SER LOS FISCALES BASTANTE MÁS MANEJABLES Y OBLEDIENTES

Porque los enemigos de que cualquier ciudadano, al margen de su situación económica, raza, color o posición social pueden ejercer el derecho a una Justicia justa se apoyaron en la «doctrina Fungairiño» para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente en el «Caso Atucha» [José María Atucha, Gorka Knörr y Conchi Bilbao se negaron a disolver a Batasuna del Parlamento vasco cumpliendo una sentencia del Supremo], hasta más recientemente en las tres causas que tiene abiertas el juez presuntamente prevaricador Baltazar Garzón en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al retirar el fiscal la acusación y no existir acusación particular por no sentirse nadie perjudicado.

Todo lo cual constituye un serio peligro para el sistema democrático y el funcionamiento de una justicia libre, independiente y sin cortapisas como ha quedado demostrado tras la llegada de Rodríguez Zapatero al poder. El cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, al que siguió la salida de la carrera de los fiscales como Enrique Molina, Ignacio Gordillo y otros, por no someterse a los dictados del Gobierno en sus planes de negociación con ETA ha permitido el excarcelamiento de numerosos etarras, entre ellos el sanguinario miembro del Comando Madrid Ignacio de Juana Chaos, al no existir una acción popular que pudiera oponerse a las maniobras del gobierno.

«La única manera de contrapesar la «permeabilidad del Ministerio Fiscal a las sugestiones» del Poder Ejecutivo reside en atribuir a la acción popular también funciones acusadoras y no restringir su papel», escribió en 2007, con motivo de la sentencia sobre Botín el magistrado del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, tesis sostenida por otros cuatro magistrados de la Sala II, Julián Sánchez Melgar, Joaquín Delgado, José Manuel Maza y Miguel Colmenero.

Lo más sospechoso y alarmante del intento de recortar y encorsetar la acción popular, como pretende el ministro Caamaño, es que sea precisamente en PSOE, el partido que más insistió en la implantación de esta figura jurídica en la Constitución por medio de algunos de sus abogados como Pablo Castellanos o Gregorio Peces Barba, el que esté empeñados ahora en acabar con el derecho de cualquier ciudadano a personarse como acusador, con el pretexto de que se trata de una «norma que no tiene precedentes en el ordenamiento jurídico comparado».

De hecho, antes de que él iniciara la «cruzada judicial» para acabar con esta norma, otros altos cargos del Gobierno socialista, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se han pronunciado en el mismo sentido.

Por eso, dado que nos siempre las mismas personas, los mismos responsables del mismo partido político, el PSOE, en que pide la supresión o la regulación de la acción popular para vaciarla de contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es precisamente por lo que hay que oponerse frontalmente a los planes del Gobierno.

Porque parece claro que la iniciativa de Francisco Caamaño no parece estar llena de buenas intenciones sino todo lo contrario. En este sentido, no deja de ser significativo que en más del 80 por ciento de los casos en que los ciudadanos han ejercido un papel similar al del ministerio público o las acusaciones particulares en los procesos criminales, quienes se han visto implicados ha sido políticos del PNV y CiU pero fundamentalmente de la formación política creada por Pablo Iglesias. Y que en la mayoría de los casos los responsables de los delitos hayan resultado condenados.

De dónde sólo cabe deducir que lo que buscan los quienes pretenden subvertir las normas procesales no es hacer un servicio a la sociedad ni al interés general. Lo que pretenden es consagrar el reino de la impunidad, de la injusticia y campar por sus respetos vulnerando cuantas leyes haga falta en beneficio de ellos mismos.

Con un José Luis Rodríguez Zapatero dispuesto a burlar y alterar las sentencias del Tribunal Constitucional para ayudar a sus amigos catalanes; con un sector del PSOE vasco negociando con ETA cuestiones que afectan a la unidad y a la integridad de España como nación; con un Gobierno vulnerando en Código Penal y pagando rescates que cualquier día pueden acabar en bombas de Al Qaeda en Madrid (y en una querella criminal en su contra), caso el «bar Faisán» pendiente de investigación, con el caso José Bono ni siquiera administro a trámite y otras muchas tropelías más pendientes de enjuiciamiento no es de extrañar que el PSOE trate de dejarlo todo atado y bien atado antes de abandonar el poder. Porque, además de ellos, su socios catalanes son responsables de decenas de leyes inconstitucionales, como la obligatoriedad del uso del catalán en las escuelas, la imposición en los centros comerciales y otras muchas barbaridades que cualquier día pueden acabar ante los tribunales.

Por eso a José Luis Rodríguez Zapatero y a Francisco Caamaño les interesa convertir la acción popular en un mero convidado de piedra, de modo y manera que nadie pueda exigirle que rindan cuenta de sus numerosas fechorías cometidas o a punto de perpetrarse, según ellos mismos han anunciado sin el menor pudor.