LA PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS EN CATALUÑA, UNA BURDA EXCUSA MÁS PARA ACELERAR LA INDEPENDENCIA DE LA REGIÓN

Salvo que el matador sea José Tomás, el único torero de verdad que existe en el ruedo nacional, como a muchos españoles a mí tampoco me gusta la fiesta de los toros. Me parece un espectáculo cruel e innecesariamente sangriento en el que a un animal se le somete sistemáticamente a una serie de heridas y cortes con el fin de que vaya perdiendo fuerza y se someta a las distintas suertes que reclama el diestro. Especialmente brutal cuando el encargado de la lidia entra a matar, falla una y otra vez y somete al animal a media docena de puyazos y descabellos, hasta que logran mandarle sin sentido a los chiqueros.

Dicho esto y dejando al margen el sadismo a que se somete al animal, tendría que reconocer y añadir también que los toros constituyen un pasatiempo grato a la vista a la sensibilidad de muchas personas. Un espectáculo lleno de colorido, de vida y de muerte, y muchas veces hasta de arte, en el que se enfrentan dos voluntades en el ruedo, la del toro y la del torero y que entronca con nuestra cultura más ancestral y pura, con nuestra manera de ser y constituye una de nuestras principales señas de identidad en el mundo.

Tal vez por eso, en casi todos los pueblos de España hay una plaza de toros pequeña y coqueta, en algunos casos, portátil en otros, y las fiestas patronales no serían tales si el día grande no se celebrara al menos una novillada o una corrida de toros. Quizás debido a que los toros forman el núcleo esencial del ADN nacional, hay centenares de miles de personas que disfrutan, viven, sienten y hasta sueñan al compás de una verónica, de un pase de pecho, una manoletilla o una chicuelilla.

ATENTADOS COMO EL COMETIDO AYER CONTRA LA TAUROMAQUIA SON UNA PROVOCACIÓN INADMISIBLE Y UNA AFRENTA INTOLERABLE A TODOS LOS ESPAÑOLES

Pues bien, la fiesta de los toros, la fiesta nacional por antonomasia, dejó de existir ayer en Cataluña al prohibir su parlamento regional la celebración de corridas en el territorio donde ejerce de caporal José Montilla Aguilera, ese individuo nacido y criado en Iznájar (Córdoba) entre vacas y reses bravas y ahora, de repente, trasmutado en enemigo acérrimo de las señas de identidad patrias.

El acuerdo de la cámara catalana por 68 votos frente a 55 representa sin duda, como apuntarán muchos comentaristas, una violación del derecho a la libertad de empresa, y un atentado a la libertad individual del ser humano a divertirse como le de la gana, siempre que respete la libertad de los demás. Constituye además una intromisión ilegítima del parlamento catalán y de la Generalitat en ámbitos no menos privados sobre los que no le corresponde legislar, como son los usos y costumbres populares de las personas y de los pueblos, respetados por todos los regímenes, democráticos, comunistas o autoritarios.

Todo ello, con ser grave, podría incluso podía hasta admitirse. Otro Gobierno y otro parlamento podrían enmendar el error de ayer. Lo que no es de recibo es que bajo el pretexto de prohibir las corridas de toros porque a un grupo le parezcan demasiado sangrientas se estén atacando los signos de identidad de la nación española en una parte de su territorio con un objetivo distinto al expresado: con el fin de ir erosionando y eliminando subrepticiamente los elementos comunes que identifican a todos los españoles e ir preparando el ambiente para, en un momento dado, soltar amarras y constituirse en una nación independiente, que es lo que buscan los separatistas catalanes y han conseguido con el apoyo entusiasta del PSOE.

Al igual que la supresión del castellano en las escuelas, que la obligación a los comerciantes a rotular en catalán, que la lenta, paulatina e invisible expulsión del Ejército español de Cataluña, que la obligación a los distribuidores cinematográficos a doblar la mitad de las películas a la lengua vernácula de José Montilla, que la creación de las Viguerías por el Parlamento vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional y otras muchos atentados culturales, geográficos, políticos o lingüísticos, son hechos que no se deberían permitir.

Al margen de que los catalanistas ya no engañan a nadie, cada acto de estos por separado supone una provocación inadmisible y una afrenta irritante, intolerable, gratuita e innecesaria a todos los españoles. Entre otras cosas, porque de esta manera, no ya tan furtiva ni sibilina como antes, se está matando lentamente el ser de España como nación, como proyecto común y compartido de una raza, que decidió unir sus destinos en 1492 cuando los Reyes Católicos (Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla) tomaron Granada, expulsaron a Boabdil y hasta el último morisco del suelo patrio, y reestablecieron la unidad nacional rota varios siglos antes. Un hecho histórico que debería estudiarse en todas las escuelas españolas, empezando por las catalanas y en todos los parlamentos regionales y gobiernos autonómicos, comenzando por el de la Plaza de San Jaume de Barcelona.