El ministro de Justicia Francisco Caamaño es sin duda uno peso pesado. Basta observar sus fotos para ver que en la báscula arroja más kilos de los habituales y que es, al mismo tiempo, un pez gordo dentro de la masonería. Puede decirse, metafóricamente hablando, que tiene sobrepeso en el cuerpo y el alma. El exceso de adiposidad dicho en términos políticos y no personales, sin embargo, no convierte a nadie en buen gobernante.
Es más, si se aplicara al actual ejecutivo las leyes de Murphy, la mayoría de los ministros no pasarían de ser unos simples directores generales o como mucho, subsecretarios. Caamaño tampoco sería la excepción y, siendo demasiado benévolos con su trayectoria, hasta podría otorgársele el titulo de secretario de Estado de relaciones con el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados.
Porque si, de acuerdo con la Constitución, el Judicial constituye uno de los tres poderes del Estado, está de más que el Gobierno siga manteniendo todo un ministerio para controlar a un sector de fiscales, jueces y magistrados con el único propósito de utilizarlos como instrumentos a su servicio, para lanzarlos como perros rabiosos contra la oposición. Con un cabo furriel encargado de pagar la nómina a jueces y magistrados hubiera bastado. Y Caamaño tiene toda la pinta de un cabo furriel o, como mucho, de un sargento de cocina bien cebado.
En este país donde desde 2004 la cosa pública se ha convertido en cosa de necios, con un individuo como José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, debido a la ineficacia de su compañero Celestino Corbacho que debería haberle declarado «inútil total» para el trabajo hace años, Caamaño acaba de ser llamado para más altos, excelsos y gloriosos menesteres al servicio de la causa socialista. Porque, aunque mucha gente lo ignora, el ministro de Justicia maneja un instrumento de poder poco conocido, la Comisión General de Codificación, el organismo que redacta o supervisa todos los proyectos de Ley del Gobierno.
Por eso y no por otros méritos, Caamaño ha sido encargado por el último Consejo de Ministros de realizar las pertinentes reformas legislativas para burlar y eludir la Constitución, suplantar la voluntad popular y el Estado de Derecho y conceder a Cataluña las competencias judiciales que le habían sido negadas en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, lo que supone una burla y un timo a todos los españoles.
Y lo que es más inquietante aún. De llevarse a cabo esta reforma, planteada con fines exclusivamente electoralistas y en beneficio de los socialistas catalanes, el coruñés sería el primer ministro que, en lugar de guardar y hacer guardar la ley, se convertiría en el primer delincuente político conocido de la historia de España. Siendo ministro de Justicia y notario mayor del Reino, encargado de velar porque sus compañeros de gabinete cumplan su juramento o promesa, su responsabilidad sería mucho mayor todavía.
Porque, lo que intenta este presidente de Gobierno genuflexo, con las dos rodillas en tierra ante las presiones de la Generalitat, es como poco un flagrante fraude de Ley, contemplado como delito en el Código Penal vigente ya que las sentencias del Constitucional están para acatarlas y además cumplirlas. Dentro de todos los posibles desmanes que pudieran cometerse, la quiebra de la unidad e independencia del poder judicial que pretende Rodríguez Zapatero para satisfacer las apetencias de su colega José Montilla, constituye el más grave de todos.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE IMPLANTARA UNA JUSTICIA CATALANA COBRAR EL 3 POR CIENTO DEJARIA DE SER DELITO Y ROTULAR O HABLAR ESPAÑOL HASTA PODRÍA SER PENADO POR LOS TRIBUNALES
De modo y manera, y no exagero lo más mínimo, que puede llegar un día no muy lejano en que unos tribunales condenen la corrupción política como lacra de la sociedad y otros consideren normal dentro de las relaciones comerciales el pago del 3 por ciento en sobornos a los partidos políticos; que unas salas de Justicia defiendan la lengua española y otras impongan sanciones a quienes se atrevan a rotular o hablar español en su propia tierra. Que haya una Justicia para la cual la exaltación del terrorismo sea delito y otra que lo considere parte del ejercicio de la libertad de expresión; que existan jueces y magistrados que condenen las corridas de toros y otros disfruten con la Fiesta Nacional. O que existan regiones de España donde los delitos de guante blanco ─ Banca Catalana, Javier de la Rosa, Macía Alavedra, Lluis Prenafeta o Félix Millet ─ formen parte de la cultura empresarial o que graves delitos de asesinato ─ caso de la Dulce Neus ─ sean sancionados con un par de años de cárcel y en el resto de la nación se aplique estrictamente el código penal… Y así sucesivamente hasta agotar el Código Penal. Todo ello en el supuesto poco probable de que los separatistas no consiguieran a medio plazo su fin último, el de rompoer la nación española y crear un estado independiente.
De ahí que pese a estar situados sus miembros al margen de la legalidad, convertidos en una especie de césares visionarios, de reyezuelos absolutistas de la Edad Media, hay quien piensa igualmente que la decisión del Ejecutivo podría ser incluso equiparable a un delito de lesa patria, ya desaparecido de la legislación positiva, cometido por quienes cobran del erario público y tienen el deber y la obligación de defenderla frente a sus enemigos.
En todos los regímenes democráticos, conviene recordarlo, la Justicia constituye la piedra angular del edificio constitucional de toda nación que se precie. Es el último valuarte de los ciudadanos para resolver sus diferencias y defenderse de las arbitrariedades de los gobiernos despóticos como el presente. Si se la divide o aniquila se está poniendo fin igualmente a todo el sistema de valores, de ideas y de sentimientos que han inspirado nuestra civilización, nuestra filosofía de vida y nuestra cultura.
Su voladura supone, además, el hundimiento del régimen de garantías y libertades. Así lo entiende también la asociación Profesional de la Magistratura, que integra al colectivo mayoritario de miembros de la carrera judicial, ha acusado al Gobierno de desacato al no aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional y valerse de triquiñuelas y vericuetos alegales para disimular su desafuero.
La partida de póker, sin embargo, no ha acabado. Para que Montilla pueda elegir desde el Palau de la Generalitat a los jueces y magistrados dispuestos a mirar para otro lado ante el cobro de comisiones, como hace ahora el Parlamento regional, o ante el flagrante reparto de las ayudas comunitarias entre los partidos y otras felonías es preciso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el Partido Popular por su portavoz Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado ya que su formación política va a oponerse «con uñas y dientes» para impedir que una barbaridad jurídica de este calibre no llegue jamás al BOE.
EL ACTUAL GABINETE SUPERA EN DESAFUEROS A LA LLAMADA «BANDA DE LOS CUATRO» QUE ASOLÓ LA REPUBLICA POPULAR CHINA A LA MUERTE DE MAO
Lo cual no deja de ser una buena noticia pero no la solución definitiva a los actuales problemas de España. Con el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, trasladando a los terroristas más sanguinarios de ETA al país Vasco para proceder a su suelta; con Zapatero y Caamaño empeñados en dinamitar el Tribunal Constitucional; con Bibiana Aído legalizando el asesinato masivo de seres humanos indefensos; con la separatista catalana Carmen Chacón tratando de desmantelar lo poco que queda del ejercito para que los separatistas vascos y catalanes consigan sin problemas su últimos objetivos militares, con Miguel Ángel Moratinos obsesionado en apoyar los regímenes políticos de Palestina, Marruecos, Bolivia, Venezuela y Cuba; con María Teresa Fernández de la Vega, vulnerando la Ley Electoral al inscribirse en una vivienda desocupada de Valencia para votar en aquella comunidad y apoyando y respaldando desde la cocina de La Moncloa todas estas actitudes, con José Bono y otros muchos justificando lo injustificable, la cuadrilla que nos gobierna está más cerca de la «banda de los cuatro» que de una equipo de personajes cohesionados y respetuosos de las leyes y celosos con su aplicación.
Visto este estado de cosas, al PSOE ya sólo le faltaría imitar a la presidenta de Unión Mallorquina, María Antonia Munar, gracias a cuyo apoyo gobierna en Baleares el socialista Francesc Antich, y dedicar el dinero público a la compra de votos entre la honorable colonia argentina [el país que nutre de psicoanalistas al resto del mundo con el propósito de que persigan con sus camillas al resto de sus compatriotas emigrados], para que ya no quepa duda de que los seguidores de Pablo Iglesias se han instalado pura y simplemente en el ámbito de prevaricadores y criminales políticos.
Y para que, a partir de ahora, se plantee como cuestión prioritaria la llegada al poder de una nueva clase política que regenere el sistema democrático de una vez por todas y ponga fin a tanto desmán. Y a tanto michelín político, a tanto dirigente inútil cuya grasa amorfa y perniciosa no es más que la consecuencia de chupar la sangre al Estado y de aniquilar, de paso, los valores y las esencias más básicas y elementales de la nación española para seguir campando a sus anchas.
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