EL GOBIERNO ECHA GASOLINA AL FUEGO DEL TERRORISMO ISLAMICO AL PAGAR POR LA LIBERACIÓN DE UNOS REHENES FRENTE AL RESTO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Hubo un tiempo en la reciente historia de España donde pagar un rescate a una organización terrorista a cambio de que esta pusiera en libertad a un secuestrado estaba tipificado como delito de «colaboración con banda armada».

Aunque la policía ponía todos los medios para descubrir sus guaridas y apresar a los terroristas no siempre se conseguía. Pero estaba prohibido, sin embargo, doblegarse a sus exigencias. Se partía de la base de que el llamado «impuesto revolucionario» que pagaban los empresarios vascos lo mismo que el abono de una suma de dinero para salvar la vida de un rehén suponía dar a los terroristas, además de publicidad, el oxigeno necesario que necesitaban para que siguieran financiando su «cultura de muerte». «Por cada empresario que paga a ETA para salvar una vida o dormir tranquilamente se está poniendo en peligro o quitando la vida a otras diez personas», solía decir el ministro del Interior Juan José Rosón, ya fallecido.

Por eso, los familiares y algunos de los últimos secuestrados por ETA, desde Cosme Delclaux a Emiliano Revilla o a José María Aldaya, tuvieron que comparecer ante la Audiencia Nacional a explicar por qué habían accedido al chantaje terrorista. Allí, para impedir que pudieran pasar del zulo de la banda armada a Carabanchel o Herrera de la Mancha, sus abogados esgrimían con gran habilidad dos eximentes de la responsabilidad criminal: el estado de necesidad y el miedo insuperable.

Frente a esta actitud vigente al menos hasta 2004 de oponerse a cualquier extorsión terrorista, tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y su «alianza de civilizaciones» se ha instalado el la administración la tesis contraria.

Tras la liberación de La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual, secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico, nadie cuestiona que el Gobierno español pagó un rescate que podría oscilar entre los 3,8 millones de Euros de los que habla la prensa española o entre 5 y 10 que apunta la cadena Al Arabiya. Y que, además, ha sobornado con ayudas al desarrollo al gobierno de Mauritania para que pusiera en libertad a uno de los autores materiales del secuestro de los tres cooperantes, Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, condenado y preso en el país del Magreb.

Lamentablemente, este talante pusilánime y derrotista de José Luis Rodríguez Zapatero no es nuevo. Frente a los gobiernos británico y francés, que se han negado a entrar en el juego sucio de los yihadistas y a la actitud inflexible de Nicolás Zarkozy, que ha mandado a sus tropas de élite a Somalia y a Malí a liberar a los secuestrados de su país, el Reino de España ha asumido la costumbre echar más gasolina al fuego del terror, como ha quedado demostrado en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez.

Zapatero vuelve una y otra vez a bajarse los pantalones ante los terroristas, como ha hecho los grupos separatistas marroquíes teledirigidos desde Rabat en Melilla, accediendo a sus demandas económicas para rearmarse. Algo extremadamente grave por el efecto contagio que tiene y por las ínfulas que infunde a la Guerra Santa del Islam, por todo lo cual el bombero-pirómano español debería ser llamado al orden no sólo dentro de España sino por la comunidad internacional cuando Al Qaeda del Magreb decida gastarse el dinero del Gobierno jugando con el pellejo de otras víctimas españolas o de cualquier otra nacionalidad.

CADA EURO PAGADO A LOS TERRORISTAS ISLAMICOS POR EL BOMBERO-PIRÓMANO DE LA MONCLOA REPRESENTA UNA NUEVA BALA PARA SECUESTRAR O ASESINAR A OTRO O A CUALQUIER EUROPEO

Porque por cada euro gastado en salvar la vida de un español, se apellide Villalta o Pascual, se está comprando la siguiente bala para que Mokhtar Belmokhtar, el cabecilla de la banda islamista que tuvo retenidos a los cooperantes españoles, pueda secuestrar o matar a un español, a un belga o a un inglés; cada vez que le llene los bolsillos de dinero a un Gobierno como el de Mauritania para liberar a un terrorista, está diciéndole a Al Qaeda de el Magreb Islámico que puede salirse con la suya y que los «débiles y corruptos» gobiernos occidentales, de los que el de España es el peor ejemplo, van a ceder siempre a la amenaza.

Aunque no cabe otra cosa que la de alegrarse y solidarizarse con sus familiares por la liberación de los cooperantes españoles tras casi nueve meses de largo y doloroso cautiverio, hay que criticar con la mayor dureza posible las formulas empleadas para la puesta en libertad. La vida es el don más preciado que existe y pagar una extorsión para conservarla es legítimo, humano y admisible siempre que quienes lo hagan sean los familiares, los amigos o los parientes más cercanos de las víctimas. Cuando es todo un Gobierno de una nación soberana como es el caso de España el que claudica y sucumbe a las presiones de una banda de facinerosos paga, dar por resuelto el caso, pasa página y se olvida del asunto más grave que le ha pasado a dos españoles en el extranjero en el último año, como si no hubiera ocurrido nada, la actitud de nuestros representantes politicos empieza a ser cuestionable.
De otra parte, con esta práctica del «sálvese quien pueda» del Gobierno, insolidaria con el resto de los países, España vulvera la resolución 1904 de la ONU de fecha 17 de diciembre de 2009, es decir, de hace menos de un año, que a petición de Argelia condena la financiación de redes terroristas y criminaliza el pago de rescates. En el texto de esta resolución, aprobada por unanimidad de los países miembros de las Naciones Unidas se expresa la «preocupación por el aumento de casos de secuestro perpetrados por entidades asociadas con Al Qaeda o los talibán con el fin de recaudar fondos». Asimismo, los gobiernos se comprometen a tomar medidas contra el «pago de rescates».

En este sentido, la prueba más palpable de la debilidad de Zapatero y de su incapacidad para respetar el orden internacional queda de relieve al contrastar su comportamiento con el de su homónimo francés Sarkozy. en las últimas crisis terroristas. En una situación similar, en lugar de poner en libertad al terrorista Rachid Ramda, preso en una cárcel de Paris, tal y como exigían los terroristas, el mandatario galo envió a los Commandos d'Opérations Spéciales a Malí a liberar al prisionero Michel Germeaneau el 21 de julio pasado.

Bien es cierto que tras el fracaso de la operación, que se saldó con siete terroristas muertos, el 24 Al Qaeda del Magreb Islámico asesinaba a Germeaneau, pero que el asunto pudo haberse saldado de otra manera si el Gobierno español hubiera aceptado la propuesta de Sarkozy de asaltar conjunta y sincronizadamente los campamentos de Abu Zeid y de Mokhtar Belmokhtar, los dos cabecillas de Al Qaeda, que tenían retenidos al francés y a los cooperantes españoles. Pero las autoridades españolas, en lugar de sumarse a la acción, se mostraron preocupadas e inquietas durante una larga semana no fuera a que los rehenes españoles fueran ejecutados por solidaridad entre grupos terroristas afines y hay quien afirma incluso que pusieron sobreaviso a los terroristas islamistas.

Porque a lo que el mandatario español aspira es a no comprometerse politicamente con nada que pueda perjudicarle aunque ello suponga dejar a sus socios comunitarios ante el dilema de tener que pagar al terrorismo y tener un Ejército para hacer de bomberos, achicar agua en las inundaciones, aunque ello tenga un grave coste: someterse a las intimidaciones y exigencias de cualquier individuo o grupo de individuos desarrapados y mugrientos que amenace o amenacen a un ciudadano español con una pistola.

Que sea el Gobierno el que delinque, el que se rebaja a la altura de los terroristas, negocia con ellos y pone precio a la vida de sus ciudadanos no es en absoluto de recibo. Entre otras cosas porque salvo en los Estados Unidos y algún que otro país aislado, donde está permitido portar armas de fuego y emplearlas en defensa propia, en toda Europa y especialmente en España el uso legítimo de la violencia es una prerrogativa del Estado. En consecuencia, velar por la seguridad y la integridad de todos sus ciudadanos lo es también.

EL GOBIERNO DETENTA EL USO LEGÍTIMO DE LA VIOLENCIA PARA TENER AL EJERCITO EJERCIENDO DE BOMBEROS O ACHICANDO INUNDACIONES Y A LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE BRAZOS CRUZADOS

Y, que se sepa, en ningún momento la ministra de Defensa, Carmen Chacón o el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidieron hacer el uso proporcionado y adecuado de la fuerza para liberar a punta de pistola o con gases lacrimógenos que eso da lo mismo a los cooperantes españoles, teniendo detenido y a su disposición en Nuakchott al jefe de los comandos y pudiendo contar con información de primera mano para llegar a sus madrigueras.

Tampoco puede argüirse que se haya tratado de un problema de falta de medios, que el Gobierno los tiene de sobra, sino de una clara falta de voluntad política para hacer frente al terrorismo. Antes que Francia decidiera hacer frente al terrorismo, otros países como Israel mandaron a sus unidades de élite en julio de 1976 al aeropuerto de Entebbe (Uganda), a casi 4.000 kilómetros de distancia, a liberar a sus 103 ciudadanos secuestrados por terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, abatiendo a 13 terroristas alemanes y palestinos y liberando a la mayoría de los rehenes. Un año más tarde, en noviembre de 1977 la República Federal de Alemania hacía lo mismo. Enviaba a su unidad de élite, el GSG-9, a Mogadiscio (Somalia) a asaltar un avión secuestrado de la Lufthansa y a salvar la vida a un centenar de pasajeros rehenes de otro comando palestino.

Por eso, la actitud del Gobierno español, que dispone de dos unidades de élite, la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil y los Grupos Especiales de Operaciones (GEOS) de la Policía Nacional, es más reprobable aún. Porque pese a que el Código Penal sigue tipificando como delito muy grave el pago de rescates o cualquier auxilio a grupos terroristas, es el propio Estado el primero en incumplir sus propias leyes.

De manera que quienes han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en el desierto, tienen desde hoy muchos más medios económicos para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar especialmente españoles. No es probable, sin embargo, que se fijen precisamente en Miguel Ángel Moratinos, Alfredo Pérez Rubalcaba o en la mitad o más del Gobierno de Rodríguez Zapatero, los cuales según todos los observadores están de sobra en el gabinete y que en el caso, no deseable por supuesto, de que estuvieran el tiempo exacto de un embarazo en cautiverio es probable que nadie les echara en falta.