EL MINISTRO CAAMAÑO QUIERE CONVERTIR A LA JUSTICIA ESPAÑOLA EN UN APENDICE DEL GOBIERNO

El ministro de Justicia Francisco Caamaño, uno de los perros más fieles de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de anunciar que este mismo año presentará un primer borrador de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que trasladará la instrucción penal a las Fiscalías y modificará la actual regulación de la acusación popular.

De esta manera la incoación de las causas recaería sustancialmente en el ministerio público, que coordinaría la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado y dirigiría las investigaciones, limitándose los actuales jueces de Instrucción y Primera Instancia a dictar las medidas cautelares correspondientes en cada caso.

Este paquete de medidas seria del todo encomiable y positivo posible si lo único que se pretendiera fuera desatascar de trabajo a los juzgados de Instrucción, primera Instancia, de Familia, Violencia de Género y Mercantiles y acelerar la instrucción de las causas judiciales. De hecho, en Estados Unidos, la investigación criminal esta encomendada exclusivamente a los fiscales y a sus ayudantes, elegidos democráticamente por el pueblo, y el sistema funciona bastante mejor que en España.

Sin embargo nos tememos que, en este caso, lo que pretende el ministro Caamaño, masón de pro, no es que la Justicia española brille y resplandezca con luz propia sino todo lo contrario. El modelo que va a proponer mucho nos tememos no va a asemejarse al norteamericano sino más bien al francés donde el parquet ─ así se llama allí al conjunto del sistema judicial─ depende en última instancia del titular de la cartera de Justicia, el hombre sin duda más poderoso del país y que más resortes maneja después del primer ministro.

En el país vecino, de hecho, el titular de la cartera de Justicia puede remover a los jueces molestos e independientes, cambiarlos de destino y levantar o hundir su carrera. Pero, lo que es más grave, dentro de sus facultades está la de inspeccionar las salas de justicia, examinar los sumarios, trocearlos a conveniencia del poder político de turno y adjudicar aquellos asuntos más delicados a jueces de la cuerda del partido del Gobierno.

EN LUGAR DE POTENCIAR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL GOBIERNO PRETENDE ATAR CORTOS A LOS JUECES AMPLIANDO LAS COMPETENCIAS DE LOS FISCALES QUE DEPENDEN DEL EJECUTIVO Y QUE SE RIGEN POR UN ESTATUTO QUE LES HACE MUY VULNERABLES

Este trabajo sucio de convertir a la Justicia en un mero apéndice de los políticos lo hace directamente el ministro un utiliza como «botones Sacarino» a los procuradores generales de las tres instancias judiciales (Tribunaux de grande instance, Cours d’appel y Cour de casatión) sin que nadie se lleve las manos a la cabeza, salvo un puñado de jueces independientes que se niegan a que su trabajo sea meditizado, a convertirse en poco más que en prostitutas bien pagadas del Gobierno de turno.

Por esta razón y no por otra, las decenas de sumarios incoados por corrupción contra Francois Mitterrand y otros mandatarios, que se incoaron en su mayor parte en Paris, acabaron archivándose en Burdeos o en la región del Garoña, por poner dos ejemplos. Y con los que se incoaron contra sus antecesores y sucesores en el poder, Valery Giscard D’Estaing y Jacques Chirac ha ocurrido exactamente lo mismo.

Todo ello lo tengo contado en mi libro El secuestro de la Justicia, donde medio centenar de jueces y magistrados galos se lamentan amargamente de la constante manipulación a que les somete el poder político. Y otros, como Thierry Jean-Pierre (vale la pena leeer su libro Bon apetit, menssieur! en el que cuenta por qué dejó la Justicia), relatan los miles de ataques a que sometido cuando investigó el affaire Urba, una de las tramas financieras del Partido Socialista Francés, que tuvo que abandonar por las presiones del ministro de Justicia, abandonando al mismo tiempo con asco la Justicia de su país.

Fuertemente influenciado por la poderosa masonería francesa (el Gran Oriente), que se jacta de controlar todos y cada uno de los órganos judiciales de aquel país, la reforma de Francisco Caamaño, no parece que vaya a discurrir por otros cauces. Con un ministerio público como el Español que se rige por los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica de sus superiores y defensa de la legalidad, pero donde prima por encima de todo es la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, nombrado a ultima instancia por el Gobierno, una reforma de esa índole sólo conduce a politizar aún más la justicia, a ponerla al servicio del poder y a convertirla en la voz de su amo al estilo francés.

Es lo inevitable. Para que eso no ocurra había que modificar de arriba abajo el Estatuto Fiscal, dotar a sus miembros de plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, garantizar por Ley la inamovilidad de sus cargos como ocurre con los jueces, incrementar las competencias de las Juntas de Fiscales, romper todas sus ataduras con el ministerio de Justicia y vincularlos orgánica y funcionalmente al Consejo General del Poder Judicial y, por último─ lo más importante─ modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el cargo del Fiscal General del Estado sea de elección directa por el pueblo con un mandato mínimo de seis años, para que no coincida con los periodos electorales.

Pero mucho me temo que ni PP ni PSOE son partidarios de dotar a las nación y a las instituciones españolas de una Justicia independiente para lo cual lo primero que habría que hacer es cerrar el ministerio de Justicia, sino todo lo contrario: unos y otros tratan de convertirla cada vez más en un apéndice del Gobierno de turno.

El intento de acabar con regular la acción popular ─asunto que aparece claramente relacionado con los sumarios que se siguen en el Tribunal Supremo a Baltasar Garzón que no podrían celebrarse sin la acción popular al haber retirado la fiscalía la acusación ─; la acción popular, repito, la única manera que tenían hasta ahora los ciudadanos de exigir la persecución de los delitos al margen de los intereses del ministerio Fiscal, del Gobierno y de los partidos políticos, cada vez más empeñados en asesinar a cuantas veces haga falta al barón de Montesquieu e imponer sus normas y criterios privativos y partidistas ─la ley de la selva─, es un asunto más grave. Por eso merece comentario aparte.

LA VERDADERA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE LOS GAL

EL OPERATIVO FUE INVENTADO POR LA UCD PARA PONER FIN A LA MATANZA DE SUS DIRIGIENTES VASCOS, PERO SOLO ACTUÓ UNA VEZ

El 29 de septiembre de 1980 ETA político militar asesina en Vitoria al secretario de organización y miembro de la ejecutiva de UCD en el País Vasco José Ignacio Ustarán, tras secuestrarlo en su casa de la Avenida Gasteiz.

El 23 de octubre el etarra Juan Carlos Arruti Aspitarte Paterra asesina en el restaurante Iriondo de Elgoibar al ex alcalde de la localidad y dirigente del partido del Gobierno en Guipúzcoa, Jaime Arrese Arizmendiarrieta.

Apenas una semana después, el 31 de octubre un comando terrorista mata a la salida de su casa de San Sebastián Juan de Dios Doval Mateo, profesor de Derecho Procesal y miembro de la ejecutiva de Unión de Centro Democrático.

Los planes de ETA son exterminar a la UCD vasca, asesinando uno tras otro a todos los miembros de su dirección. En La Moncloa y en el Ministerio del Interior, en el número 5 del Paseo de la Castellana, Adolfo Suárez y Juan José Rosón son conscientes de que hay en marcha una «limpieza étnica» en contra de los suyos.

El presidente de la formación política en Euskadi, el alavés Jesús María Viana lo confirma plenamente después de regresar a Madrid desde una finca de Extremadura donde han estado escondidos durante unos días todos los miembros de la dirección política del partido del Gobierno, mientras en la sedes provinciales de la formación política se queman los archivos y los militantes empiezan a darse de baja masivamente.

«Se trata de ellos o nosotros», le dice Chus Viana a Adolfo Suárez en un encuentro en el Congreso de los Diputados. La sospecha de que los terroristas han interrogado en su propia casa al primer asesinado, Ustarán, secretario de organización del partido y le han arrancado la lista de los principales dirigentes ─ Alfredo Marco Tabar, Marcelino Oreja, Julen Guimón, Jaime Mayor Oreja, Jaime del Burgo y otros ─ hace que el pánico se apodere de muchos dirigentes y el terror se implante en sus familias.

Desde el nacimiento de ETA en julio de 1961 hasta entonces, la mayor parte de la guerra sucia en contra de la banda terrorista había sido algo espontáneo, voluntarista, realizada mayoritariamente por policías y elementos de extrema derecha, sin ningún tipo de organización ni método y, mucho menos, de financiación desde el Estado.

Los planes de ETA encaminados a demoler y a aniquilar a la plana mayor de la UCD en las Vascongadas dio un giro de 180 grados al asunto. En La Moncloa y el Ministerio del Interior se decide crear un grupo de acción perfectamente entrenado y preparado para llevar a cabo acciones selectivas, perfectamente planificadas y estructuradas, en el Sur de Francia, con el objetivo de acabar con los principales dirigentes de Euskadi Ta Askatasuna y acabar así con la matanza de dirigentes políticos.

TRAS EL FRACASO DEL ATENTADO AL BAR HENDAYAIS, CON EL QUE SE TRATÓ DE VENGAR LA MUERTE DE USTARÁN, ARRESE Y DOVAL, EL TERRORISMO DE ESTADO IMPLANTADO EN LA ETAPA DE SUAREZ NO VOLVIÓ A ACTUAR Y LOS PLANES ELABORADOS POR EL CESID SE MANTUVIERON DORMIDOS

En la organización, reclutamiento y planificación de la organización paramilitar dedicada a implantar el terrorismo de Estado en los santuarios terroristas participan todos los organismos implicados en la lucha antiterrorista. El Cesid se encarga de elaborar los primeros documentos, de falsificar pasaportes y carnets de conducir franceses para dar cobertura legal a las acciones y redacta también el acta fundacional del grupo contrainsurgente. La Comisaría General de Información que dirige entonces el comisario Manuel Ballesteros, recientemente fallecido, recluta a los mercenarios entre pistoleros de la extrema derecha italiana, la Triple A argentina y pied noirs franceses.

Uno de los documentos elaborados en la etapa de UCD es el mismo que el llamado «acta fundacional de los GAL». Según tiene publicado Juan Carlos Escudier el texto llega a manos de Pedro J. Ramírez y este se niega a publicarlo. «No voy a ser yo quien responsabilice a Adolfo Suárez de algo que compete pura y exclusivamente a Felipe González», responde, al parecer, el periodista-embaucador cuando un reportero le presenta copia del documento y le ofrece la posibilidad de que lo contraste con el que Juan Alberto Perote le vendió a Mario Conde y acabó en poder el periódico de la calle Pradillo.

El primera atentado de lo que, pasado el tiempo, sería el embrión de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se produce en 23 de noviembre de 1980. Ese atardecer tres pistoleros franceses nacidos en Aix Ex Provence, uno de ellos llamado Jean Pierre Cherid, radicados en Madrid y en la costa española, con más miedo que vergüenza abren las puertas del bar Hendayais y vacían sus armas contra los clientes que se hallan en su interior. A consecuencia de la primera operación oficial de terrorismo de Estado pierden la vida el trabajador José Camio y el jubilado Jean Pierre Aramendi, ambos sin filiación política conocida y otras diez personas más resultan heridas.

Poco después de suceder los hechos, a escasos kilómetros, tres individuos cruzaron el puesto fronterizo de Santiago, en Irún, en un automóvil Renault 18 de color verde con matrícula falsa y sin documentación. El vehículo atravesó la frontera a gran velocidad, saltándose los controles de la gendarmería, adentrándose en territorio español y entregándose brazos en alto a la Policía Nacional. Cuando trataron de ser interrogados, les facilitaron un número de teléfono y dijeron al unísono.

─ ¡Llamen a este número! ¡Llamen a este número!

Una hora más tarde, tras una llamada telefónica a Madrid, la policía nacional los dejaría en libertad. El número de teléfono al cual se llamó, resultó ser el de Manuel Ballesteros, el comisario que estaba entonces al frente del Mando Único para la Lucha Contraterrorista, condenado en dos ocasiones por denegación de auxilio a la Justicia en la Audiencia Provincial de San Sebastián y absuelto otras tantas veces por el Tribunal Supremo.

Tras aquel estrepitoso fracaso, los GAL de UCD, no realizaron ninguna otra acción de castigo en Francia. Tampoco las circunstancias lo aconsejaban. Semanas más tarde dimitiría de su cargo, se produciría en golpe de estado del 23-F, y la red compuesta por dos docenas de terroristas reclutados para llevar el terrorismo de Estado al Sur de Francia quedó inoperativa, dormida, en stand by por un tiempo.

Cuando el 28 de octubre de 1982 llega Felipe González al poder cree que ETA no se va atrever a atentar contra un partido que ha ganado las elecciones generales por mayoría abrumadora. El 4 de noviembre de 1982 salen de su error. ETA asesina en Madrid al general Víctor Lago Román jefe de la División Acorazada Brunete 1 y, posteriormente, a los también general Guillermo Quintana Lacaci, al vicealmirante Fausto Escrigas y a otros muchos jefes del Ejercito. No sería hasta el 18 de octubre del año siguiente, con motivo del asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios hasta que no se pone en marcha la infernal maquina de matar.

Por informaciones recibidas desde Francia y los informes del Cesid Felipe González conoce al dedillo los planes de ETA:

A.- Provocar al Ejército en Madrid asesinando a sus figuras más relevantes para provocar un segundo golpe de Estado que acabe con el sistema democrático.

B.- Balcanizar el País Vasco, masacrando y exterminando sistemáticamente a los dirigentes del PSOE con el fin de, una vez provocada la desbandada de la UCD, hacer lo mismo con los socialistas. Y una vez aniquilados los llamados partidos españolistas en Euskadi, imponer la ruptura democrática y establecer entre las fuerzas sociales y los partidos nacionalistas y abertzales una república independiente, socialista y euskaldún.

EL TERROR A UNA BALCANIZACIÓN DEL PAIS VASCO Y A UNA MATANZA DE SUS DIRIGENTES, COMO OCURRIÓ CON UCD, IMPULSO AL PSOE A UTILIZAR LOS ATAJOS PARA ACABAR CON ETA

El asesinato el 23 de febrero de 1984, tercer aniversario del golpe de estado del senador socialista Enrique Casas en su casa de San Sebastián por los Comandos Autónomos Anticapitalistas revelan que el análisis no estaba descaminado.

Para hacer frente a estas dos graves amenazas al sistema democrático, el presidente del Gobierno decide tomar un atajo y luchar contra ETA desde las alcantarillas. Con tal fin, una vez analizado en profundidad el análisis del atentado al bar Endayais, se decide reactivar la lucha clandestina, poniendo a su frente a un estado mayor militar capaz de planificar y coordinar las acciones con los distintos servicios policiales encargados de reclutar a los mercenarios.

Era la única manera de poner fin, además, a la falta de profesionalidad, a la improvisación y a los garrafales errores cometidos los días previos al asesinato de Martín Barrios, cuando varios miembros de los GEOS fueron detenidos en Francia al intentar secuestrar al dirigente de ETA José María Larretxea Goñi y un grupo de mercenarios confundió a un ciudadano francés, Segundo Marey, con otro dirigente de la banda armada, lo capturó y lo trajo a España.

Siguiendo órdenes del poder político, uno de los secretarios generales de La Moncloa viaja a la embajada de España en París y se trae destinado a la presidencia del Gobierno a uno de los agregados militares. Esta persona, auxiliada por dos comisarios de policía y dos coroneles de la Guardia Civil serán los máximos responsables de la planificación y la puesta en marcha en delante de la lucha antiterrorista clandestina que se cobraría casi una treintena de muertos con muchos menos fallos. Por lo tanto, cuando Felipe González declara «Yo me limité a reactivar lo que se había puesto en marcha durante la UCD y se suspendió a raíz del golpe del 23 F» no le falta razón. En un momento de gran desesperación Adolfo Suárez autorizó el uso de la guerra sucia para acabar con ETA. Pero solo hubo un atentado contra la banda armada, el del Bar Hendayais, y no la larga lista de operaciones clandestinas que le atribuyen los grupos periodísticos cercanos al PSOE. Atentados organizados en su mayoría por la maraña de servicios secretos de la Transición, que camparon a sus anchas a comienzos de la transición democrática, salvo el intento de asesinato en Argel del independentista canario Antonio Cubillo Ferreira, que se planificó en el ministerio del Interior y llevaron a cabo los pistoleros a sueldo del comisario Roberto Conesa. Todo lo demás que se diga es arrojar inmundicia y basura innecesariamente sobre la figura de Adolfo Suárez González.

El gran inspirador y valedor intelectual de los Grupos Antiterroristas de Liberación fue, pese a que posteriormente utilizó el desmantelamiento del terrorismo de estado para acabar con Felipe González, el periodista Pedro J. Ramírez Codina actual director de El Mundo. Todos los datos, sin posibilidad de ser refutados, aparecen relatados cronológicamente en mi libro Pedro J. Ramírez, al desnudo.

ACABAR CON LOS LIBERADOS SINDICALES, COMO PROPONE ESPERANZA AGUIRRE, ES UNA EXCELENTE MEDIDA PERO INSUFICIENTE LA ÚNICA FORMA DE

LA ÚNICA FORMA DE PONER FIN AL SINDICALISMO DE «BIBERON» ES CORTARLE TODOS LOS GRIFOS FINANCIEROS, COMO SE HIZO CON ETA

Lo tengo escrito en mí libro Pacto de Silencio y por eso sólo tengo que limitarme a copiarlo:

«Cuando Alberto Ruiz Gallardón llegó en 1995 a la Comunidad Autónoma de Madrid una de las primeras sorpresas con las que se encontró fue con qué, en la mayoría de las dependencias de la Administración, se habían pagado centenares de millones de pesetas a los sindicatos por informes al estilo del «caso Filesa».

Uno de los departamentos afectados era la Consejería de Hacienda, que dirige Antonio Betteta.

─ ¿Y quién encargó este informe? ─ preguntó.

─ No está claro. Se dice que lo trajeron los sindicatos. Pero, ¿lo encargó alguien? ¿Sirve, al menos, para algo? ─ Betteta fuera de sus casillas.

─ ¡Qué va! Es una fotocopia de la traducción de la reglamentación europea. Me han dicho que es el peaje anual que hay que pagar a los sindicatos.

El caso, Lamentablemente, no era anecdótico. Los sindicatos se dedican desde entonces e incluso desde mucho antes a sostener a sus burocratizadas estructuras utilizando el sistema mexicano de la mordida a las arcas públicas.

Meses después de haberse publicado el libro lo comprobé de nuevo en una visita que hice a Víctor C., casado entonces con la doctora Inmaculada Sánchez. Nombrado responsable de un organismo de la Comunidad de Madrid encargado de gestionar las altas y bajas por enfermedad de los funcionarios de la Comunidad de Madrid, al poco tiempo de tomar posesión de su cargo recibió la visita de la gente de CC.OO. y UGT que venían a «reclamar» el «impuesto revolucionario». Para «justificar» oficialmente el pago de 12 millones de las antiguas pesetas cada uno traían bajo el brazo tres tomos de fotocopias exactamente iguales a otros doce tomos que se amontonaban en una estantería, lo que parecía indicar que la coima venía al menos de cuatro años atrás.

Es encomiable y muy valiente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de reducir a un tercio la lista de más de 3.000 sindicalistas liberados, que cobran por utilizar el tiempo que deberían emplear en trabajar, en organizar «huelgas políticas» en aquellas empresas públicas y organismos de la Comunidad Autónoma ─ Telemadrid, Metro o en la red de hospitales públicos ─ que mejor funcionan y que más servicios prestan a los ciudadanos con tal de sembrar el caos y facilitar la llegada del PSOE al poder.

Desde mi punto de vista, sin embargo, no basta con ello. Las administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las grandes capitales deberían retirar todo tipo de subvenciones a Comisiones Obreras y UGT, ese ejército de parásitos de la sociedad de la familia de los chupópteros cuya única actividad es la de vivir del cuento, del gorroneo, de no pegar golpe, y simular al mismo tiempo que están defendiendo los derechos sindicales.

Pero no una sino todas las subvenciones. Las que reciben por el hecho de ser representantes supuestamente de la clase obrera (al igual que la patronal, que debería ser tratada por el mismo patrón); las que se le otorgan para impartir cursos de formación profesional que nunca se imparten; el dinero que reciben por las llamadas »políticas activas»; las ayudas de todo género de la Comunidad Europea… Y, por último, el dinero de las extorsiones a que someten a cada organismo de la administración para mantener la paz social.

COMO EN LA PELÍCULA LA LEY DEL SILENCIO MUCHAS EMPRESAS QUE CARECEN DE MEDIOS PARA PRESENTAR UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ANTE LOS TRIBUNALES HAN DE SOBORNAR ANTES A LOS SINDICATOS PARA EVITARSE PROBLEMAS

Y un nuevo tipo de soborno que también existe pero del que muy pocas veces se habla. El que se ven forzados a pagar los empresarios cuyas sociedades entran en suspensión de pagos o quiebra y necesitan presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) o a un cierre patronal mediante el procedimiento concursal ante los tribunales, para templar gaitas e impedir que los trabajadores exaltados ─ en algunos casos impulsados por los propios sindicatos si no se atiende a sus exigencias ─ se dediquen a romper todo lo que encuentran a su paso o incluso a amenazar a los dueños de la compañía.

Recuerdo porque lo viví en carne propia el caso del cierre patronal de Diario 16. Un despacho de abogados laboralistas cercano a Comisiones Obreras tuvo el descaro de pedir 145 millones de las antiguas pesetas, cuando no había dinero ni siquiera para comprar el papel para imprimir el rotativo, aprovechándose de la desgracia de centenares de trabajadores que perdían sus puestos de trabajo, cuya defensa ante los tribunales de Justicia y reivindicaciones ante la empresa y los bancos que financiaban el periódico apenas les importó.

Por eso unas cúpulas sindicales que viven más pendientes del olor de la basura, de la carroña, al igual que los buitres y el resto de las rapaces, en lugar de ponerse al lado de los cinco millones de parados ─ la clase social que dicen representar ─ y defender sus derechos, no tienen razón de ser en una sociedad democrática, por mucho que ahora se empeñen en agravar la situación de crisis convocando una huelga general para el 28 de este mes con el fin de cubrir las apariencias.

Además, al carecer de legitimidad, muchos de sus dirigentes que se dedican a la extorsión de empresas con problemas están más cerca de ese cosa ruin y mezquina que fue sindicato de estibadores del puerto de Nueva York, según la película La Ley del silencio de Elia Kazan, que de un colectivo solidario y honesto, cuya meta debería ser única y exclusivamente la defensa de los derechos individuales y colectivos de los asalariados por cuenta ajena.

De ahí que la medida de Esperanza Aguirre de suprimir dos tercios de la enorme casta de sindicalistas liberados debería ser sólo el primer paso para exterminar a esta plaga de individuos oportunistas, inútiles e incluso, en muchos casos, explotadores de los infortunios y las adversidades de aquellos a los que dicen servir. Sin olvidar, claro, que la única manera de acabar con ellos ─ salvo los que vivan de sus propias cuotas como es el caso de Unión Sindical Obrera (USO) ─ como casta es sólo cortándoles el grifo del dinero público, poniendo coto a los «atracos» a las empresas e instituciones públicas con falsos informes y exigiendo a los empresarios en dificultades que se nieguen al chantaje de la sangría dineraria que supone comprar la paz social cuando no se tiene dinero ni para contratar un abogado que presente un procedimiento concursal ante los tribunales.

¿PRETENDE PEDRO J. RAMIREZ ABDUCIR «GRATIS TOTAL» LA CADENA COPE?

DIRIGENTES DEL PP DE DENTRO DE LA CADENA Y OTROS AMIGOS DE SU PRESIDENTE HAN ABIERTO LAS PUERTAS AL TIPO QUE HACE APENAS DOS AÑOS HIZO LA MÁS FEROZ CAMPAÑA PERIODISTICA PARA LAMINAR A MARIANO RAJOY

Por eso de que es aficionado a los palitos, al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, le gusta más una cadena de radio que a un niño un pirulí o a un tonto una tiza y en varias ocasiones ha estado a punto de matar por hacerse con una «gratis total». Entre 1980 y 1986 el periódico escribió cerca de un millar de artículos censurando al Gobierno de Felipe González por hacerle concedido su participación en Unión Radio a Jesús Polanco y, poco después, a Javier Godó por desprenderse de Antena 3 Radio en beneficio del editor de la calle Miguel Yuste sin cederle a él una parte del pastel.

He aquí, por ejemplo, el capítulo de agravios que publicaba el lunes 2 de octubre de 1985 el periódico del entonces amante ocasional de Exuperancia Rapú:

«Sin la luz verde del Gobierno Polanco no había podido comprar la SER, rescatando luego a precio de saldo las acciones del Gobierno.- 2.- Sin protección gubernamental jamás habría podido conseguir Canal Plus televisión de pago concedida bajo el principio de interés público, beneficiándose de un monopolio, la TV de pago. 3.- Sin el respaldo monclovita nunca se habría podido primero adquirir y eliminar después A3 de Radio vulnerando al menos tres leyes diferentes. 4.- Sin la complicidad felipista nunca hubiera podido firmar Eductrade su convenio con Focoex, que le ha reportado 40.000 millones de créditos FAD. 5.- Sin este bochornoso «do ut des» jamás hubiera firmado telefónica con Prisa un acuerdo para la explotación en exclusiva de la TV por cable».

La consulta de los archivos del matutino revela que el ideólogo intelectual de los GAL y del terrorismo de Estado, en su etapa de director de Diario 16, que luego combatió con el mismo ardor con el que había contribuido a crearlo dedicó en ese semestre 134 documentos y 277 referencias al editor de El País, todas ellas naturalmente para quejarse del supuesto trato de favor que González dispensaba a Jesús Polanco.

No se trataba de defender, como pudiera parecerlo, la libertad de expresión ni el pluralismo periodístico. Lo que pretendía el reportero logroñés era, ni más ni menos, que le dieran a él la posibilidad de ser dueño de una cadena como al SER sin poner un duro, que la prensa no ha estado nunca ni está para grandes dispendios.

La ocasión se le presentó en 1996, con la llegada de José María Aznar al poder. Autoproclamándose el único e incontrovertible artífice de la victoria electoral del PP, por la cantidad de basura arrojada desde las páginas del rotativo de Unidad Editorial sobre los socialistas, el autoerigido Ben Bradlee de la prensa española intentó cobrarse su botín en forma de grupo multimedia para lo que era necesario que Telefónica aportara una cadena de radio y otra de televisión. «Tenía una cara dura que se la pisaba. El PP y Telefónica, teníamos que comprar una radio y una televisión y entregárselas a él para que hiciera lo que le diera la gana. Entre tanto, El Mundo sólo era suyo y no ponía ni un duro en la operación», recuerda C., uno de los jefes de prensa de la calle Génova.

Cuando intentó cobrarse la primera pieza, la cadena de radio Onda Cero se encontró al frente de la primera empresa de telecomunicaciones al empresario aragonés César Alierta que se negó a aceptar el despojo. Lo pagó caro. A partir del 9 de enero de 2002 la «ametralladora» de la calle Pradillo le dedicó 54 portadas casi consecutivas y otros tantos editoriales encaminados a denunciar una supuesta irregularidad en su etapa de presidente de Tabacalera en 1997. Finalmente, en el verano de 2009, los tribunales consideraron que no existía ninguno de los delitos que se le imputaban en El Mundo y resultaba absuelto tras sufrir el «terrorismo periodístico» durante casi ocho años.

El segundo asalto a una cadena de radio ajena se producía, según teme un sector de la Conferencia Episcopal Española, hace apenas unos meses. Tras el cese de Federico Jiménez Losantos y César Vidal como conductores de los programas estrella de la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), por presiones del Partido Popular, y la creación de esRadio, las emisoras de los curas perdieron dos tercios de sus oyentes en menos de un año gracias al buen hacer profesional de un periodista como la copa de un pino, Ignacio Villa, brillante cual bombilla.

Con el fin de que la situación no se deteriorara aún más, personas afines al partido de la calle Génova, entre ellas un hermano de Alberto Fernández Díaz, un tal Jorge, el «hombre para todo» de Mariano Rajoy en su etapa de ministro de Administraciones Públicas (cuando a Paco Maruhenda le daba por coleccionar libros contantes y sonantes), propusieron a la Conferencia Episcopal el fichaje de Ernesto Sáez de Buruaga, no se sabe si con el propósito de que se forrara un poco más los riñones o abdujera la cadena en beneficio de sus amigos y protectores.

EL MUNDO PUBLICÓ HACE UNAS SEMANAS QUE UN SACERDOTE PEDERASTA TRAS CALZARSE A LOS NIÑOS LES MANDABA A REZAR UN PADRENUESTRO. EL DIRECTOR DEL PERIÓDICO, PILLADO IN FRAGANTI SOSTENIENDO RELACIONES HOMOSEXUALES, APARECE AHORA COMO TERTULIANO DE LA COPE. ¿IDÉNTICOS PARECERES O TRATA PEDRO J. DE CALZARSE A LA COPE?

Porque no hay que olvidar que a comienzos del siglo XXI, el sobrino-nieto de una larga lista de militares franquistas fue otro de los elegidos digitalmente para crear y pilotar, junto a otros, el multimedia del PP con dinero de Telefónica (a la que nos hemos referido), para lo que previamente se atracó a Antonio Asensio y a la ONCE para quedarse con Antena 3 Televisión y Onda Cero. Según el periodista deportivo José María García, el burgalés Sáenz de Buroaga era entonces un simple presentador de TVE que por hacerle una entrevista palaciega a José María Aznar, una especie de «felación periodística», según García, fue nombrado consejero-delegado del futuro grupo periodístico afín de la calle Génova.

Hay chocó con el director de El Mundo, que pretendía ser el «amo» exclusivo. Sus apetencias de mandar en el grupo y su osadía al insular a su presidente César Alierta en su propia casa, Onda Cero, acabó provocando una tumultuosa ruptura entre Pedro J. Ramírez y Ernesto Sáenz de Buroaga, calificado por «informador-terrorista» como «botones Sacarino» y «la voz de su amo» por consumar, según él, la tremenda osadía y la traición periodística de entregarle la carta de cese.

Así las cosas, nada más enterarse del «fichaje» de Sáenz de Buruaga, el periodista logroñés decidió, pelillos a la mar, matar dos pájaros de un tiro. Fulminó a su hasta entonces amigo Melchor Miralles, el periodista que le hizo un hombre (es un decir) al destapar los escándalos de los GAL que Ramírez había inspirado intelectualmente años antes, para echárselos a Felipe González a la cara, y contrató al Tribulete burgalés como director de Veo Televisión, para que pudiera garantizarse dos retiros dorados por el precio de una.

Pero no lo hacía porque de pronto se hubiera enamorado de los «botones», especialmente de los acostumbrados a percibir por sus servicios prestados indemnizaciones milmillonarias y que en los últimos años se había dedicado a coleccionar documentos sobre las «cabronadas» presuntos «atracos legales» hechos por Pedro J. Ramírez a sus compañeros «por si algún día tengo que defenderme», según me contó en Tele Madrid. Lo contrataba porque, según fuentes autorizadas, atisbaba que teniéndolo de su parte y utilizándolo como Caballo de Troya podía asaltar sin peligro la cadena de emisoras de los obispos, una de sus metas más acariciadas desde que Antonio Herrero estaba al frente del programa La Mañana, hace casi 20 años.

La aparición del llamado Luis Candelas de la Prensa española el lunes seis de septiembre como fichaje estrella en la tertulia de la COPE es un dato más a tener en cuenta. Porque, según se dice, Ramírez-Candelas no sólo aspira a vender más ejemplares de El Mundo utilizando el pulpito de los obispos, lo que supondría una competencia desleal hacia otros medios que también ponen la cruz en la casilla Iglesia Católica de la declaración de la renta y que teóricamente tendrían el mismo derecho, sino a algo más. Los que pretende es robarle presuntamente el santo y la limosna a la Conferencia Episcopal Española.

Fuentes generalmente bien informadas aseguran, por otra parte, que el periodista que acabó con la carrera política de Carlos Solchaga porque Transmediterránea le regaló un día un billete de barco «gratis total» que podría hacerlo, además, con la connivencia de un sector del Partido Popular que lo tiene todavía por un periodista íntegro, honesto y, sobre todo, de fiar, a pesar de su negativa a demoler la piscina ilegal que compró en 2001 en la isla de Mallorca, cque disfruta con la connivencia del presunto delincuente y mandatario insular Jaume Matas.

Con lo cual el único periodista del mundo que ha sido pillado in fraganti siendo sodomizado por una negra y, en lugar de marcharse a su casa con las orejas gachas y avergonzado, como ocurre sin excepción en el mundo anglosajón, va a seguir impartiendo doctrina a todo el mundo y a convertirse en la alternativa periodística oficial a Intereconomía y a esRadio. Lo único que le falta es que, al igual que un sacerdote que acaban de coger en los Países Bajos practicando el sexo contra natura, según relataba días pasados con bastante sorna El Mundo, su director, el mayor degenerado conocido hasta ahora en la prensa española mande también a los feligreses de la COPE a rezar un padrenuestro.

(En la fotos, Pedro J. Ramírez, con su amigo el ex presidente de Baleares Jaume Matas, uno de los mayores delincuentes de las islas, el individuo que le «legalizó» una piscina construida en zona marítimo-terrestre, de dominio público y su liegal pileta)

HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA: CONSTERNACIÓN EN LA GRANDEZA DE ESPAÑA PORQUE AGATHA RUÍZ DE LA PRADA LE HAYA «BIRLADO» DOS TÍTULOS A SU TÍO.

SEGÚN EL PERIODISTA MIGUEL ANGEL AGUILAR, LA MANIOBRA SE TRAMÓ POR PEDRO J. RAMÍREZ EN LA MONCLOA HACE 5 AÑOS AL CAMBIAR EL SENTIDO DE UNA LEY.

Ha causado profunda consternación y enojo entre la Grandeza de España, esa rancia casta que defiende los privilegios de una serie de personas a las que coloca por encima de las demás en virtud de unos caducos títulos nobiliarios, la concesión de los títulos de Marqués de Castelldosríus, con Grandeza de España, y de Barón de Santa Pau a favor de Ágatha Ruiz de la Prada y de Sentmenat, esperpéntica diseñadora de moda de fama internacional por sus excentricidades.

La concesión de estos «galardones» apareció publicada el miércoles 11 de agosto pasado, en plenas vacaciones veraniegas, mediante la cual se manda expedir la Real Carta de Sucesión en los títulos de Marqués de Castelldosríus, con Grandeza de España, y de Barón de Santa Pau a favor de la tal Ruiz de la Prada en detrimento de su tío Santiago de Sentmenat y Urruela, que ostentaba estos títulos legalmente en virtud de la legislación vigentes hasta entonces y que ha sido arbitrariamente desposeídos de los mismos para concedérselos a la «amante» de Pedro J. Ramírez, el director del diario El Mundo.

Varios de los miembros de la Grandeza de España han calificado el asunto en privado de «brutal arbitrariedad» y de «auténtica canallada» en contra del verdadero depositario de ambos títulos debido a las presiones sobre el Gobierno del periodista Pedro J. Ramírez.

Este estúpido así como inocuo embrollo arranca de la publicación, un año después de la concesión de ambos títulos a Sentmenat Urruela de la Ley 32/2006 de 30 de octubre sobre la igualdad del hombres y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, lo cual parece, en todo caso, una medida justa si se hubiera ajustado a Derecho.

Con el fin de que la Ley se aplicara sin causar perjuicios a los hombres, que lo venían ostentando hasta entonces, los representantes de la Grandeza de España se reunieron con el Rey. Llegaron al «pacto entre caballeros» de que el texto legal no se aplicara con carácter retroactivo y con el fin de que afectara por igual a unos y a otros, entrara en vigor en el momento en que la Princesa Leonor fuera nombrada la sucesora del Príncipe Felipe a título de Reina.

LA GRANDEZA DE ESPAÑA HABÍA PACTADO CON LA ZARZUELA QUE LA LEYE COMENZARA A APLICARSE CUANDO LA PRINCESA LEONOR FUERA NOMBRADA SUCESORA A TITULO DE REINA

Paralelamente, mientras en La Zarzuela se alcanzaba este pacto, los periodistas Pedro J. Ramírez y Luis María Anson, casados con dos «misses de la aristocracia» se reunían en secreto con la vicepresidente primera del Gobierno, ese bellezón, finalista del concurso Miss Falla de Valencia, llamado María Teresa Fernández de la Vega, y con sus refinados modales la «persuadían» de que la Ley se aplicara con carácter retroactivo en el caso de su cónyuges.

Según contó el periodista Miguel Ángel Aguilar, «experto en materia de defensa» del derecho de gentes, la trampa se hizo introduciendo el apartado 3 en la disposición transitoria de la norma, «cuya redacción transgrede de forma inmotivada el principio de la irretroactividad de las leyes», afirma Aguilar. Y agrega: «Pero los dos colegas supieron buscarse valedores/a y además la fortuna favorece a los audaces».

Por otra parte, y aunque el despojo ja sido ratificado por el Tribunal Supremo en 2008, el elitista gremio de la Nobleza de España, echa la culpa de lo ocurrido igualmente al Abogado del Estado el cual, siguiendo las indicaciones de la ministra De la Vega, hizo un informe favorable a favor de los dos «próceres de la Prensa», que benefició a la también periodista Mercedes Milá, aunque está no se valió que se sepa en influencias políticas para reclamar lo que consideraba suyo.

Fuera como fuese, el hecho incuestionables es que María Teresa Fernández de la Vega fue elegida la «guapa del año» por el diario El Mundo el 27 de diciembre de 2006, es decir, tres meses después de que se publicara el texto que permitía a su director, el ex amante de Exuperancia Rapú, y ahora marqués y supuestamente barón (que no es lo mismo que varón) consorte a lucir en el ojete (de sus camisas) el escudo de armas correspondiente los títulos de la «garbanzo negro» de la familia Ruíz de la Prada Sentmenat y «farandulera» de la prensa del corazón.

PERFILES: FRANCISCO ÁLVAREZ-CASOS O EL TORBELLINO DE LA NATURALEZA

UN SECTOR DEL PP ASTURIANO SE NIEGA A QUE EL HOMBRE QUE SACO EL PARTIDO DE LA NADA ENCABECE LAS LISTAS A LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO

Conozco a Francisco Álvarez-Cascos (Madrid, 1947), ingeniero de caminos como muchos de sus parientes asturianos, Vicepresidente Primero del Gobierno y ministro de la Presidencia y de Fomento entre 1996 y 2004 desde poco después del congreso de refundación del PP a comienzos de los noventa.

Por aquella época, acababa de saltar a los medios de comunicación el «caso Juan Guerra», el director de El Mundo Pedro J. Ramírez se dedicaba a publicar informaciones cada cual más infundada y los verdaderos papeles del asunto los teníamos Ramón Tijeras y el autor en la revista Tiempo, donde trabajábamos entonces.

Recuerdo perfectamente que con motivo de una interpelación al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre el asunto, el director de la revista, José Oneto, nos pidió que fuéramos a ver al presidente del PP, José María Aznar, le mostráramos los documentos secretos de que disponíamos y le dejáramos sacar alguna fotocopia de los mismos.

Tengo presente también el encuentro en la planta séptima de Génova 13, con un Aznar mudo, taciturno, al que se le salían los ojos de las órbitas cada vez que exponíamos un nuevo caso de presunta corrupción, y un secretario general del PP amable, atento e inquieto por conocer hasta el más mínimo detalle del asunto, lo que le permitió sacarle todo el jugo a algunos de nuestros informes y a otros suyos y salir por la puerta grande de la Cámara Baja al día siguiente.

Desde entonces hasta la fecha han pasado casi 20 años y he coincidido con Paco Cascos tal vez otras 40 veces y siempre me ha parecido un político honesto donde los haya, defensor de su tierra asturiana, y probablemente el único español capaz en aquellos momentos de meter en cintura a la Alianza Popular heredada de Manuel Fraga y convertirlo en el mayor partido de derechas de España de todos los tiempos.

Considerado por muchos una especie de torbellino de la naturaleza, con una capacidad de trabajo y de esfuerzo fuera de lo común para dirigir y coordinar equipos su gran mérito fue, según él mismo cuenta, «acabar con el fulanismo político, que era, junto al de las capillitas, los clanes, el principal problema del partido y de toda la Historia de la derecha española».

Probablemente había muy pocos problemas que no fuera capaz de solucionar o que se le resistieran. Lo hacía, además, con prontitud y eficacia. En una ocasión, mientras ocupaba la vicepresidencia del Gobierno le pedí un documento. Y no había colgado el teléfono cuando sonó el timbre de mi casa. Un motorista de La Moncloa estaba en la puerta, a 18 kilómetros de distancia, con el informe dentro de un sobre.

De su etapa en el ministerio de Fomento, cuando comenzó a distanciarse de Aznar y a dejar paso a la gente joven, me consta luchó a brazo partido por acabar con el «cártel de las grandes empresas constructoras», que se habían repartido de antemano la tarta de las obras públicas, convirtiendo las obras de infraestructura en un gueto cerrado de unos pocos y tratando al ministro y a su equipo en una especie de convidados de piedra y los concursos públicos en papel mojado.

LA MAFIA DE LAS GRANDES CONSTRUCTORAS LLEGARON A AMENAZARLE EN FOMENTO POR IMPLANTAR LA TRANSPARENCIA EN LOS CONCURSOS PUBLICOS. POR ESO LE HA SENTADO TAN MAL QUE EL GRUPO PRISA LE ACUSE DE CORRUPTO.

Paco Cascos puso orden en aquel caos heredado y en lugar de conceder las obras a las grandes constructoras para que estas las trocearan y las subadjudicaran a las medianas, luchó a brazo partido hacer más transparentes los concursos, ampliar el abanico de empresas concursantes y abaratar así los costes. Me consta, porque lo he visto en algún papel del CCI, que ello le costó alguna advertencia e incluso varias amenazas y por eso es tan cruel que el grupo Prisa haya tratado de implicarle sin éxito en los oscuros manejos del «caso Gurtel».

Así y todo fue el político de la modernización de las infraestructuras del AVE, aéreas y por carretera de España, el dirigente que tuvo la visión de futuro al atisbar que pese a la recién inaugurada red de autovías, Madrid necesitaba más cinturones de circunvalación y una segunda red de autopistas de peaje. Lo logró en apenas unos años, con un presupuesto siempre escaso, llegando a acuerdos con los constructores para aplazar los pagos, a fórmulas de cofinanciación público-privadas, o exigiendo, por ejemplo, a algunos de estos que a cambio de la adjudicación de una obra ampliaran la M-40 en dos carriles para acabar con los embotellamientos. De él puede decirse que hizo tantos kilómetros de vía pública como Miguel Primo de Rivera, el gran renovador de nuestra red viaria.

Su única gran metedura de pata que conozco, un pecado de su juventud política, fue dejarse llevar por José María Aznar y por el periodista Pedro J. Ramírez y acudir a la sede de El Mundo a entrevistarse en secreto con Jorge Manrique, el abogado de José Amedo y Michel Domínguez en la que, obedeciendo órdenes, dio alguna esperanza a los dos convictos para utilizar la lucha contraterrorista en su versión mas heterodoxa ─ los GAL ─ para acabar con el reinado de Felipe González.

La utilización de los mecanismos clandestinos para acabar con ETA como arma política, al margen de si fue legítima o no la actuación del PSOE ─legal obviamente no lo fue─, constituía un arma de doble filo y rompía viejos consensos no escritos. De ahí que tras los atentados islamistas del 11 de marzo, los socialistas le devolvieran la pelota al PP y dejaran a Mariano Rajoy y a Viri a las puertas de La Moncloa.

Dicho todo esto he de añadir que contar con Cascos de nuevo en vanguardia de la política es como tener a un Picasso o un Antonio López en casa. El asturiano nacido en Madrid es un valor seguro ─tal vez el único─ para arrebatarle la Comunidad de Asturias al PSOE, poner a la gente a trabajar, acabar en nueve meses con el paro, desarrollar las infraestructuras, su agricultura y sus industrias y hacer de aquella una de las comunidades más prosperas de España.

Por eso es tan lamentable que un sector del PP del Principado el cual, tras anunciar en septiembre de 2009 su deseo de volver a la política activa a sus 63 años, se haya opuesto tajantemente a su nominación como candidato al puesto de primer regidor autonómico. Especialmente desde el 28 de agosto, fecha en que Mariano Rajoy anunciara es «competente, capaz y un clásico del PP» que «siempre ha estado a las duras y a las maduras (…) Habrá que ver su disposición. Hablaremos y seguro que tomaremos una buena decisión».

APOSTAR POR ALVAREZ-CASCOS EN POLÍTICA ES COMO HACERLO POR PICASSO O ANTONIO LÓPEZ EN PINTURA: SIEMPRE ES UN VALOR SEGURO

La reciente decisión del Comité Electoral del PP asturiano de reunirse por su cuenta, pese a la orden contraria de la dirección nacional, para elegir una terna de la que debería salir el candidato alternativo como cabeza de lista a las próximas elecciones, no augura nada bueno.

Especialmente, porque en ese triunvirato se encuentran la presidenta del partido en Gijón y manifiesta enemiga de Cascos, Pilar Fernández Pardo; el presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui; y la concejala del Ayuntamiento de Oviedo, Isabel Pérez Espinosa, con el ex alcalde de la ciudad, Gabino de Lorenzo, y el presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, echando leña al fuego.

La papeleta que se le presenta a Mariano Rajoy, al tener que desoír a un sector de los barones del Principado, es por tanto difícil pero es de desear que al final triunfe el sentido común y se imponga la cordura.

Entre otras cosas, porque muchos asturianos no saben lo que se pierden. Además de sus grandes cualidades como político, Francisco Álvarez-Cascos, une el ancestral amor por su tierra de varias generaciones de parientes suyos, todos ellos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Basta hacer un recorrido por la comunidad para darse cuenta que apenas hay un túnel, puente o tramo de carretera cuyo proyecto no haya sido firmado por un Álvarez-Cascos.

Lo malo de tenerle en Asturias es el riesgo de que, si se lo permiten, deje a los ríos de la comunidad sin salmones y que muchos de los miembros de su equipo acaben en una cura de adelgazamiento forzada u odiándole por el frenético ritmo de trabajo que imprime a todas sus empresas. ¡Suerte Paco!

VISTAZO A LA PRENSA (1).- EL GRUPO PRISA Y SU FALTA DE LEGITIMIDAD PARA DESTRUIR FAMAS AJENAS

CON UNAS DEUDAS CERCANAS A LOS 5.000 MILLONES DE EUROS, QUE NO PUEDE PAGAR, EL PAIS TIENE BREADO A CAMPS POR EL «DELITO» DE HABER SIDO PRESUNTAMENTE SOBORNADO CON TRES TRAJES

Vamos a empezar con un ejemplo estrambótico: Si cualquier día Ignacio Polanco o Juan Luis Cebrián entraran en la sede central del Santander, BBVA, Banesto, Banco Popular, Caja Madrid o La Caixa, por citar sólo a 6 de las entidades financieras españolas a las que deben hasta la hijuela, y les pidieran los calzoncillos para cobrarse parte de las deudas en buena lid el presidente y el consejero delegado del Grupo Promotora de Informaciones, SA (Prisa) tendrían que desprenderse de sus ropas interiores y depositarlas en ventanilla.

Los dos ejecutivos de ese grupo, sin embargo, llevan más de nueve meses publicando un día tras otro que al presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, le regalaron dos o tres trajes de 150 euros el terno, a cambio de favores a un determinado grupo de imagen, y nadie se atreve a salirle al paso y a cantarle las cuarenta.

La pregunta es simple: qué credibilidad moral, qué responsabilidad social, qué deontología profesional o ética periodística puede esgrimir un grupo multimedia entrampado hasta las cejas, incapaz de hacer frente no ya a sus deudas sino a los gastos financieros que estas generan desde hace al menos tres años, para exigir a los demás un comportamiento social y unos valores de los que sus principales ejecutivos carecen; para dividir el mundo en buenos y malos, para repartir carnets de corruptos y políticos honrados.

La respuesta no es fácil y supone uno de las grandes déficits del sistema democrático. Los medios de comunicación, como si estuviéramos en la Edad Media, tienen patente de corso o carta blanca para atacar a sus enemigos, sacar a relucir las debilidades, los errores y hasta la corrupción de los demás. Ajenos a sus propias servidumbres, como si vivieran en otro planeta y las deudas y compromisos adquiridos no les afectaran, el grupo Prisa cree disfrutar de una especia de privilegio, de una bula sin límite para criticar y poner de chupa domine al resto del género humano.

La libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución lo tolera todo, salvo la obligación de informar de sus propios problemas internos que, de una manera u otra, condicionan y marcan su línea editorial y determinan en muchos casos sus filias y fobias hacia gobiernos, parlamentos, autonomías partidos políticos o sindicatos.

Desconocedores de los problemas internos de los medios de comunicación, el lector medio, que generalmente pasa por alto las páginas de Economía y de Bolsa, no se entera de que es más grave o censurable: que a Francisco Camps le hayan regalado ─ asunto que está por dilucidar todavía en la vista oral ─ tres trajes en campaña electoral por la empresa encargada de llevar su imagen o que el Grupo Prisa deba 5.000 millones de euros, 4.900 para ser más exactos, y que valor de mercado fuera el 20 de agosto pasado de apenas 393,3 millones de euros según Lainformación digital, es decir, 12’5 veces menos que sus propias deudas.

ES MÁS BARATO COMPRAR UNA ACCIÓN DEL GRUPO PRISA QUE UN EJEMPLAR DE EL PAIS, AS O CINCO DIAS. PERO LA PRENSA NO PUEDE SER ACUSADA DE CORRUPCIÓN, SIMPLEMENTE NO PAGA

No habría estado de más, por tanto, que los ejecutivos del conglomerado multimedia hubieran empezado por barrer la casa propia y contar las cosas como son para que nadie se llamara a andana. Creado hace 38 años en torno al diario El País, el grupo Prisa constituye el conglomerado empresarial de prensa más importante de España, al incorporar al proyecto la cadena SER de radio, Canal Plus, Localia, La Cuatro, As, Cinco días y tener la exclusiva de gestionar el canal en español de la CNN.

Hasta la muerte de su fundador Jesús Polanco muchos de los accionistas de Prisa eran dueños también de la Editorial Santillana, Sanitrade, Eductrade, Librerías Crisol, Viajes Crisol y de un conglomerado de más de 200 empresas establecidas en 20 países encaminadas a incrementar las sinergias del grupo principal.

El negocio iba viento en popa hasta que a finales de la década de los noventa el entonces consejero delegado de Prisa, Javier Díez de Polanco, se le metió entre ceja y ceja que el gran negocio de la comunicación era contar con una plataforma digital para vender contenidos (toros, fútbol, cine) mediante un costoso sistema de transmisión por satélite, con antena receptora en cada casa y decodificador. Y montó Canal Satélite Digital. Pero como el Gobierno no estaba dispuesto a permitir a Polanco la explotación de un nuevo monopolio ─ después de Canal Plus y la SER ─ desde las empresas afines al Ejecutivo se creó Vía Digital.

Y se dio instrucciones a sus dueños, especialmente a la Compañía Telefónica presidida entonces por Juan Villalonga, amigo personal de José María Aznar, de que Vía Digital despilfarrara el dinero que hiciera falta con tal de que Jesús del Gran Poder no explotara en exclusiva su nueva empresa. Y así ocurrió. Polanco, sin embargo, acabó saliéndose con la suya y a comienzos del 2000 compró Vía Digital a Telefónica para fusionarla con Canal Satélite Digital y lograr el control absoluto de la televisión de pago. Sin saber, entre otras cosas, que las perdidas anuales de Vía Digital rondaban los 600.000 millones de pesetas anuales y que con aquella adquisición acababa de meter en su casa el caballo de Troya de sus desgracias.

En periodo de bonanzas, tuvo al mercado bancario a su servicio. Pero en 2007, cuando afloró la crisis financiera mundial, las deudas del grupo Prisa, de más de cinco mil millones de euros, camino de los seis mil millones (casi un billón de pesetas, algo menos de un tercio del PIB de Luxemburgo). Y los bancos comenzaron a exigir la devolución de los préstamos.

Al no poder hacerlo, las entidades financieras nacionales y extranjeras. Le obligaron a deshacerse de activos. La primera reacción de Javier Díez de Polanco entonces fue tratar de venderle a Telefónica una parte de su plataforma digital por 1.500 millones de euros, el triple del precio pagado por una cadena similar unos meses antes por Deutsche Telekom.

El equipo de César Alerta, nuevo presidente de Telefónica, no estaba dispuesto a dejarse tomar el pelo. De ahí que Javier Díez de Polanco acabara dimitiendo y Juan Luis Cebrián asumiera el cargo de consejero delegado con plenos poderes. Gracias a sus gestiones, Telefónica y la italiana Mediaset, el conglomerado de medios de comunicación de Silvio Berlusconi, compraron un 44 por ciento de Vía Digital, tras valorar ésta en menos de 1.300 millones de euros.

La entrada en el Grupo Prisa de los dos colosos de las finanzas supuso una tregua para Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián. Pero un mínimo respiro. Acuciados por la falta de liquidez, los bancos nacionales y extranjeros volvieron a la carga y le forzaron a desprenderse del 25 por ciento de la Editorial Santillana, la joya de la corona en el segmento de los libros de texto, y de sus tres edificios más emblemáticos (Gran Vía 21, Miguel Yuste 19 y Caspe 6) vendidos por 300 millones a Longshore.

El grupo, sin embargo, necesitaba un «caballero blanco» que les sacara las castañas del fuego. Tras pasar más de la mitad del año en Nueva York Juan Luis Cebrián lo encontró en Liberty Acquisition Holdings Corp, una sociedad instrumental que cotiza en la Bolsa de Nueva York, bajo la clasificación Special Purpose Adquisition Company. A comienzos de año firmaron un acuerdo de intenciones mediante el cual Liberty se comprometía a inyectar hasta 900 millones de dólares en Prisa, a cambio de recibir un paquete de acciones de hasta el 50 que podrían sacar a la venta si no se cumplían una serie de pactos.

Tras varios meses de negociación entre Cebrián y Martín Franklin y Nicolás Berggruen, los principales ejecutivos del holding norteamericano, en el que le obligaron a bajar a la mitad el precio de las acciones de Prisa, la «ayuda» de emergencia de Liberty se redujo a 400 millones de dólares. Debido a ello el grupo editor de El País tuvo que recurrir al Santander y al HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) y a algunos fondos de inversión (Centaurus, Tyrus y Pentwater Growth) para hacer frente a una parte de sus compromisos financieros.

EL GRUPO MÁS PODEROSO DE LA PRENSA ESPAÑOLA ESTÁ EN QUIEBRA TÉCNICA. NI AÚN VENDIENDO SUS CALZONCILLOS, IGNACIO POLANCO Y JUAN LUIS CEBRIAN PODRIAN PAGAR SUS DEUDAS A LOS BANCOS

Así y todo, una vez se firme en los meses venideros el compromiso con Liberty y a pesar del pacto para desprenderse del canal Cuatro de televisión, el principal grupo de prensa español continuará con unas deudas de más de 4.000 millones de euros, cuyos gastos financieros le suponen cerca de 500.000 euros al día. Cifra a la que no podrá hacer frente con los 78 millones de beneficios semestrales que acaba de hacer públicos, y que no son tales ya que en esta cantidad se engloban parte de los ingresos por la venta de Santillana.

De otra parte, las acciones del grupo han descendido de 2,43 euros a 1,45 en unas semanas (un poco más de lo que cuesta un ejemplar del deportivo As, o del diario económico Cinco Días, perteneciente al grupo) y no hay analista financiero que no asegure que para llevar las cuentas a una deuda asimilable por la banca necesitaran vender la cadena SER, el 100 por ciento de Santillana, As, Cinco Días, Canal +, Localia, y el resto de participaciones en empresas extranjeras (alrededor de 40 compañías rentables más sus filiales) pudiendo salvar, como mucho, el diario El País. Y, en ese caso, perdiendo el control editorial e ideológico del mismo en beneficio de los nuevos accionistas que acapararían más del 65 por ciento del capital.

Todo ello, claro, acaba repercutiendo en el Partido Popular al que el grupo del desaparecido Jesús Polanco culpa de sus garrafales errores financieros, la falta de apoyo gubernamental podría repartirlo a partes iguales con José Luis Rodríguez Zapatero que le montó la cadena televisiva La Sexta, el diario Público y a cuyo conglomerado empresarial ha otorgado los mas jugosos contratos de servicios de contenidos para Televisión Española.

Las represalias comenzaron en enero pasado. Desde entonces no hay día en que Mariano Rajoy no se levante sabiendo que en las páginas de El País una nueva versión de las supuestas «chorizadas» de algunos altos cargos de Esperanza Aguirre y los tres famosos trajes presuntamente regalados a Francisco Camps. Y todo eso ocurre sin que nadie se atreva a pedirle a Ignacio Polanco (quién, según El Confidencial, ha vaciado las sicavs de la familia Nomit II Internacional, Nomit Intersiones y Nomit IV Global reduciendo en un 80 por ciento el capital circulante) o a Juan Luis Cebrián que dejen los calzoncillos en prenda de las deudas que tienen.

Es probable que la prensa, como afirma Prisa, no acepte sobornos como los políticos. En todo caso, admite prebendas y todo tipo de privilegios de los gobiernos, que viene a ser lo mismo, y préstamos bancarios que luego no paga o de los que exige grandes quitas para satisfacerlos. Es el privilegio, como dijo Abraham Lincoln [Si yo tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo…] de ser uno de los puntales de la sociedad. Prerrogativa que permite informar neutralmente de todo lo que acontece pero no poner en cuestión ni destruir famas ajenas, especialmente cuando se han recibido durante decenas de años todo tipo de sinecuras, canonjías y otras ventajas de los que mandan. Cuando, además, se tiene el techo de cristal ─ y el grupo Prisa lo tiene ─ y se puede observar toda la porquería del interior, menos legitimado se está moral o empresarialmente, para convertir un posible regalo de tres miserables trajes en una cuestión de Estado. O cualquier otro asunto que afecte a la horonabilidad, dignidad en su vida pública y privada y buen nombre de cualquier otro ciudadano corriente y moliente.