Friday, December 17, 2010

¡AY PORTUGAL PORQUE TE QUIERO TANTO!

(III) EL SECUESTRO DE FACTO DE LAS DOS MENORES

Tercera parte del extracto de uno de los capítulos de mi nuevo libro El Varón Castrado (II)

Así, el 1 de septiembre, a la hora en que debía coger un avión de vuelta a las Canarias, se sube a su coche, un Opel Zafira monoplaza, acompañada de unos amigos de Lisboa, y enfila la carretera en dirección a la frontera. Consciente de que está cometiendo un delito, previamente, 40 kilómetros antes de llegar a Ayamonte, la fugitiva toma la precaución de apagar el móvil con el objeto de no poder ser localizada por medio de los BTS (Base Tranceiver Station) de Telefónica.

La única persona que está al tanto de su fuga es su madre, a la que llama previamente para advertirle de sus planes de tomar las de Villadiego. Para que su familia no esté preocupada, queda en hablar con ella todos los sábados a las diez de la mañana. Pero no lo hace a su casa sino a la de una pariente suya, ya fallecida, que reside en el piso segundo o tercero del edificio donde reside, en la calle Ingeniero José Bosch y Sintes, 5 piso tercero de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras su huída y después de instalarse en varios pisos de Lisboa acaba recalando en la localidad turística de Cascais, muy cerca del lugar en que residió don Juan de Borbón durante su exilio, donde apenas se deja ver entre la colonia española. Además, a la hora de buscar colegio para las menores y apercibida por una funcionaria de la embajada de España en Lisboa, en lugar de optar por uno de habla española vinculado al Instituto Cervantes, se decide por uno de habla portuguesa.

Una serie de intervenciones telefónicas a los números de sus padres revelan que su madre, María Jesús Martín-Neda, utiliza un nombre falso para referirse a su hija y que no pueda ser localizada. Paralelamente, los 3.000 euros que le giraban mensualmente para su sustento y el de las niñas lo hacían mediante un servicio de giro inmediato, que no se registra en base de datos alguna, y para lo cual contaban con la connivencia de un funcionario de Correos.

Todas estas precauciones, incluida la posibilidad de vender un piso y las pertenencias que tenía en la isla, indican que la ex amante y ex esposa de Rafael González Bravo de Laguna sabía a lo que se estaba exponiendo: a ser acusada de cometer un delito de sustracción de menores, tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal y tipificado con una pena de 4 años de prisión, a aplicar en su escala más alta cuando el niño sea sacado de España, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad.

Se trata, sin embargo, de un delito «sui géneris». Según la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, para que exista como tal es preciso que el menor sea sustraído de su residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente. Es decir, se trata de un tipo penal sexista de aplicación casi exclusiva en contra del hombre ya que la guardia y custodia se suele asignar generalmente a las divorciadas.

Por lo tanto, para que una mujer pueda cometer el mismo es preciso retirarle previamente, o en el momento del «secuestro» del menor, la guardia y custodia para lo cual debe existir con anterioridad un auto o una sentencia en firme retirando a la progenitor femenina el derecho a la guarda y custodia. En ese caso, el delito podía haberse hecho extensivo a la madre de la «secuestradora», María Jesús (artículo 225.5) al estar comprendida como ascendiente en el segundo grado de consanguinidad y ser, probablemente, cooperadora necesaria en la comisión de la sustracción de los dos menores. Sin embargo, al no detectarse las llamadas telefónicas, no se abrieron diligencias en su contra.

Dejando al margen los tecnicismos legales, y a la vista de los indicios expuestos ─ dolo a la ex pareja, ocultamiento, fuga, ruptura de todo tipo de contacto con familiares y amigos ─ es probable que la interfecta no cometiera sustracción de menores de iure pero si de facto, lo cual a los efectos de la protección y el interés de los menores ─ el bien jurídico esencial a proteger ─ viene a ser lo mismo.

ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL.- Fue este, sin duda, el criterio que aplicó el juzgado de Instrucción número 7 de las Palmas de Gran Canaria. Tras no presentarse el 1 de septiembre acompañadas de las dos menores en el punto de encuentro, tras esperar un tiempo razonable, alrededor de dos meses y medio, el 14 de diciembre el juez Miguel Ángel Parramont hacía público un auto retirando la guardia y custodia a la madre. Justificaba su decisión «a la vista de la reiterada conducta rebelde de la misma, sin perjuicio de lo que pudiera acordar el juzgado de familia 5, que impuso por sentencia el régimen de visitas a favor de Rafael González Bravo de Laguna».

Poco después, dicta una orden de busca y captura internacional en contra de la interfecta Margarita Manrique de Lara, desaparecida desde septiembre de 2006, en ignorado paradero, en unión de las menores M. y A.. El magistrado, además, ordena la intervención de los teléfonos de los familiares más cercanos de la fugitiva. Al mismo tiempo, agentes de la policía judicial de Las Palmas de Gran Canaria se movilizan e intentan averiguar si la menor se encuentra en Nápoles (Italia) y otros países europeos.

Pero a la díscola madre parece habérsela tragado la tierra. Hasta que el 28 de mayo de 2007, nueve meses después de la huída, se la escucha hablar con su madre por teléfono.

─ Tengo ganas de veros a todos. ¿Por qué no nos reunimos todos en Sevilla unos días? ─ le dice, pensando que allí tiene dos hermanas ─ Marta y Mari Carmen ─ y puede pasar desapercibida durante unos días.

Fue lo que hicieron. El 1 de junio se encuentran las mujeres en Sevilla para ir a misa y, se repente, entre los feligreses aparecen tres policías, dos hombres y una mujer.

─ ¿Es usted Margarita Manrique de Lara?

─ Si, ¿Ocurre algo?

─ Somos policías. Tenemos orden de detenerle y conducirle a Las Palmas.

A la mujer, que me confiesa es claustrofóbica, le dio un vuelco el corazón y casi se muere del susto.

─ Esperen, permítame que deje a las niñas con mis hermanas.

─ No. Tenemos orden de que las niñas vengan con nosotros. Vamos a entregárselas a don Rafael González Bravo de Laguna.

La intervención telefónica del teléfono móvil de María Jesús Martín- Neda, la madre, había permitido a los agentes conocer el encuentro familiar de Sevilla. Siguiendo sus pasos habían dado con el paradero de la interfecta.

Tras pasar un día encerradas en un calabozo en Sevilla, junto a prostitutas y gente de mal vivir, en calidad de detenida el 3 de junio es conducida presa a Las Palmas de Gran Canaria. En la isla, el Juzgado de Instrucción número 7, que había iniciado el procedimiento 3508/06, le retiró automáticamente la guardia y custodia de las dos hijas a la prófuga, otorgándosela a su ex marido. Además impuso a la mujer una orden de alejamiento de 50 metros del domicilio y del colegio al que iban a asistir las niñas en el curso siguiente. A esta resolución se unió el ministerio público para el cual, la acusada «con absoluto desprecio de las resoluciones judiciales y de manera deliberada y pertinaz, en el momento en que se le informa de la posibilidad de retirarle la guardia y custodia si no se atiene a Ley, [desafía a la Justicia] y huye con las niñas».

Tras prestar declaración ante el juzgado, donde en un folio se contradijo a si misma al manifestar primero que había escapado a Portugal para «huir de los abusos sexuales sobre una de las menores del progenitor» y posteriormente asegurar «que estaba arrepentida de lo hecho, y que iba a regresar a España a ponerse a disposición de la Justicia y arrostrar las consecuencias», el instructor dictó un auto mediante el cual le imputaba dos delitos: uno de desobediencia y otro de sustracción de menores, reiterando las medidas de alejamiento de las niñas «por el riesgo de que volviera a secuestrarlas».

Paralelamente, mientras se sustanciaba la causa penal, con fecha 30 de enero de 2008, el juzgado de primera instancia número 5 «ante la acusación formulada en contra de la detenida, que puede suponer su ingreso en prisión y un largo periodo de inhabilidad para el ejercicio de la patria potestad y la custodia de las menores», decidió trasladar al ámbito civil mediante las medidas cautelares penales y desposeerle de todos los derechos sobre las niñas. «Sólo se permitirá a la madre visitar a las niñas en un punto de encuentro familiar, vigilada por las asistentes sociales, que se encargarán de que no socave las relaciones con el «progenitor» masculino».

Todas estas medidas se justificaban ante el evidente riesgo de que la procesada pudiera reiterar la conducta de escapar de nuevo de España y desaparecer con las menores y habida cuenta su «obstaculización reiterada y deliberada del régimen de visitas» hacia su ex marido, llegando incluso a trasladar su residencia a Jerez de la Frontera para impedir esta.

El duro auto provocó una reacción airada de la procesada que, tras acudir al juzgado de primera instancia número 5, profirió en público toda suerte de amenazas e insultos contra la juez, a la que acusó de falta de independencia y de parcialidad en sus resoluciones. Sin embargo, posteriormente, un nuevo magistrado, José Alexis Reyes Negrín, a la vista de que el Fiscal y el letrado de la parte querellante mantenían integras sus conclusiones provisionales acusándola de un delito de desobediencia y otros sustracción de menores, el 15 de enero de 2010 sentenció reiteró la retirada de la guardia y custodia a la madre amplió el régimen de visitas a dos o tres horas semanales, «en un punto de encuentro tutelado», prohibiéndole predisponer a éstas en contra de su padre, como es lógico en un sistema judicial en que los menores de edad no pueden ser moneda de cambio ni instrumentos de venganza entre sus progenitores, sean cual fuere la naturaleza de los hijos (biológicos, adoptados, de padre desconocido).

La madre sin embargo, que se encuentra en un estado mental lamentable,

convierte los encuentros en «espectáculos circenses», gritando, amenazando, prorrumpiendo en llantos y diciéndole a las niñas que no la verán en algún tiempo, conductas que se consideran perjudiciales para las menores al incentivar en estas un sentimiento de culpabilidad que se empieza a manifestar distanciamiento y en rechazo hacia el otro progenitor por la fuerte carga de emotividad y de victimismo que ejerce la madre.

El juez decreta, por tanto, mantener el régimen de guarda y custodia en favor de Rafael González Bravo de Laguna y suprimir las visitas a la madre, pues «no se encuentra sicológicamente en condiciones para asumir el cuidado de las menores debido a su inestabilidad emocional reflejada en el juicio, donde se dedicó a hacer gestos y comentarios fuera de lugar, hasta el punto de abandonar la sala de vistas llorando cuando el ministerio Fiscal estaba informando».

El agravamiento de estas condiciones llevaría el 16 de abril de 2010 al titular del juzgado de familia Alexis Reyes Negrín a suspender el régimen de visitas de Margarita Manrique de Lara con sus dos hijas por utilizar a sus hijas en su lucha para obtener la guardia y custodia frente a su ex marido.

NUEVO MONTAJE: A LA TERCERA TAMPOCO VA LA VENCIDA.- En un auto, la Justicia pone de relieve la excelente relación entre las menores y su padre no biológico, la perfecta escolarización de las menores, y el avance de una de ellas en los estudios, pese a los déficits que presentaban en sus expedientes académicos al haber sido sacadas de su colegio de origen y trasladadas a uno portugués, con programas de estudio diferentes, donde la lengua vehicular no es la materna sino otra desconocida para las niñas.

En este contexto, con una madre desquiciada, loca o al borde de la locura, dedicada a amenazar a los jueces para que le devolvieran a sus hijas, obstinada en imponer su santa o tal vez no tan santa voluntad y desobedecer una tras otra todas las decisiones judiciales, se produce de nuevo un hecho insólito: como en los cuentos de magia surge de nuevo de la chistera un nuevo caso de abuso sexuales atribuido al padrastro.

Según la versión de la familia materna, en una de las visitas periódicas de las dos niñas a su casa, la menor A., le habría contado a su abuela que «Rafael le había obligado a tocarle sus órganos genitales». Los hechos, sin embargo, empiezan a carecer se verosimilitud cuando el abuelo, reputado abogado, en lugar de acudir inmediatamente con el caso a los tribunales, permitió que una amiga de la madre, María Dos Santos, fuera a su casa, buscara un vídeo e insistiera en que la menor relatara de nuevo los hechos ante una cámara.

Más extraño resulta todavía que, aunque existen procedimientos judiciales por parecidos hechos en la Audiencia Provincial, la cinta, donde se advierte a las claras que la niña está siendo aleccionada por algún mayor acerca de lo que tiene que declarar, se entrega a la policía y no a los jueces.

Así, el 20 de enero de 2010 el abogado José Manrique de Lara y Bosh acude a la comisaría de policía, acompañado de su nieto B. y presenta una denuncia contra Rafael González Bravo de Laguna. Allí, entre otras cosas, señala: «Que el pasado domingo 17 de enero, sobre las 10:30, su nieta A. se encerró sola con su abuela y le confesó amargada los hechos que se describen el CD, del que hace entrega y que se resumen así. En cierta ocasión, hace unas semanas, el llamado Rafael invitó a sus hijas A. y M, a que se acostaran en su cama para ver la película llamada «Sexo en Nueva York». Posteriormente de dijo a M. que saliera de la habitación, se desvistió y le ordeno a la menor A. que le «toqueteara».

A continuación y en las misma denuncia policial depone el hijo mayor del matrimonio, B. quien asegura que el 17 de enero trató de interrogar a su hermana «no llegando ese día a contarle nada» pues la niña se muestra esquiva y reservada desde que vive con su padre. A pesar de todo está seguro de que la menor está sufriendo y lo está pasando mal en el domicilio de su padre [quien se niega a devolver la guardia y custodia de las menores] «pues Rafael parece solo desear machacar a su madre». Aunque no es preguntado expresamente sobre ello, el chico, de 27 años, reconoce que ha sido víctima también de la guerra entre sus padres. «En aquella época [4 años antes] vivía con mi padre porque estaba peleado con mi madre pero luego hice las paces con ésta y volví con ella».

La gravísima imputación es puesta en conocimiento del juzgado de Instrucción número 6 que abre las diligencias previas 472/2010. Semanas más tarde, en marzo, la psicóloga de uno de los puntos de encuentro relata al juzgado que las niñas le habían contado que la persona que maquina la grabación del vídeo es su propia madre quien, como es obvio, lo niega ante el juzgado. Y acusa a su ex marido de acosarla judicialmente desde hace siete años intentando encarcelarla por todos los medios y quitarles a sus hijas«a las que no ha renunciado ni renunciará». A la vista de los hechos y tras realizar las investigaciones oportunas, archiva el caso al tratarse de un nuevo montaje para retirarle por esa vía el control y cuidado de las niñas a su padre adoptivo.

El archivo de las diligencias previas se produce el 28 de junio de 2010 a instancias del ministerio fiscal y el abogado defensor visto el informe emitido por el equipo técnico del Servicio de Menores y de Familia de las Palmas de Gran Canaria. «Lo único que ha quedado palmariamente demostrado es el importante deterioro personal entre Margarita Manrique de Lara y Rafael González Bravo de Laguna y su repercusión directa y problemática en el régimen de visitas «pues [con el vídeo] en el fondo al parecer lo que se persigue es un cambio en el régimen de visitas y de guardia y custodia de las menores. […] Lo que no ha quedado ni indiciariamente acreditado es que el imputado, Rafael, haya cometido las acciones de tocamiento relatadas en la denuncia inicial, ya que las manifestaciones de la menor carecen de credibilidad, objetividad y realidad, por lo que no existen los mínimos atisbos o datos objetivos que avalen. [Por el contrario] parece que se repite la noticia criminis por hechos análogos a los que fueren objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número 3, hechos sobreseídos por el tribunal y ratificados por la Sala el 27 de mayo de 2008».

Poco después, se oyó decir en el juzgado «los Manrique de Lara, con su habitual prepotencia nos quieren dar gato por liebre. Pero esta película, esta barbaridad, la brutalidad de imputar a un padre de familia un delito de abuso de menores, penado hasta con 12 años de cárcel, para obtener por la puerta falsa una guardia y custodia, la hemos visto ya»

Para entonces, no sólo el padre de la autora del presunto delito de sustracción de menores sino casi toda la familia estaba implicada en su condición de letrados en los distintos procedimientos que se sustanciaban en los jugados penales y civiles de Las Palmas. A la legión de abogados familiares se unía otro local (sustituido paulatinamente) y el letrado madrileño Marcos García Montes y Andrés, uno de sus pasantes, contratados ex profeso, para llevar los distintos asuntos.

(Fin de la tercera parte)

LA UNICA Y ABSOLUTA VERDAD VERDADERA EN ESPAÑA

(IV) CON LEYES INJUSTAS EL CRIMINAL SIEMPRE GANA

Cuarta y última parte del extracto de uno de los capítulos de mi nuevo libro El Varón Castrado (II)

La vista oral por el posible secuestro se ven en el juzgado Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En la relación de hechos probados, su titular, Sonia Martínez Uceda, da por sentado que «la procesada, a pesar de que estaba obligada a entregar a sus dos hijas los fines de semana alternos a su ex marido, con absoluto desprecio por la citada resolución judicial y de manera deliberada y pertinaz, hizo caso omiso de esta obligación a pesar de los requerimientos judiciales y las advertencias de incurrir en delito de desobediencia, y como por el juzgado de Instrucción 7 se le informara del cambio de progenitor custodio […] huyó con las menores fijando su residencia en Portugal, sin dar sazón alguna del paradero de las niñas que retuvo en su compañía hasta que, previa orden de detención internacional, fue hallada y detenida en Sevilla el 3 de junio de 2007».

Estos hechos, indiscutibles, fueron calificados por su abogado defensor Marcos García Montes como no delictivos la haber actuado la interfecta obligada por el «estado de necesidad», al estar convencida de que su ex marido abusaba de las niñas, pese a que todas las actuaciones judiciales y sentencias desmienten radicalmente esta tesis. Habría actuado, además, movida por el arrebato y la obcecación. «Por tanto, ─ concluyó ─ no ha habido sustracción de menores».

En la misma línea se manifestaron dos peritos forenses, José María Caballero y Deborah Calvo Rodríguez para quienes «la acusada no tiene perturbadas sus facultades mentales» ni poco sino que actuó impulsada por la angustia que le producían los supuestos tocamientos de su ex esposo, que ella daba por ciertos. «Actuó bajo un impulso innato a la maternidad y por eso se alejó [escapó] de su lugar de residencia», concluyeron.

La juez, sin embargo, paso por alto estas estrafalarias teorías y, tras elucubrar que la palabra sustracción no implica un apoderamiento definitivo, determinó que al no haber estado la acusada privada previamente de la guarda y custodia de las menores mediante sentencia firme, lo cual no fue posible ya que nos jueces no tienen el don de la clarividencia, podía hacer lo que le venía en gana.

Vistas así las cosas, y teniendo en cuenta que el auto del Juzgado de Instrucción 7 retirándole sus derechos sobre los menores fue posterior a las fechorías cometidas, no existía delito de sustracción de menores. «Para que hubiera existido tal delito habría que habérsele notificado previamente, a principios de diciembre de 2006, el auto de 30 de enero de 2008 del juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se atribuye a su ex marido la guardia y custodia de las niñas», sentencia el tribunal unipersonal, decisión que es ratificada posteriormente por la sección sexta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, el 14 de abril de 2010.

DOS VARAS DE MEDIR.- De modo y manera que la Justicia Española en este asunto viene a establecer dos varas de medir, bien se trata de un hombre o de una mujer, en los delitos de sustracción de menores, lo que contradice el principio que debemos tener todos los españoles a una tutela judicial efectiva y el principio constitucional de no ser discriminado en razón de sexo.

Porque, a las mujeres, a las que habitualmente se les atribuye la guardia y custodia, se les convierte de facto en «dueñas y señoras» de sus hijos, tolerándole todo tipo de ilegalidades, arbitrariedades e irregularidades, incluso cuando van en contra de los intereses del menor, el único bien jurídico a proteger, y dejándolas sin condena cuando de manera deliberada y premeditada, con el fin de hacer daño al otro progenitor, abandonan el hogar familiar o el determinado en las medidas cautelares, y huyen del país, estableciendo todo tipo de barreras e impedimentos para no ser localizadas.

A los hombres, como es el caso de Alejando Usera, un trabajador de Vigo, basta que sustraigan a sus hijos y se lo lleve fuera de España para impedir que la arpía de su mujer no siga impidiendo su comunicación con el mismo, para que le caiga todo el peso de la Ley e incluso algunos años más de condena como propina. O que otros, como Stefan Mlejnita, un periodista afincado en España, que acabó quemándose a lo bonzo, al prohibírsele ver a sus hijos, pese a tener siete autos judiciales a su favor. De ahí, por tanto, que la mayoría de las asociaciones de feministas se nieguen de manera contumaz y reiterada a que se aplique la custodia compartida, como ocurre en una buena parte de los Estados americanos, Canadá y los países más avanzados en esta materia. Reteniendo para ellas la guardia y custodia de sus hijos tienen permanentemente cogidos por la bragueta a sus maridos hasta su muerte.

Situación distinta es la que rige en los Estados Unidos donde, desde el secuestro y asesinato del hijo del famoso aviador Charles Augustus Lindbergh en 1932, el secuestro de menores está duramente castigado.

Las consecuencias de esta acertada política judicial las viene sufriendo desde hace años la abogada valenciana María José Carrascosa, la cual meses antes sustrajo a su hija menor de edad, habida en su matrimonio con Peter Innes, con el que estuvo casado entre 1999 y 2004. Recordemos sucintamente los hechos:

Peter Innes, es un ciudadano americano residente en New Jersey y María José Carrascosa, una española residente en Estados Unidos desde 1992. La pareja se casa por la iglesia en España el 20 de marzo de 1999. El 17 de abril de 2000 nace Secauscus (NJ) su primera y única hija Victoria Solemne que tiene la doble nacionalidad, española y americana.

En octubre de 2004, Innes y Carrascosa suscriben un acuerdo ante notario mediante el cual cada una de las partes se reserva el derecho a permitir a la otra que la niña pueda viajar fuera de los Estados Unidos sin un permiso escrito. La autorización es necesaria también para viajar con la menor a un lugar situado fuera de un radio de acción de 90 millas de Fort Lee, en Country of Begen (NJ), el lugar de residencia. Para garantizar el cumplimiento del pacto, la ex pareja decide depositar los pasaportes de la niña en el despacho del notario Mitchell A Liebowitz.

El 10 de diciembre de 2004, Innes inicia en USA un proceso de divorcio contra Carrascosa, en el que pide la custodia compartida de la niña. Su ex esposa contraataca planteando una petición de nulidad y la disolución civil de su matrimonio en España, donde exige la custodia de la menor. El 29 de enero de 2005, olvidándose que tiene un acuerdo sometido a los tribunales americanos que le impide sacar a su hija sin permiso de su padre, abduce a la niña de cuatro años y medio y se la trae a España sin permiso por escrito ni conocimiento verbal de Innes quien, desde entonces, no puede hablar con ella ni siquiera por teléfono.

Este pone el caso en manos de los tribunales de New Jersey que reclaman a la madre el retorno de la hija a USA en el plazo de tres semanas, pasadas las cuales dicta una orden internacional de detención. Financiada por la Generalitat valenciana, que le apoya en todo momento, Carrascosa, vuelve a contraatacar. Exhibe un auto del Juzgado de Instrucción 5 de Valencia prohibiendo la salida de la niña de España.

A partir de entonces, el juez norteamericano y el español no se ponen de acuerdo. Ambos recurren a la Convención de la Haya, apelando a los aspectos civiles de la International Child Abduction [Secuestro Internacional de Niños] y a los recursos legales a aplicar en el caso del Secuestros Internacionales de Menores [International Child Abduction Remedies Act] y reclaman la jurisdicción para si. Especialmente, en base a que en el momento del secuestro y de la primera petición de divorcio la pareja residía en los New Jersey y el tribunal competente era el americano.

De modo y manera que, en 2006, cuando María José Carrascosa intenta entrar en los Estados Unidos sin la menor es detenida, encarcelada en la prisión Edna Mahan Correctional. Ese mismo año, el gran jurado de Bergen Country en New Jersey la inculpa del secuestro de la menor. En 2008 es condenada a 14 años de prisión que tendrá que cumplir íntegramente o, al, menos, hasta que María Solemne alcance la mayoría de edad y decida por si misma con cual de sus progenitores quiere vivir.

«En Estados Unidos ─ dice Peter Innes ─ el secuestro de un niño es un crimen muy serio. Es un delito que ocurre en el país todos los años a miles de niños y los tribunales están dispuestos a poner coto. Mi caso es raro, porque el secuestrador fue atrapado. Normalmente las mujeres que se llevan a sus hijos nunca vuelven porque saben lo que les espera».

«Mi intención ─ agrega ─ es que todos los implicados en el caso de mi hija paguen por ello. Eso incluye, no sólo a la familia Carrascosa, sino el Gobierno regional de Valencia y la fiscal de Menores Gema García», que aplicaron la Ley pasando por alto que había un convenio regulador entre nosotros, valido ante los tribunales de los Estados Unidos».

Por otra parte, el derecho de custodia por parte de la madre para sustraer a los hijos a su ex marido es un asunto recurrente y ampliamente polémico en España, donde varios centenares de mujeres han escapado al extranjero para vengarse de su ex marido. Por eso, algunos tribunales se plantean que cuando hay mala fe en esta acción no sea necesaria una sentencia previa que retire este derecho a la mujer para que pueda ser enjuiciada y condenada, tal y como planteó el juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

Consultado el asunto con varios magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, tras darle a leer el texto, son de la misma opinión. «El derecho a la patria potestad no puede interpretarse de manera tan amplia y exclusiva de una de las partes que pueda ser utilizado para perjudicar al ex cónyuge y privarle de sus derechos. No permite al progenitor que lo disfrutar usarlo ni abusar del mismo en perjuicio de otras personas que tienen derecho análogos o complementarios». […] Aunque el Tribunal Supremo haya sentado como doctrina que para cometer el delito de “sustracción de menores” es preciso que la parte que secuestre a los niños no tenga atribuida la patria potestad, los hechos aquí contados demuestran que cuando se produce un alejamiento de los niños premeditado y sin ser comunicado, con el objetivo de causar un perjuicio se está produciendo una sustracción, aunque parezca una contradicción». Y añade:

«Porque en estos casos, al haber terceras personas con derechos reconocidos implicadas no puede aplicarse la doctrina de que quien es dueño de una finca no puede robársela a si mismo sino la tesis de que quien roba a una sociedad (aunque esté disuelta) está robando a todos los miembros de esta. El estudio detallado de todos los sumarios, civiles y penales, en el caso actual, revela que la madre toma la decisión de fugarse de España cuando el Juzgado de Instrucción 7 le obliga a entregar los niños a su padre. Por lo tanto, para incumplir con esta obligación sustrajo a los menores, aunque con este delito no buscaba un beneficio propio sino perjudicar al contrario. La aplicación rígida de la jurisprudencia lleva a estas

aberraciones, en que los delitos se quedan sin castigo».

LA CUSTODIA PARA LA MADRE.- La sentencia del juzgado penal 5, ratificada por una sala de la Audiencia Provincial e inapelable obligaba, de hecho, a devolver la guardia y custodia de las menores a su madre, hecho para el que se reunió a comienzos de diciembre la sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El asunto, sin embargo, no va a ser nada fácil, a raíz de los nuevos hechos acaecidos desde la detención de Margarita Manrique de Lara hasta finales de 2010. Y, sin duda, va a generar la apertura de nuevos sumarios y nuevas peticiones de regimenes de visitas en este caso no por un padre sino por dos.

Porque, según consta en autos, el empresario Rafael González y Bravo de Laguna, que se había comportado escrupulosamente en relación con la Justicia hasta el secuestro de la menor, llevado por la rabia, la venganza o el odio o lo que sea, cometió durante la desaparición de su hija un error imperdonable que recordará mientras viva: acudió al registro Civil de Las Palmas y pidió el cambio de apellidos de su hija M., «pues me consta que no es mía, que yo no soy el padre».

Para acreditar el cambio de filiación paternal de la menor hizo acudir al registro, en calidad de testigo, al padre biológico o putativo de la menor, Agustín Juárez, un ex deportista de élite, quien ratificó punto por punto toda su declaración.

Este impulso emocional, llevó a los juzgados a iniciar un cambio de inscripción de los apellidos de la niña siendo sustituido el de «González» por el de «Manrique de Lara», en una primera instancia, y, posteriormente, tras la correspondiente prueba de ADN, por el de Juárez.

El asunto abrió nuevas vías a la terrorífica utilización de esta menor por los que presuntamente, hasta ese momento, eran sus padres biológicos. Con el fin de evitar daños irreparables a la niña, el juzgado de Instrucción seis de Las Palmas de Gran Canaria instala a Margaría Manrique de Lara y a su familia materna a «dejar a las menores al margen de todo el conflicto, aceptando al entorno paterno como parte integrante de sus vidas, absteniéndose de hacer comentarios dolientes a las menores sobre ellos, grabaciones de vídeo, si así fuere, y escritos, ya que se ha constatado ocasionan una situación de perjuicio para las niñas».

Asimismo, el juzgado de primera instancia número 5 prohíbe a la interfecta, «durante las visitas con sus hijas en el punto de encuentro, revelar a M. y a A. circunstancia alguna relativa a su filiación paterna, realizar cualquier comentario alguno en contra de Rafael González Bravo de Laguna, o socavar la relación de éste con las menores y, en tercer lugar, hacer la mas mínima referencia a la existencia de un nuevo posible padre de M. a las menores, ni a favor ni en contra de la persona que al parecer está solicitando la nueva filiación paterna sobre M».

La sala de lo civil de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que atender, a partir de ahora, a dos peticiones de regimenes de visitas de dos padres diferentes, uno de los cuales, Agustín Juárez, es desconocido para la menor M.

LA VENGANZA, DRAMA DE NUNCA ACABAR.- Margarita Manrique de Lara espera, sin embargo, quitarse a los dos maromos que tiempo atrás le dieron placer de encima en el momento justo en que le otorguen de nuevo la Guardia y Custodia. «Sobre Agustín Juárez ─ le contó a mi magnetofón ─ me ha dicho mi abogado que es un desgraciado, que no tiene ni donde caerse muerto, y que no va a constituir ningún problema. Es casi imposible que le autoricen un régimen de visitas con mi hija M.».

El asunto de A, la menor adoptada en Rumania es otro cantar. El empresario Rafael González Bravo de Laguna exigirá, sin duda, seguir ejerciendo su derecho a un «amplio régimen de visitas», toda vez que la menor ha pasado los tres últimos años a su cuidado y resultaría contraproducente romper de cuajo la relación paterno-filial establecida en ese tiempo y que, de pronto, desapareciera de la vida de las niñas.

Mientras su padre ha recusado al juez Parramont y se ha planteado hacerlo con los servicios sociales y la mitad de los magistrados de la isla, especialmente con la juez a la que llaman «la hija del Guardia Civil» (María Elena Corral Losada), su hija tiene ya claro como resolver el problema crucial: impedir que Rafael G. Bravo de Laguna siga pleiteando y algún día pueda salirse con la suya. «Una vez tenga la guardia y custodia me voy con A. a Jerez de la Frontera donde me esta esperando mi equipo de psicólogas [Sospecho pero no lo puedo probar que se refiere a Berzosa y su clan], las cuales me han prometido que en una semana le sacarán a la menor todos los abusos sexuales a que les ha sometido su padre desde el año 2004 hasta la fecha». Y agrega:

«Una vez lo haya contado todo, ya lo tengo todo listo para presentar denuncia en los juzgados de menores de Cádiz. La denuncia automáticamente activará la maquinaria judicial, lo detendrán y lo encarcelarán».

Conocido en algunos círculos sociales de Las Palmas de Gran Canaria como «el urraca» Rafael González y Bravo de Laguna es, sin duda, un personaje polémico y controvertido. Amigo de los políticos como Jerónimo Saavedra o José Carlos Mauricio, en los ambientes empresariales tiene fama de ser un «hábil conseguidor» de proyectos medio ambientales y de desalinización y distribución de aguas para el conglomerado empresarial de los Buhigues, como representante de Idagua, filiar de Saur, perteneciente a la multinacional francesa.

Así mismo, es amigo de Alberto Alcocer, Fernando Fernández Tapias, Borja Prado Eulate, presidente de Endesa, y otros empresarios madrileños con los que podría tener negocios en el sector de la construcción. Así mismo, ha mantenido diversos pleitos en los tribunales de las islas contra el presidente regional del PP, José Manuel Soria, la ex alcaldesa de Las Palmas Josefa Luzardo y algún otro. En el otro lado de la balanza hay que poner que uno de sus sobrinos, el miembro del PP José Félix Valdivieso González Bravo de Laguna, estuvo casado durante un tiempo con María Dolores de Cospedal numero dos del Partido Popular.

Ligado a un indeseable condenado por la Justicia y recientemente fallecido, el presidente del Gobierno de las islas Dimas Martín, en un negocio para privatizar la empresa de aguas Inalsa (Lanzarote), no es tal vez el hombre honorable, escrupuloso e intachable con el que una buena familia quisiera ver casada a su hija. Pero sus relaciones empresariales, por irregulares y sospechosas que sean, constituyen una cosa y su vida familiar otra. No por eso puede ser privado del derecho a ver al menos a uno de sus hijos (legales o no) y mucho menos encarcelado por despecho, deseos de revancha ni ningún otra sinrazón. Y todo ello, pese a su incalificable repudio hacia la menor M.

─ Pero Margarita, ¿no te das cuenta de que eso es volver a iniciar una guerra sin cuartel? ¿Teniendo en cuenta que las actuaciones judiciales están en Las Palmas de Gran Canaria, el va a pedir automáticamente la acumulación de las causas, el sumario se trasladará de nuevo a la Audiencia Provincial, y va a salir absuelto?

─ Yo tengo una fe tremenda en Dios y eso no va a pasar. Como se que la razón esta de mi parte, que abusó de las niñas, si el me metió a mi en la cárcel sin haber echo nada, pues yo voy a hacer otro tanto con él. ¿Te parece mal?

─ Pobres niñas.

Y pobres varones. No les basta con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pueden ser, además, desposeídos de sus hijos, a los que sus madres pueden secuestrar o retener a placer sin recibir la más minima sanción penal, salvo que hayan sido desposeídas del derecho a la guardia y custodia, que sólo se aplica en contadas ocasiones: cuando la madre se dedica a la prostitución, cuando carece de medios para sostener y educar a sus hijos y en el caso de que tengan alteradas sus funciones psíquicas aunque existen sentencias en que esta cuestión es un elemento determinante para que se le otorgue la guardia y custodia «a ver si se cura».

La custodia compartida, en vigor en muchos países, podría ser la solución a un asunto tan polémico, que conduce al desquiciamiento y a la locura, como acabamos de ver. Pero el feminismo radical y una tal Leire Pajin acaban de darle la puntilla a este derecho natural de los dos progenitores. A partir de su inclusión en el Código Penal, basta una denuncia por malos tratos de una mujer ─ aunque sea falsa o no llegue a probarse nunca ─ para que al varón se le retire de por vida su derecho a la custodia de sus hijos.

Se hace con absoluto desprecio de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Amnistía Internacional, Convención Europea de Derechos Humanos, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Human Rights Watch, Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras muchas leyes y organismos que defienden que los dos progenitores son necesarios para el desarrollo integral del menor, pese a ruptura matrimonial, separación o divorcio y que este derecho debe ser amparado por Gobiernos e instituciones.

El asunto, según los datos del ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales se pretende hacer extensivo a centenares de miles de matrimonios conflictivos, con el fin de preservar a 600.000 niños del dolor de ver a sus padres peleándose. Lo curioso de esta medida es que siempre se aplica al hombre, aunque la lagarta, la harpía encargada de meter cizaña en el matrimonio, de iniciar y acabar las peleas, sea la mujer.

Y luego, aunque España es el tercer país menos violento de Europa en las relaciones de pareja, las feministas que no paran de acorralar al hombre y convertir la familia en un estado de excepción permanente para una de las partes dicen que los hombres matan demasiadas mujeres… ¡Manda cojones!

Wednesday, December 15, 2010

LA VERDAD SIEMPRE TRIUNFARÁ

Reproduzco gustoso el texto que Julian Assange me ha hecho llegar a traves de un amiga tras su puesta en libertad en aplicación del principio del Habeas Corpus.

En 1958, el joven Rupert Murdoch, entonces dueño y editor de The News de Adelaide, escribió: "En la carrera entre el secreto y la verdad, parece inevitable que la verdad siempre va a ganar".
Su observación tal vez refleja lo que su padre Keith Murdoch expuso acerca de que las tropas australianas estaban siendo sacrificadas innecesariamente por incompetentes comandantes británicos en las costas de Galípoli. Los británicos trataron de callarlo, pero Keith Murdoch no fue silenciado y sus esfuerzos terminaron con la desastrosa campaña de Galípoli. Casi un siglo más tarde, WikiLeaks publica también sin miedo hechos que deben ser públicos.
Crecí en un pueblo rural de Queensland donde la gente dice lo que piensa sin rodeos. Desconfían de los grandes gobiernos por la posibilidad de corromperse cuando no están suficientemente vigilados. Los días oscuros de corrupción en Queensland antes de la Investigación Fitzgerald son un testimonio de lo que ocurre cuando el gobierno hace callar a los medios por revelar la verdad.
Estas cosas están presentes en mí. WikiLeaks fue creado alrededor de estos valores fundamentales. La idea, concebida en Australia, era de usar las tecnologías de Internet en una forma nueva para revelar la verdad.
WikiLeaks acuño un nuevo tipo de periodismo: el periodismo científico. Trabajamos con otros medios de comunicación para informar a la gente, pero también para demostrar qué es verdad. El periodismo científico le permite leer la noticia, luego hacer clic en línea para ver el documento original en el que se basa. De esa manera usted puede juzgar por sí mismo: ¿Es verdadera
la historia? ¿El periodista informó con precisión? Las sociedades democráticas necesitan medios de comunicación fuertes y WikiLeaks es parte de esos medios. Los medios de comunicación ayudan a garantizar que los gobiernos se conduzcan con honestidad. Wikileaks reveló algunas duras verdades sobre las guerras de Irak y de Afganistán, y los detalles de la corrupción corporativa.
La gente dijo que estoy contra la guerra: para que conste, no lo estoy. A veces, las naciones necesitan ir a la guerra, y hay guerras justas. Pero no hay nada más equivocado que un gobierno que miente a su población acerca de las guerras, y que luego pide a esos mismos ciudadanos que jueguen sus vidas y sus impuestos por esas mismas mentiras. Si una guerra está justificada, entonces digan la verdad y el pueblo decidirá si apoyarla o no.
Si usted leyó alguno de los registros de la guerra de Afganistán o de Irak, o alguno de los cables de la embajada de EE.UU. o cualquiera de las historias sobre las cosas que Wikileaks informó, tenga en cuenta lo importante que es para todos los medios poder informar de estas cosas con
libertad.
Wikileaks no es el único en publicar cables de las embajadas de EE.UU. Otros medios de comunicación, incluyendo el británico The Guardian, The New York Times, El País en España y Der Spiegel en Alemania publicaron los mismos cables redactados.
Sin embargo, WikiLeaks, como coordinador de estos otros grupos, es el que recibió las acusaciones y los ataques más virulentor de parte del gobierno de EE.UU. y sus acólitos. Me acusaron de traicionar a la patria, a pesar de que soy un ciudadano australiano, no estadounidense. Hubo decenas de llamados graves en los EE.UU. para que yo sea "sacado" por las fuerzas especiales de EE.UU.. Sarah Palin dice que deben "cazarme como Osama bin Laden", un proyecto de ley republicano en el Senado de EE.UU. busca que me declaren una "amenaza transnacional" y que dispongan de mi de acuerdo con esto. Un asesor de la oficina del primer ministro canadiense, pidió por cadena nacional que me asesinen. Un bloguero estadounidense pidió que secuestren y lastimen a mi hijo de 20 años, aquí en Australia, sin otra razón que para alcanzarme.
Y los australianos deben observar avergonzados las desafortunadas declaraciones de estos sentimientos por parte de Julia Gillard (primera ministra de Australia) y de su gobierno. Los poderes del gobierno australiano parecen estar a la entera disposición de los EE.UU. para cancelar mi pasaporte australiano, o para espiar o acosar a los partidarios de WikiLeaks. El Fiscal General de Australia está haciendo todo lo posible para ayudar en una investigación de EE.UU. claramente dirigida a enmarcar a los ciudadanos australianos y enviarlos a Estados Unidos.
La primera ministra Gillard y la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, no tuvieron ni una palabra crítica hacia los otros medios de comunicación. Esto se debe a que The Guardian, The New York Times y Der Spiegel son viejos y grandes, mientras que Wikileaks es aún joven y pequeño. Somos los de abajo. El gobierno Gillard está tratando de matar al mensajero porque no quiere que la verdad sea revelada, inclusive informaciones sobre sus propias negociaciones diplomáticas y políticas.
¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno australiano a las numerosas amenazas públicas de violencia contra mí y el personal de WikiLeaks? Uno podría pensar que un primer ministro de Australia defendería a sus ciudadanos contra tales infundios, pero sólo hubo acusaciones ilegales y sin fundamento. La Primer Ministra y sobre todo el Fiscal General deben ejercer sus funciones con dignidad y sin tomar partido en la querella. No se preocupen, estos dos intentan salvar su propio pellejo. No lo harán. Cada vez que Wikileaks publica la verdad sobre los abusos cometidos por las agencias de EE.UU., los políticos australianos cantan un coro demostrablemente falso con el Departamento de Estado: "¡Arriesgarán vidas! ¡La seguridad nacional! ¡Pondrán en peligro las tropas!". Luego dicen que no hay nada importante en lo que Wikileaks publica. No puede ser ambas cosas.
¿Cuál es la verdad?. Ninguna. Hace cuatro años que Wikileaks publica informaciones. Durante ese tiempo cambiamos los gobiernos en su totalidad, pero que se sepa ni una sola persona fue perjudicada. Sin embargo, los EE.UU., con la complicidad del gobierno australiano, mataron a miles de personas en los últimos meses.
El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, admitió en una carta al Congreso de EE.UU. que no hay fuentes de inteligencia sensibles o métodos que fueron comprometidos por la divulgación de los registros de la guerra de Afganistán. El Pentágono afirmó que no había pruebas de que los informes de Wikileaks hayan conducido a que alguien sea perjudicado en Afganistán. La OTAN en Kabul, dijo a CNN que no pudo encontrar una sola persona que necesitara protección. El Departamento australiano de Defensa dijo lo mismo.
No hay tropas australianas o fuentes que fueron afectadas por lo que publicamos. Pero nuestras publicaciones sí fueron importantes. Los cables de EE.UU. diplomática revelan algunos datos sorprendentes:
Los EE.UU. pidieron a sus diplomáticos que roben material humano e información personal de funcionarios de la ONU y de grupos de derechos humanos, incluidas las de ADN, huellas digitales, escaneos de iris, números de tarjetas de crédito, contraseñas de Internet y fotos de identidad, violando tratados internacionales. Se puede suponer que eso incluye también a los diplomáticos australianos de la ONU.
El rey Abdullah de Arabia Saudita pidió a los EE.UU. que ataquen a Irán. Los funcionarios de Jordania y Bahrein quieren detener el programa nuclear iraní de cualquier modo. La investigación de Gran Bretaña en Irak se fijó en proteger "los intereses de EE.UU." Suecia es un miembro encubierto de la OTAN y se esconde al Parlamento el intercambio de información con los servicios secretos estadounidenses.
Los EE.UU. están jugando duro para que otros países acepten tomar detenidos liberados de la Bahía de Guantánamo. Barack Obama acordó reunirse con el presidente de Eslovenia con la condición de que Eslovenia recibiera un preso. Se ofrecieron millones de dólares para que nuestro vecino del Pacífico, Kiribati, aceptara a los detenidos.
En su histórico fallo en el caso de los Papeles del Pentágono, la Corte Suprema de los EE.UU. dijo que "sólo una prensa libre y sin restricciones puede denunciar de manera eficaz los engaños del gobierno". La tormenta que gira alrededor de WikiLeaks hoy refuerza la necesidad de defender el derecho de todos los medios de comunicación a revelar la verdad.

> Julian Assange, editor en jefe de WikiLeaks.

Saturday, December 11, 2010

EL GOBIERNO BRITÁNICO ESTA OBLIGADO A CONCEDER EL HABEAS CORPUS Al «PERIODISTA» Y BLOGUERO AUSTRALIANO JULIÁN ASSANGE

EL «HACKER» AUSTRALIANO, ACUSADO DE VIOLACIÓN POR UNA FEMINISTA RADICAL, NO HA ELUDIDO NUNCA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA NI PRETENDE ESCAPAR Y SU ENCARCELAMIENTO POR UN ASUNTO VANAL, ARCHIVADO YA UNA VEZ POR LA FISCALÍA SUECA, ES UN CHANTAJE Y UN INTOLERABLE ABUSO DE DERECHO

Suecia es sin duda uno de los países del mundo donde más violaciones de mujeres se producen a tenor de las estadísticas. De hecho el año pasado hubo 28.000 denuncias en una nación de poco más de nueve millones de habitantes donde el clima frío y lluvioso hace que los penes de los hombres estén casi siempre contraídos y poco aptos para mantener relaciones sexuales.

Esto ocurre, además, en el reino de la igualdad entre hombres y mujeres. O incluso en el único país del mundo donde la mujer ha logrado superar a los hombres en muchos campos de la actividad humana, desde la universidad, la abogacía a la literatura. De hecho, el Gobierno sueco presume que en la administración hay muchas más subsecretarias y directoras generales mujeres que hombres.

Por eso extraña que se siga atentando tan ampliamente contra los derechos sexuales de las hembras. De hecho, si extrapoláramos los datos de las denuncias a países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España habría sin duda legiones de mujeres armadas de tijeras patrullando por las calles dispuestas a cortarle el pito a cualquier hombre que se atreviera a echarles una mirada lasciva.

El último caso de presunto violador es el del dueño de Wikileaks, Julián Assange, uno de los personajes más famosos del año 2010 por haber filtrado primero las tropelías de las fuerzas aliadas en la guerra de Irak y, más recientemente, por dejar con el trasero al aire al Departamento de Estado, al sacar a la luz decenas de miles de documentos entre las embajadas de todo el mundo y la Secretaría de Exteriores de la nación más poderosa del mundo.

Según la información que ha trascendido el azote de la diplomacia norteamericana no violó a ninguna sueca, tal y como se entiende en los códigos penales estadounidense, español o francés, por poner sólo tres ejemplos durante una estancia casi clandestina en Estocolmo el 11 de agosto pasado para dar una conferencia.

Durante su viaje y por motivos de seguridad fue alojado en la casa de una militante feminista liberada, Anna Ardin, quien se ofreció a darle cobijo y a «arroparle bajo el edredón», tras una cena y un rápido flirteo. Según la declaración de ésta, esa primera noche hubo acto sexual y, durante el mismo, se rompió el preservativo. Ella se indignó cuando se dio cuenta de ello y le echó la culpa al hombre quien, ciego por la pasión y el ardor del momento, alega no haberse enterado tampoco hasta el final cuando ya no había solución alguna. Ardin, sin embargo, sospecha que el hombre se dio cuenta de que el condón se había roto y, por eso, le acusare de violación.

EL DUEÑO DE WIKILEAKS ESTÁ ACUSADO DE VIOLACIÓN PORQUE LAS SUECAS, ANTES TAN LIBERALES, YA SOLO HACEN EL AMOR CON PRESERVATIVO Y A ÉL SE LE ROMPIÓ EL SUYO

Sin embargo, por extraño que parezca, después de aquel encuentro amoroso, la feminista siguió manteniendo relaciones sexuales con Assange e incluso el 14 de agosto preparó una fiesta en honor de su «ardoroso» amante ocasional. Nada hacía pensar que detrás de la actitud amigable de la mujer había resentimiento alguno y, mucho menos, una violación, salvo que a las suecas les de ahora por agasajar a los que atentan contra su libertad sexual.

Lo que provocó la denuncia en comisaría fue, al parecer, la aparición posterior de otra dama, Sofía Wallen, una joven de 20 años, pareja sentimental del artista estadounidense Seth Benson, que se fijaría en Assange desde la primera fila que ocupó durante el seminario poco después. Sofía se enamoró inmediatamente del «hacker» australiano y le invitó a dormir en su casa y, como no, a mantener relaciones sexuales con ella en dos ocasiones, una noche con preservativo y, de nuevo al día siguiente, sin ningún tipo de protección.

Pero eso, en principio, no pareció molestarle. Lo que le indignó, lo mismo que a Anna Ardin, fue enterarse que Assange era un «mujeriego» y que aprovechó su estancia en Suecia para realizar más de una cata sobre la pretendida liberalidad y libertad sexual de las mujeres de aquel país.

De ahí que las dos mujeres, celosas y puestas de acuerdo, acudieran a una comisaría y pusieran una denuncia contra el dueño de Wikileaks, quien no ha negado en momento alguno la versión de las damas. Hubo sexo consentido con ambas aunque luego, según la feminista, una señora que describe en su blog «como vengarse de los hombres en siete pasos legales», se convirtió en un presunto abuso al no tener el hombre los suficientes reflejos para detenerse en el momento en que se lo exigía su pareja.

En ninguno de los dos casos ha existido, por lo tanto, ni acoso sexual y mucho menos violación tal y como aparece descrita ésta en la mayoría de los códigos penales: «atentado contra la libertad sexual de otra persona con violencia e intimidación». Tampoco puede inferirse que las presuntas «violadas» fueran personas menores de edad o especialmente vulnerables ni que el Don Juan australiano tuvieran una «conducta degradante o vejatoria» hacia las víctimas. Tampoco, por lo que han declarado, ellas hicieron esfuerzo alguno para interrumpir el acto sexual.

Por el contrario, tanto Anna como Sofía, aparecían sonrientes y contentas en todas las intervenciones de Julián Assange, de donde cabe deducir que la picha del australiano debía haberle satisfecho a gusto, ya que ninguna de ellas, a pesar de que éste no era demasiado partidario, por lo que se ve, de colocar la «camisiña do pito» al susodicho, lo cual no es ningún delito ni en Suecia ni en la Cochinchina. La mujer que esté en contra de este comportamiento se levanta de la cama, se viste, se larga, y no pasa nada. Es lo que habitualmente suele ocurrir.

TRAS SU DETENCIÓN APARECE LA LARGA MANO DE LOS GOBIERNOS OCCIDENTALES AL QUEDAR CON EL TRASERO AL AIRE EN LAS ULTIMAS FILTRACIONES DE LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estas dos mujeres, sin embargo, con sus denuncias extravagantes, han logrado atrapar al hombre con el que ni siquiera los Estados Unidos y su poderosa maquinaria policial había podido. Defendidas por Claes Borgström, portavoz del Partido Socialdemócrata en asuntos de igualdad y partidario de ampliar los casos de violación y acoso sexual, Claes presentó primero una denuncia ante la fiscal Maria Kjellstrand, la cual, tras recibir la denuncia a trámite, decidió que no había indicios de delito.

Aunque el Suecia rige el principio penal de «non bis in idem», molesto, Borgström llevó el asunto a otra fiscal y en septiembre el caso se reabrió sin más pruebas que las iniciales. Assange prestó declaración en una ocasión y salió sin ser procesado ni inculpado de delito alguno y pudo abandonar sin problemas el país.

De ahí que resulte extremadamente escandaloso que el 7 de diciembre pasado, se dictara una orden de busca y captura por medio de Interpol contra Assange que se encontraba en esos momentos en el Reino Unido y que se presentó inmediatamente voluntariamente ante Scotland Yard ya que no tiene nada que temer.

Lo extraño ha sido la reacción de los tribunales de Justicia ingleses. En lugar de aplicarles el Habeas Corpus y dejarle en libertad con la obligación de presentarse ante el tribunal sueco cuando sea llamado, en el país donde más se usó a partir del siglo XVII [Ley Inglesa de 1640 y Acta Hábeas Corpus de 1679] esta norma que impide el abuso de los tribunales y garantiza los derechos del justiciable ha sido encarcelado hasta el día 14 en el que se decidirá sobre su suerte. Todo lo cual no deja de ser vergonzoso e indignante, visto el contexto en que se produce la arbitraria anulación de una medida encaminada a evitar que se cometan gratuitamente injusticias y el país que la dicta. La libertad es el primer bien jurídico que deben tutelar los tribunales y la única garantía de ello es aplicar con presteza y diligencia el derecho de todo individuo al hábeās corpus [ad subiiciendum] (tendrás tu cuerpo libre) , tal y como lo definían los romanos.

EL RIGHT TO KNOW AMPARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS Y TANTO EL GOBIERNO COMO L AS AGENCIAS GUBERNAMENTALES ESTÁN OBLIGADOS A FACILITARLA POR LEY

Todo ello constituye sin duda un desagradable abuso de Derecho, un chantaje inadminsible, una amenaza a la libertad de expresión, y un intolerable e inconcebible "aviso" de los poderes públicos que se presumen democráticos, para que su empresa de Internet deje de publicar documentos oficiales, trabajo que realiza amparándose en el principio del Derecho a Conocer de la sociedad, el Right to Know que consagra la Freedom of the Information Act de los Estados Unidos, donde tiene la sede social Wikileaks.

Elaborada esta Ley tras el "caso Watergate", la misma obliga a los poderes publicos, a las agencias gubernamentales y al mismo Gobierno a facilitar toda la información disponible en sus archivos a los medios de comunicación. En caso de negarse a ello, los periodistas pueden acudir a los tribunales, los cuales están obligados a la desclasificación de aquellos asuntos de interés general, salvo los que afecten a la seguridad nacional.

Su destino, en consecuencia, parece tener mucho más que ver con el cabreo del Departamento de Estado y la administración de Barack Obama que con el grosor de los preservativos suecos, un asunto que sin duda debería preocupar seriamente al letrado Claes Borgström.

En el país de la excelencia, puntero en muchos campos de la investigación, es lamentable coño que los condones se rompan, especialmente cuando la pareja está llegando al clímax previo al orgasmo. ¿O pretenderán de esta singular manera los nordicos de Europa aumentar la natalidad en uno de los países donde menos niños se ven por las calles?

EL GOBIERNO BRITÁNICO ESTA OBLIGADO A CONCEDER EL HABEAS CORPUS Al "PERIODISTA" Y BLOGUERO AUSTRALIANO JULIÁN ASSANGE

EL "HACKER" AUSTRALIANO, ACUSADO DE VIOLACIÓN POR UNA FEMINISTA RADICAL, NO HA ELUDIDO NUNCA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA NI PRETENDE ESCAPAR Y SU ENCARCELAMIENTO POR UN ASUNTO VANAL, ARCHIVADO YA UNA VEZ POR LA FISCALÍA SUECA, ES UN INTOLERABLE ABUSO DE DERECHO


Suecia es sin duda uno de los países del mundo donde más violaciones de mujeres se producen a tenor de las estadísticas. De hecho el año pasado hubo 28.000 denuncias en una nación de poco más de nueve millones de habitantes donde el clima frío y lluvioso hace que los penes de los hombres estén casi siempre contraídos y poco aptos para mantener relaciones sexuales.

Esto ocurre, además, en el reino de la igualdad entre hombres y mujeres. O incluso en el único país del mundo donde la mujer ha logrado superar a los hombres en muchos campos de la actividad humana, desde la universidad, la abogacía a la literatura. De hecho, el Gobierno sueco presume que en la administración hay muchas más subsecretarias y directoras generales mujeres que hombres.

Por eso extraña que se siga atentando tan ampliamente contra los derechos sexuales de las hembras. De hecho, si extrapoláramos los datos de las denuncias a países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España habría sin duda legiones de mujeres armadas de tijeras patrullando por las calles dispuestas a cortarle el pito a cualquier hombre que se atreviera a echarles una mirada lasciva.

El último caso de presunto violador es el del dueño de Wikileaks, Julián Assange, uno de los personajes más famosos del año 2010 por haber filtrado primero las tropelías de las fuerzas aliadas en la guerra de Irak y, más recientemente, por dejar con el trasero al aire al Departamento de Estado, al sacar a la luz decenas de miles de documentos entre las embajadas de todo el mundo y la Secretaría de Exteriores de la nación más poderosa del mundo.

Según la información que ha trascendido el azote de la diplomacia norteamericana no violó a ninguna sueca, tal y como se entiende en los códigos penales estadounidense, español o francés, por poner sólo tres ejemplos durante una estancia casi clandestina en Estocolmo el 11 de agosto pasado para dar una conferencia.

Durante su viaje y por motivos de seguridad fue alojado en la casa de una militante feminista liberada, Anna Ardin, quien se ofreció a darle cobijo y a «arroparle bajo el edredón», tras una cena y un rápido flirteo. Según la declaración de ésta, esa primera noche hubo acto sexual y, durante el mismo, se rompió el preservativo. Ella se indignó cuando se dio cuenta de ello y le echó la culpa al hombre quien, ciego por la pasión y el ardor del momento, alega no haberse enterado tampoco hasta el final cuando ya no había solución alguna. Ardin, sin embargo, sospecha que el hombre se dio cuenta de que el condón se había roto y, por eso, le acusare de violación.

EL DUEÑO DE WIKILEAKS ESTÁ ACUSADO DE VIOLACIÓN PORQUE LAS SUECAS, ANTES TAN LIBERALES, YA SOLO HACEN EL AMOR CON PRESERVATIVO Y A ÉL SE LE ROMPIÓ EL SUYO

Sin embargo, por extraño que parezca, después de aquel encuentro amoroso, la feminista siguió manteniendo relaciones sexuales con Assange e incluso el 14 de agosto preparó una fiesta en honor de su «ardoroso» amante ocasional. Nada hacía pensar que detrás de la actitud amigable de la mujer había resentimiento alguno y, mucho menos, una violación, salvo que a las suecas les de ahora por agasajar a los que atentan contra su libertad sexual.

Lo que provocó la denuncia en comisaría fue, al parecer, la aparición posterior de otra dama, Sofía Wallen, una joven de 20 años, pareja sentimental del artista estadounidense Seth Benson, que se fijaría en Assange desde la primera fila que ocupó durante el seminario poco después. Sofía se enamoró inmediatamente del «hacker» australiano y le invitó a dormir en su casa y, como no, a mantener relaciones sexuales con ella en dos ocasiones, una noche con preservativo y, de nuevo al día siguiente, sin ningún tipo de protección.

Pero eso, en principio, no pareció molestarle. Lo que le indignó, lo mismo que a Anna Ardin, fue enterarse que Assange era un «mujeriego» y que aprovechó su estancia en Suecia para realizar más de una cata sobre la pretendida liberalidad y libertad sexual de las mujeres de aquel país.

De ahí que las dos mujeres, celosas y puestas de acuerdo, acudieran a una comisaría y pusieran una denuncia contra el dueño de Wikileaks, quien no ha negado en momento alguno la versión de las damas. Hubo sexo consentido con ambas aunque luego, según la feminista, una señora que describe en su blog «como vengarse de los hombres en siete pasos legales», se convirtió en un presunto abuso al no tener el hombre los suficientes reflejos para detenerse en el momento en que se lo exigía su pareja.

En ninguno de los dos casos ha existido, por lo tanto, ni acoso sexual y mucho menos violación tal y como aparece descrita ésta en la mayoría de los códigos penales: «atentado contra la libertad sexual de otra persona con violencia e intimidación». Tampoco puede inferirse que las presuntas «violadas» fueran personas menores de edad o especialmente vulnerables ni que el Don Juan australiano tuvieran una «conducta degradante o vejatoria» hacia las víctimas. Tampoco, por lo que han declarado, ellas hicieron esfuerzo alguno para interrumpir el acto sexual.

Por el contrario, tanto Anna como Sofía, aparecían sonrientes y contentas en todas las intervenciones de Julián Assange, de donde cabe deducir que la picha del australiano debía haberle satisfecho a gusto, ya que ninguna de ellas, a pesar de que éste no era demasiado partidario, por lo que se ve, de colocar la «camisiña do pito» al susodicho, lo cual no es ningún delito ni en Suecia ni en la Cochinchina. La mujer que esté en contra de este comportamiento se levanta de la cama, se viste, se larga, y no pasa nada. Es lo que habitualmente suele ocurrir.

TRAS SU DETENCIÓN APARECE LA LARGA MANO DE LOS GOBIERNOS OCCIDENTALES AL QUEDAR CON EL TRASERO AL AIRE EN LAS ULTIMAS FILTRACIONES DE LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estas dos mujeres, sin embargo, con sus denuncias extravagantes, han logrado atrapar al hombre con el que ni siquiera los Estados Unidos y su poderosa maquinaria policial había podido. Defendidas por Claes Borgström, portavoz del Partido Socialdemócrata en asuntos de igualdad y partidario de ampliar los casos de violación y acoso sexual, Claes presentó primero una denuncia ante la fiscal Maria Kjellstrand, la cual, tras recibir la denuncia a trámite, decidió que no había indicios de delito.

Aunque el Suecia rige el principio penal de «non bis in idem», molesto, Borgström llevó el asunto a otra fiscal y en septiembre el caso se reabrió sin más pruebas que las iniciales. Assange prestó declaración en una ocasión y salió sin ser procesado ni inculpado de delito alguno y pudo abandonar sin problemas el país.

De ahí que resulte extremadamente escandaloso que el 7 de diciembre pasado, se dictara una orden de busca y captura por medio de Interpol contra Assange que se encontraba en esos momentos en el Reino Unido y que se presentó inmediatamente voluntariamente ante Scotland Yard ya que no tiene nada que temer.

Lo extraño ha sido la reacción de los tribunales de Justicia ingleses. En lugar de aplicarles el Habeas Corpus y dejarle en libertad con la obligación de presentarse ante el tribunal sueco cuando sea llamado, ha sido encarcelado hasta el día 14 en el que se decidirá sobre su suerte.

EL RIGHT TO KNOW AMPARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS Y TANTO EL GOBIERNO COMO L AS AGENCIAS GUBERNAMENTALES ESTÁN OBLIGADOS A FACILITARLA POR LEY


Todo ello constituye sin duda un desagradable abuso de Derecho, una amenaza a la libertad de expresión, y un intolerable e inconcebible "aviso" de los poderes públicos que se presumen democráticos, para que su empresa de Internet deje de publicar documentos oficiales, trabajo que realiza amparándose en el principio del Derecho a Conocer de la sociedad, el Right to Know que consagra la Freedom of the Information Act de los Estados Unidos, donde tiene la sede social Wikileaks.

Elaborada esta Ley tras el caso Watergate, la misma obliga a los poderes publicos, a las agencias gubernamentales y al mismo Gobierno a facilitar toda la información disponible en sus archivos a los medios de comunicación. En caso de negarse a ello, los periodistas pueden acudir a los tribunales, los cuales están obligados a la desclasificación de aquellos asuntos de interés general, salvo los que afecten a la seguridad nacional.

Su destino, en consecuencia, parece tener mucho más que ver con el cabreo del Departamento de Estado y la administración de Barack Obama que con el grosor de los preservativos suecos, un asunto que sin duda debería preocupar seriamente al letrado Claes Borgström.

En el país de la excelencia, puntero en muchos campos de la investigación, es lamentable coño que los condones se rompan, especialmente cuando la pareja está llegando al clímax previo al orgasmo. ¿O pretenderán de esta singular manera los nordicos de Europa aumentar la natalidad en uno de los países donde menos niños se ven por las calles?

Thursday, December 9, 2010

EN FEBRERO LA AUDIENCIA NACIONAL CALIFICÓ A LOS CONTROLADORES DE CONSEGUIR SUS CONVENIOS MEDIANTE FRAUDE DE LEY

EN UNA SENTENCIA AFIRMÓ QUE LA SITUACIÓN CREADA EN LOS 20 ULTIMOS AÑOS ERA DE INTOLERABLE ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE Y DE CALAMITOSA

El 10 de febrero pasado y en relación con el conflicto que enfrenta desde hace más de 30 años (recuérdese que el congreso de UCD de enero de 1981 a celebrar en Palma de Mallorca tuvo que suprimirse por una huelga encubierta de controladores), la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional sentenciaba lo siguiente: «La intervención del legislador no sólo es obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa, como la que se da en el funcionamiento y en el régimen de los controladores aéreos».

Y añadía: «Valorado en su conjunto, [el convenio] constituye indudablemente la mejor regulación de las condiciones de trabajo para una categoría de trabajadores que se ha producido jamás en la historia de la negociación colectiva española. Más aún, en la medida en que el convenio consagra que «el poder de organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios se 'cogestione' en el mejor de los casos y se desplace individualmente a los propios controladores en el peor…, la negociación colectiva ha dejado de cumplir su función constitucional».

Y concluía la Audiencia Nacional: «La prolongación durante más de veinte años de una situación como la aquí acreditada, en la que se ha utilizado la negociación colectiva en fraude de ley, no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar».

Parte de esta sentencia, citada por el presidente del Gobierno en su comparecencia del 9 de diciembre en el Congreso de los Diputados para analizar la reciente rebelión de los controladores aéreos el 3 de diciembre anterior, que obligó al cierre del espacio aéreo español, a la militarización del sector y a la proclamación del Estado de Alarma en todo el territorio nacional, revela que esta casta de empleados públicos, algo así como unos guardias de tráfico aéreos espléndidamente retribuidos, formaban una especie de estado dentro del Estado ─ con sus propias leyes al margen de la Constitución ─ o, como escribía el periodista Miguel Ángel Aguilar, constituían una especie de «ratones» dentro del aparato de la Administración que se permitían «dictarle las leyes al gato», en este caso al Gobierno de la nación.

DURANTE DECADAS DIRIGIERON EL CONTROL AÉREO COMO SI FUERAN LOS DUEÑOS DE AENA, EN LUGAR DE UNOS SIMPLES EMPLEADOS PÚBLICOS

Todo lo cual me lleva a ratificarme plenamente en lo escrito en esta Web hace unos días. Esta pandilla de individuos, salvo las excepciones de rigor, se habían proclamado a si mismos en los dueños absolutos de los cielos de España e imponían en ellos sus leyes, las del Chicago de los años 20, como si se tratara de una moderna versión de Alfonso Capone y sus muchachos.

Lo hacían, además, utilizando las herramientas de trabajo que el Estado había puesto en sus manos, para utilizarlas en su contra, chantajear con sus huelgas de celo no anunciadas a los diversos gobiernos de la democracia (UCD, PSOE y PP), tomar a los ciudadanos como rehenes, convertir los aeropuertos en modernos campos de concentración y atentar gravemente contra los intereses económicos del país, que vive en gran parte de los ingresos del turismo y de la imagen de España en el exterior.

Los integrantes de ese colectivo de desaprensivos carecen de méritos extraordinarios ni dotes excepcionales o sobresalientes que justificaran esta arbitraria, abusiva y despótica situación económica. Pero dispuestos a incrementar exponencialmente año tras año sus sinecuras y ventajas, los tiránicos malandrines utilizaban un arma contra la que era casi imposible luchar: de repente, sin que se hubiera declarado epidemia alguna en el país, se enfermaban inesperadamente o se ponían en huelga de celo y dejaban tirados en tierra a centenares de miles de españoles que tenían previsto viajar esos días.

Hace veinte o treinta años, el asunto no tenía la relevancia social actual. El transporte aéreo, por sus costes, el miedo a volar y otros factores, era privilegio de unos pocos ejecutivos y algunos centenares de miles de turistas. Pero en la medida en que la aviación comercial se convirtió en transporte de masas en los países avanzados, especialmente cuando hay que cruzar un océano, las llamadas huelgas de celo empezaron a convertirse en una coacción cada vez más intolerable, terriblemente inadmisible, ejercida por unos señores situados por encima del bien y del mal y dedicados a menospreciar los derechos de sus compatriotas y visitantes.

Ejercida por los controladores aéreos, esa cofradía de asalariados, esa camarilla de trabajadores por cuenta ajena convertidos, al igual que la mafia, en unos delincuentes laborales acostumbrados a usar dos o tres veces por año su peculiar «forma de negociación colectiva» empezaron a amenazar cada vez más y más amplios sectores de población, a los que privaban de su elemental derecho a la libre circulación, fueran simples turistas o enfermos del corazón que esperaban una donación para salvar la vida.

SEGÚN EL PERIODISTA MIGUEL ANGEL AGUILAR, DESDE HACE TRES DECADAS LOS CONTROLADORES, AL IGUAL QUE LOS RATONES, HAN PRETENDIDO DICTARLES LAS NORMAS AL GATO (GOBIERNO)

Como un grupo de pandilleros cualesquiera, sin embargo, continuaban aplicando sus prácticas mafiosas como si no ocurriera nada, como si el mundo no hubiera cambiado, atrapando cada vez más a más centenares de miles de personas en aeropuertos y hoteles, y convirtiendo a los primeros en una especie de campos de concentración del siglo XXI, que duraban en alguna ocasión hasta una semana. Y, como aseguraba la Audiencia Nacional, presentaban sus convenios colectivos arrancados mediante amenazas veladas, chantajes, fraudes de Ley, estados de excepción permanentes, como si se tratara de convenios legítima y legalmente conseguidos.

Pero, como a todos los malandrines en algún momento tendría que caerles encima el peso de la Justicia. Y esto empezó a barruntarse desde comienzos de año en que por prejuicios clasistas, porque el Gobierno preveía ya privatizar el ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), porque la chulería del colectivo indignó a los directivos del ente encargado de la navegación aérea o por las razones que fueran el ministro José Blanco se planteó «meter en cintura» a este colectivo que llevaba 30 años convirtiendo al país en su finca particular.

Al no llegarse a un acuerdo alguno con el Gobierno, el 5 de agosto de 2010 el ministerio de Fomento impuso a los controladores, por Real Decreto, un cupo anual de 1.670 horas de actividad aeronáutica, es decir, de trabajo efectivo al margen de enfermedades, permisos y otros. Se ponía fin así a los precios abusivos de las horas extraordinarias, que se pagaban 3 veces más que las normales y que permitió a alguno de ellos ganar 900.000 euros en un año de trabajo y a otras prebendas.

Cada una de las partes, sin embargo, ─ trabajadores y AENA─ hacían una interpretación distinta de lo que eran horas de servicio, problema habitual en la aplicación de muchos convenios colectivos. En lugar de llevar el asunto a los tribunales y pedir una aclaración de lo que debería considerarse horas de «actividad aeronáutica», los salteadores de los cielos decidieron, como de costumbre, imponer la ley del más fuerte por la fuerza y echarle un pulso al Gobierno y a la nación entera.

Argumentando que ya habían cumplido con las 1.670 horas anuales trabajadas, en noviembre pasado empezaron por paralizar parcialmente el aeropuerto de Santiago de Compostela y anunciaron que iban a hacer extensiva la medida a Canarias, Baleares, Andalucía y al resto de la nación para sembrar el caos aéreo en España durante el periodo de navidades.

A la vista de que no había otra solución posible, el Gobierno contrarreplicó con un Real Decreto Ley publicado el 3 de diciembre en el que especificaba que, por razones de seguridad y para mantener su capacidad profesional y la habilitación correspondiente la «actividad aeronáutica» no podían bajar de las 1.670 horas, «al margen de los tiempos dedicados a otras actividades o al ejercicio de determinados derechos sindicales, los periodos de imaginaria, etc.»

LA DIFERENTE INTERPRETACIÓN ENTRE AENA Y LOS CONTROLADORES SOBRE LAS HORAS TRABAJADAS, QUE DEBIO DIRIGMIRSE EN LOS TRIBUNALES, PROVOCO EL CAOS EN ESPAÑA. ACOSTUMBRADOS A IMPONER SU LEY, LOS SEGUNDOS SE DEDICARON A SABOTEAR LA ECONOMIA NACIONAL

Y los «controladores de la gasolina», sin medir sus consecuencias, trataron de incendiar el país entero. En lugar de llevar al Gobierno a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es a lo que ha lugar en un Estado de Derecho, como si de repente se hubiera proclamado una enfermedad contagiosa en todas las torres de control de España, procedieron de manera súbita, masiva y simultánea a abandonar sus puestos de trabajo paralizando el tráfico comercial y cerrando el espacio aéreo español a partir de las 5:20 de la tarde, coincidiendo con el puente vacacional más largo del año.

La reacción del Gobierno fue la previsible en estos casos. En primer lugar, ordenó al fiscal de Madrid que abriera diligencias en contra de los controladores. Se pretendía aplicar así la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 califica la «perturbación del servicio aeropuertario» de un delito de sedición que aparece agravado en el punto 1 del mismo artículo «si la intención de esa perturbación es interrumpir el tráfico aéreo» con una condena de 8 años de prisión.

A muchos de los miembros de la Cueva de Ali Babá en que se ha convertido el control aéreo español en los últimos años aquella medida les traía sin cuidado. Persistieron en su actitud de rebeldía y el Gobierno para evitar el sabotaje a la economía nacional y a que se pisotearan aún más los derechos de los ciudadanos, se vio obligado a dar otro paso y militarizó los aeropuertos. Como la decisión tampoco intimido a quienes se sentían los dueños y señores de un país al que consideraban casi feudal, el Ejecutivo tuvo que incrementar su escalada. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981, a proclamar el Estado de Alarma, amenazando al colectivo con su detención inmediata y su ingreso en la cárcel, donde comerían sin duda el turrón más amargo de su vida, alejados de sus mujeres y de sus hijos.

Fue entonces cuando esa especie de chulos, de matones de barrio que gestionan una actividad tan delicada como la seguridad y la vida en los cielos españoles se vio obligada a morder el polvo o a acabar entre rejas. El virus de Ébola que azotaba sus puestos de trabajo, pero que no les impedía constituirse en asambleas permanentes, desapareció por ensalmo y la situación de normalidad se restableció en pocas horas.

Pese a todo, el debate celebrado el 9 de diciembre en el Congreso reveló que, al margen de que la forma de actuar de los controladores fueran ilegítimos, ilegales, intolerables o sin justificación alguna, el Gobierno ha venido actuando en los últimos meses con bastantes dosis de improvisación, exceso de torpeza y bastante alegría.

EL 3 DE DICIEMBRE, ESTOS GUADIA DE TRAFICO DEL CIELO SE DEDICARON A ECHAR GASOLINA A UN CONFLICTO EN CIERNES Y EL GOBIERNO RESPONDIÓ CON EL ESTADO DE ALARMA

Como hemos dicho más atrás, en los últimos años pero especialmente desde la apertura del aeropuerto de Madrid-Barajas, el tráfico aéreo se ha incrementado exponencialmente, especialmente en los vuelos transoceánicos, previéndose un crecimiento de 40 a 80 millones de pasajeros en tránsito por Madrid pasando de las 365.000 operaciones a las 700.000. Este espectacular crecimiento previsible se originaría al estar saturados desde hace una década el resto de los aeropuertos europeos (Charles De Gaulle, Fiumichino, Gatwich, Shipoll y otros).

Por lo tanto, para atender a la nueva demanda, especialmente de Son San Joan, El Prat, Gando, Tenerife, Málaga, Valencia y otros es necesario mejorar las ayudas a la navegación aérea tanto desde tierra mediante los sistemas Instrumental Landing System (ILS), Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), Non Directional Beacon (NDB), Precision Approach Path Indicator (PAPI), como por satélite (Inertial Navigation System y otros), y formar nuevos controladores, ya que aunque existiera personal disponible en los mercados internacionales, estos no son materialmente trasplantables a España en caso de conflicto y ni siquiera de un aeropuerto nacional a otro con plena efectividad. Tampoco lo son los controladores militares salvo que hayan hecho previamente un curso de homologación que les habilite a tal fin.

LAMENTABLEMENTE, EL DEBATE PARLAMENTARIO NO PLANTEO LA NECESIDAD DE UNA LEY QUE FRENE EL INCREMENTO DE COLECTIVOS ENLOQUECIDOS DISPUESTOS A IMPONER LA LEY DEL MAS FUERTE

Solucionada la situación, puestas las cosas en su sitio, y restaurada la autoridad del Gobierno al servicio de los ciudadanos, con el fin de salvaguardar las libertades individuales de todos frente a sus genocidas, una de las cosas que se echaron de menos en el debate parlamentario fue la necesidad de que los dos partidos políticos mayoritarios se pusieran de acuerdo en la necesidad, cada vez más creciente, de blindar mediante una ley lo suficientemente severa y efectiva al Estado frente a cualquier tipo de vándalos, que los hay a centenares en CC.OO. y UGT, por no ir más lejos.

Porque resulta intolerable que sigan existiendo huelgas salvajes como la reciente del Metro de Madrid, o colectivos con capacidad de amenazar a toda una nación por la singularidad de su trabajo, o sindicatos capaces de secuestrar a todo un país impidiendo el derecho al trabajo mediante los llamados «piquetes informativos». Porque las sucesivas huelgas de celo de los controladores que el 3 de diciembre acabó en una desbandada general del personal y en el cierre del espacio aéreo español, no deja de ser una forma más de «piquete coactivo» que ha actuado siempre con premeditación y alevosía, es decir, por sorpresa y procurando causar el mayor daño posible al mayor número de viajeros en las peores circunstancias y en el mayor número de aeropuertos españoles y extranjeros.