Thursday, December 9, 2010

EN FEBRERO LA AUDIENCIA NACIONAL CALIFICÓ A LOS CONTROLADORES DE CONSEGUIR SUS CONVENIOS MEDIANTE FRAUDE DE LEY

EN UNA SENTENCIA AFIRMÓ QUE LA SITUACIÓN CREADA EN LOS 20 ULTIMOS AÑOS ERA DE INTOLERABLE ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE Y DE CALAMITOSA

El 10 de febrero pasado y en relación con el conflicto que enfrenta desde hace más de 30 años (recuérdese que el congreso de UCD de enero de 1981 a celebrar en Palma de Mallorca tuvo que suprimirse por una huelga encubierta de controladores), la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional sentenciaba lo siguiente: «La intervención del legislador no sólo es obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo una situación tan calamitosa, como la que se da en el funcionamiento y en el régimen de los controladores aéreos».

Y añadía: «Valorado en su conjunto, [el convenio] constituye indudablemente la mejor regulación de las condiciones de trabajo para una categoría de trabajadores que se ha producido jamás en la historia de la negociación colectiva española. Más aún, en la medida en que el convenio consagra que «el poder de organización, planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de dichos servicios se 'cogestione' en el mejor de los casos y se desplace individualmente a los propios controladores en el peor…, la negociación colectiva ha dejado de cumplir su función constitucional».

Y concluía la Audiencia Nacional: «La prolongación durante más de veinte años de una situación como la aquí acreditada, en la que se ha utilizado la negociación colectiva en fraude de ley, no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar».

Parte de esta sentencia, citada por el presidente del Gobierno en su comparecencia del 9 de diciembre en el Congreso de los Diputados para analizar la reciente rebelión de los controladores aéreos el 3 de diciembre anterior, que obligó al cierre del espacio aéreo español, a la militarización del sector y a la proclamación del Estado de Alarma en todo el territorio nacional, revela que esta casta de empleados públicos, algo así como unos guardias de tráfico aéreos espléndidamente retribuidos, formaban una especie de estado dentro del Estado ─ con sus propias leyes al margen de la Constitución ─ o, como escribía el periodista Miguel Ángel Aguilar, constituían una especie de «ratones» dentro del aparato de la Administración que se permitían «dictarle las leyes al gato», en este caso al Gobierno de la nación.

DURANTE DECADAS DIRIGIERON EL CONTROL AÉREO COMO SI FUERAN LOS DUEÑOS DE AENA, EN LUGAR DE UNOS SIMPLES EMPLEADOS PÚBLICOS

Todo lo cual me lleva a ratificarme plenamente en lo escrito en esta Web hace unos días. Esta pandilla de individuos, salvo las excepciones de rigor, se habían proclamado a si mismos en los dueños absolutos de los cielos de España e imponían en ellos sus leyes, las del Chicago de los años 20, como si se tratara de una moderna versión de Alfonso Capone y sus muchachos.

Lo hacían, además, utilizando las herramientas de trabajo que el Estado había puesto en sus manos, para utilizarlas en su contra, chantajear con sus huelgas de celo no anunciadas a los diversos gobiernos de la democracia (UCD, PSOE y PP), tomar a los ciudadanos como rehenes, convertir los aeropuertos en modernos campos de concentración y atentar gravemente contra los intereses económicos del país, que vive en gran parte de los ingresos del turismo y de la imagen de España en el exterior.

Los integrantes de ese colectivo de desaprensivos carecen de méritos extraordinarios ni dotes excepcionales o sobresalientes que justificaran esta arbitraria, abusiva y despótica situación económica. Pero dispuestos a incrementar exponencialmente año tras año sus sinecuras y ventajas, los tiránicos malandrines utilizaban un arma contra la que era casi imposible luchar: de repente, sin que se hubiera declarado epidemia alguna en el país, se enfermaban inesperadamente o se ponían en huelga de celo y dejaban tirados en tierra a centenares de miles de españoles que tenían previsto viajar esos días.

Hace veinte o treinta años, el asunto no tenía la relevancia social actual. El transporte aéreo, por sus costes, el miedo a volar y otros factores, era privilegio de unos pocos ejecutivos y algunos centenares de miles de turistas. Pero en la medida en que la aviación comercial se convirtió en transporte de masas en los países avanzados, especialmente cuando hay que cruzar un océano, las llamadas huelgas de celo empezaron a convertirse en una coacción cada vez más intolerable, terriblemente inadmisible, ejercida por unos señores situados por encima del bien y del mal y dedicados a menospreciar los derechos de sus compatriotas y visitantes.

Ejercida por los controladores aéreos, esa cofradía de asalariados, esa camarilla de trabajadores por cuenta ajena convertidos, al igual que la mafia, en unos delincuentes laborales acostumbrados a usar dos o tres veces por año su peculiar «forma de negociación colectiva» empezaron a amenazar cada vez más y más amplios sectores de población, a los que privaban de su elemental derecho a la libre circulación, fueran simples turistas o enfermos del corazón que esperaban una donación para salvar la vida.

SEGÚN EL PERIODISTA MIGUEL ANGEL AGUILAR, DESDE HACE TRES DECADAS LOS CONTROLADORES, AL IGUAL QUE LOS RATONES, HAN PRETENDIDO DICTARLES LAS NORMAS AL GATO (GOBIERNO)

Como un grupo de pandilleros cualesquiera, sin embargo, continuaban aplicando sus prácticas mafiosas como si no ocurriera nada, como si el mundo no hubiera cambiado, atrapando cada vez más a más centenares de miles de personas en aeropuertos y hoteles, y convirtiendo a los primeros en una especie de campos de concentración del siglo XXI, que duraban en alguna ocasión hasta una semana. Y, como aseguraba la Audiencia Nacional, presentaban sus convenios colectivos arrancados mediante amenazas veladas, chantajes, fraudes de Ley, estados de excepción permanentes, como si se tratara de convenios legítima y legalmente conseguidos.

Pero, como a todos los malandrines en algún momento tendría que caerles encima el peso de la Justicia. Y esto empezó a barruntarse desde comienzos de año en que por prejuicios clasistas, porque el Gobierno preveía ya privatizar el ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), porque la chulería del colectivo indignó a los directivos del ente encargado de la navegación aérea o por las razones que fueran el ministro José Blanco se planteó «meter en cintura» a este colectivo que llevaba 30 años convirtiendo al país en su finca particular.

Al no llegarse a un acuerdo alguno con el Gobierno, el 5 de agosto de 2010 el ministerio de Fomento impuso a los controladores, por Real Decreto, un cupo anual de 1.670 horas de actividad aeronáutica, es decir, de trabajo efectivo al margen de enfermedades, permisos y otros. Se ponía fin así a los precios abusivos de las horas extraordinarias, que se pagaban 3 veces más que las normales y que permitió a alguno de ellos ganar 900.000 euros en un año de trabajo y a otras prebendas.

Cada una de las partes, sin embargo, ─ trabajadores y AENA─ hacían una interpretación distinta de lo que eran horas de servicio, problema habitual en la aplicación de muchos convenios colectivos. En lugar de llevar el asunto a los tribunales y pedir una aclaración de lo que debería considerarse horas de «actividad aeronáutica», los salteadores de los cielos decidieron, como de costumbre, imponer la ley del más fuerte por la fuerza y echarle un pulso al Gobierno y a la nación entera.

Argumentando que ya habían cumplido con las 1.670 horas anuales trabajadas, en noviembre pasado empezaron por paralizar parcialmente el aeropuerto de Santiago de Compostela y anunciaron que iban a hacer extensiva la medida a Canarias, Baleares, Andalucía y al resto de la nación para sembrar el caos aéreo en España durante el periodo de navidades.

A la vista de que no había otra solución posible, el Gobierno contrarreplicó con un Real Decreto Ley publicado el 3 de diciembre en el que especificaba que, por razones de seguridad y para mantener su capacidad profesional y la habilitación correspondiente la «actividad aeronáutica» no podían bajar de las 1.670 horas, «al margen de los tiempos dedicados a otras actividades o al ejercicio de determinados derechos sindicales, los periodos de imaginaria, etc.»

LA DIFERENTE INTERPRETACIÓN ENTRE AENA Y LOS CONTROLADORES SOBRE LAS HORAS TRABAJADAS, QUE DEBIO DIRIGMIRSE EN LOS TRIBUNALES, PROVOCO EL CAOS EN ESPAÑA. ACOSTUMBRADOS A IMPONER SU LEY, LOS SEGUNDOS SE DEDICARON A SABOTEAR LA ECONOMIA NACIONAL

Y los «controladores de la gasolina», sin medir sus consecuencias, trataron de incendiar el país entero. En lugar de llevar al Gobierno a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es a lo que ha lugar en un Estado de Derecho, como si de repente se hubiera proclamado una enfermedad contagiosa en todas las torres de control de España, procedieron de manera súbita, masiva y simultánea a abandonar sus puestos de trabajo paralizando el tráfico comercial y cerrando el espacio aéreo español a partir de las 5:20 de la tarde, coincidiendo con el puente vacacional más largo del año.

La reacción del Gobierno fue la previsible en estos casos. En primer lugar, ordenó al fiscal de Madrid que abriera diligencias en contra de los controladores. Se pretendía aplicar así la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 califica la «perturbación del servicio aeropuertario» de un delito de sedición que aparece agravado en el punto 1 del mismo artículo «si la intención de esa perturbación es interrumpir el tráfico aéreo» con una condena de 8 años de prisión.

A muchos de los miembros de la Cueva de Ali Babá en que se ha convertido el control aéreo español en los últimos años aquella medida les traía sin cuidado. Persistieron en su actitud de rebeldía y el Gobierno para evitar el sabotaje a la economía nacional y a que se pisotearan aún más los derechos de los ciudadanos, se vio obligado a dar otro paso y militarizó los aeropuertos. Como la decisión tampoco intimido a quienes se sentían los dueños y señores de un país al que consideraban casi feudal, el Ejecutivo tuvo que incrementar su escalada. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981, a proclamar el Estado de Alarma, amenazando al colectivo con su detención inmediata y su ingreso en la cárcel, donde comerían sin duda el turrón más amargo de su vida, alejados de sus mujeres y de sus hijos.

Fue entonces cuando esa especie de chulos, de matones de barrio que gestionan una actividad tan delicada como la seguridad y la vida en los cielos españoles se vio obligada a morder el polvo o a acabar entre rejas. El virus de Ébola que azotaba sus puestos de trabajo, pero que no les impedía constituirse en asambleas permanentes, desapareció por ensalmo y la situación de normalidad se restableció en pocas horas.

Pese a todo, el debate celebrado el 9 de diciembre en el Congreso reveló que, al margen de que la forma de actuar de los controladores fueran ilegítimos, ilegales, intolerables o sin justificación alguna, el Gobierno ha venido actuando en los últimos meses con bastantes dosis de improvisación, exceso de torpeza y bastante alegría.

EL 3 DE DICIEMBRE, ESTOS GUADIA DE TRAFICO DEL CIELO SE DEDICARON A ECHAR GASOLINA A UN CONFLICTO EN CIERNES Y EL GOBIERNO RESPONDIÓ CON EL ESTADO DE ALARMA

Como hemos dicho más atrás, en los últimos años pero especialmente desde la apertura del aeropuerto de Madrid-Barajas, el tráfico aéreo se ha incrementado exponencialmente, especialmente en los vuelos transoceánicos, previéndose un crecimiento de 40 a 80 millones de pasajeros en tránsito por Madrid pasando de las 365.000 operaciones a las 700.000. Este espectacular crecimiento previsible se originaría al estar saturados desde hace una década el resto de los aeropuertos europeos (Charles De Gaulle, Fiumichino, Gatwich, Shipoll y otros).

Por lo tanto, para atender a la nueva demanda, especialmente de Son San Joan, El Prat, Gando, Tenerife, Málaga, Valencia y otros es necesario mejorar las ayudas a la navegación aérea tanto desde tierra mediante los sistemas Instrumental Landing System (ILS), Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), Non Directional Beacon (NDB), Precision Approach Path Indicator (PAPI), como por satélite (Inertial Navigation System y otros), y formar nuevos controladores, ya que aunque existiera personal disponible en los mercados internacionales, estos no son materialmente trasplantables a España en caso de conflicto y ni siquiera de un aeropuerto nacional a otro con plena efectividad. Tampoco lo son los controladores militares salvo que hayan hecho previamente un curso de homologación que les habilite a tal fin.

LAMENTABLEMENTE, EL DEBATE PARLAMENTARIO NO PLANTEO LA NECESIDAD DE UNA LEY QUE FRENE EL INCREMENTO DE COLECTIVOS ENLOQUECIDOS DISPUESTOS A IMPONER LA LEY DEL MAS FUERTE

Solucionada la situación, puestas las cosas en su sitio, y restaurada la autoridad del Gobierno al servicio de los ciudadanos, con el fin de salvaguardar las libertades individuales de todos frente a sus genocidas, una de las cosas que se echaron de menos en el debate parlamentario fue la necesidad de que los dos partidos políticos mayoritarios se pusieran de acuerdo en la necesidad, cada vez más creciente, de blindar mediante una ley lo suficientemente severa y efectiva al Estado frente a cualquier tipo de vándalos, que los hay a centenares en CC.OO. y UGT, por no ir más lejos.

Porque resulta intolerable que sigan existiendo huelgas salvajes como la reciente del Metro de Madrid, o colectivos con capacidad de amenazar a toda una nación por la singularidad de su trabajo, o sindicatos capaces de secuestrar a todo un país impidiendo el derecho al trabajo mediante los llamados «piquetes informativos». Porque las sucesivas huelgas de celo de los controladores que el 3 de diciembre acabó en una desbandada general del personal y en el cierre del espacio aéreo español, no deja de ser una forma más de «piquete coactivo» que ha actuado siempre con premeditación y alevosía, es decir, por sorpresa y procurando causar el mayor daño posible al mayor número de viajeros en las peores circunstancias y en el mayor número de aeropuertos españoles y extranjeros.

Tuesday, December 7, 2010

A LOS CONTROLADORES AÉREOS ESPAÑOLES LES HA LLEGADO SU SAN MARTÍN







Desde hace veinte o quizás treinta años aproximadamente se creó en España una casta de privilegiados, un pelaje, una tribu de favorecidos y opulentos trabajadores, con salarios exorbitantes desde el punto de vista de la mayoría de los españoles, asunto no debería preocuparnos si no se pagara con dinero público. Por algo estamos en una sociedad de mercado.
Pero no es ese el caso. Los integrantes de ese siniestro colectivo, que se sepa, no tienen méritos extraordinarios ni dotes excepcionales o sobresalientes que justificaran esta arbitraria, abusiva y despótica situación económica. Pero dispuestos a incrementar exponencialmente año tras año sus sinecuras y ventajas, los tiránicos malandrines utilizaban un arma contra la que era casi imposible luchar: de repente, sin que se hubiera declarado epidemia alguna en el país, se enfermaban inesperadamente o se ponían en huelga de celo y dejaban tirados en tierra a centenares de miles de españoles que tenían previsto viajar esos días.
Hace veinte o treinta años, el asunto no tenía la relevancia actual. El transporte aéreo, por sus costes, el miedo a volar y otros factores, era privilegio de unos pocos ejecutivos y algunos centenares de miles de turistas. Pero en la medida en que la aviación comercial se convirtió en un transporte de masas en los países avanzados, especialmente cuando hay que cruzar un océano, las llamadas huelgas de celo empezaron a convertirse en un chantaje cada vez más intolerable, terriblemente inadmisible.
Ejercido por los controladores aéreos, esa cofradía de asalariados, esa camarilla de trabajadores por cuenta ajena convertidos, al igual que la mafia, en unos delincuentes laborales acostumbrados a usar dos o tres veces por año su peculiar «forma de negociación colectiva» empezaron a amenazar cada vez más y más amplios sectores de población, a los que privaban de su elemental derecho a la libre circulación, fueran simples turistas o enfermos del corazón que esperaban una donación para salvar la vida.
Como un grupo de pandilleros cualesquiera, sin embargo, continuaban aplicando sus prácticas mafiosas como si no ocurriera nada, como si el mundo no hubiera cambiado, atrapando cada vez más a más centenares de miles de personas en aeropuertos y hoteles, y convirtiendo a los primeros en una especie de campos de concentración del siglo XXI, que duraban en alguna ocasión hasta una semana.
No se daban cuenta, y si lo hacían disimulaban muy bien, que en el 2010 su comportamiento no era el de unos vulgares atracadores que a punta de pistola asaltaban un banco, manteniendo secuestrados a media docena de clientes, para llevarse por la fuerza el botín. Porque en la actualidad, en pleno estado del bienestar, son centenares de miles de personas las que inundan todos los días los aeropuertos nacionales, y a los que no se puede privar de sus derechos a transitar y mucho menos secuestrar masivamente, para imponer por la fuerza un derecho de un colectivo minoritario o un capricho más o menos justificado de una pandilla de desalmados.
Esta brutal forma de amenaza o intimidación es bastante menos justificable aún en un país de servicios, una de cuyas principales fuentes de ingresos es el turismo que depende, en gran medida, de que los servicios funcionen perfectamente y de la calidad que reciban las decenas de millones de personas que viajan a España atraídos por el sol, las playas y la industria del ocio nocturno.
SUS HUELGAS DE CELO, DIFICILMENTE TOLERABLES HACE 30 AÑOS, SE HAN HECHO INSOPORTABLES EN EL SIGLO XXI, CUANDO LA AVIACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE TRANSPORTE DE MASAS
Estos individuos, contra los no hay calificativos lo suficientemente duros en el diccionario, se permitían el lujo además de defender posteriormente los privilegios que habían conseguido extorsionando a los diferentes Gobiernos como si fueran legítimos y hasta legales. En el colmo de la desfachatez, según ellos, los habían conseguido mediante una negociación colectiva con los representantes del ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Gobierno.
Todo ello ─ el interés general, la crisis de España─ parecía apenas preocuparle a estos indeseables. Por el contrario, una de sus obsesiones era que el Gobierno no privatizara AENA ya que ello suponía perder sus salarios de fábula, aunque el Estado estuviera perdiendo dinero en la gestión de los aeropuertos nacionales. Una situación de este calibre suponía para ellos, acostumbrados a transmitirse de padres a hijos el empleo, perder sin duda los privilegios ilegítimamente arrancados a las distintas administraciones del país por una sencilla razón: nadie va a tener en plantilla a unos guardias de tráfico aéreos de lujo pagados a precio de oro, cada vez menos necesarios, cuando puede contratarlos en el mercado libre internacional por la cuarta parte de su salario.
Especialmente, cuando el de los controladores es un gremio, al igual que el de los pilotos de líneas aéreas, llamado a reducirse considerablemente a medida que la tecnología avance un poco más y se impongan sistemas redundantes (dobles o triples) en el tráfico aéreo. Hay que tener en cuenta que el espacio aéreo europeo se regula prácticamente desde Bruselas por ordenadores, con las ayudas de satélites y de los sistemas de tierra; que los aviones aeroespaciales ─ el trasbordador espacial Challenger, por ejemplo ─ aterriza sin piloto y los convencionales ─ el Airbus, por ejemplo ─ podría hacerlo. O que durante los ataques a tierra en vuelos rasantes los aviones militares son capaces de volar solos ─ de hecho con una buena cartografía incorporada a los ordenadores de vuelo lo hacen ─ permitiendo que los pilotos se concentren en los sistemas de armas.
EL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO DE LA SEMANA PASADA PUDO CONVERTIR A LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN LOS PRIMEROS CAMPOS DE CONCENTRACION DEL SIGLO XXI
Pues bien, al igual que a todos los cerdos les llega su San Martín, a esta cuadrilla sin civilizar, auténticos señores feudales a los que solo faltaba el derecho de pernada, que han ostentado más poder que colectivo alguno, que han sido capaces de cabrear y sacar de sus casillas a más españoles en más sitios diferentes durante más tiempo, le esperaba el suyo en lugar del 11 de noviembre semanas después, el 3 de diciembre pasado. Utilizando como excusa la publicación de un Decreto Ley del Consejo de Ministros del Gobierno de España que aparentemente restingue algunos de sus derechos, en lugar de llevar el asunto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que es a lo que ha lugar en un país civilizado, convencidos de que sus bravuconadas y chulerías sin límite les habían salido gratis hasta ahora, optaron por sacar de nuevo sus pezuñas del tiesto y chantajear al Ejecutivo en el trasero de seis millones de españoles, a la que tomaron como rehenes, convirtiendo el medio centenar de aeropuertos españoles en otros tantos campos de concentración para centenares de miles de españoles y extranjeros.
Por primera vez ─ y esperemos que sea la última ─ el tiro le salió por la culata. Ante el cierre del espacio aéreo español, una situación sin precedentes por su gravedad desde el golpe de Estado del 23-F, el Gobierno tenía dos posibles soluciones: aplicarles la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 califica de sedición, delito penado con un máximo de 8 años de cárcel, el comportamiento de aquellos que «para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones aeropuertuarias» o lo hagan (20.1) «con la intención de interrumpir la navegación». O reunir el Consejo de Ministros, decretar el Estado de Alarma, militarizar el control aéreo y a su personal, y aplicar el Código de Justicia Militar a quienes llevaban más de 20 años jugando con los españoles y pitorreándose del Gobierno y chantajeando permanentemente a los sucesivos ministros de Fomento, del que depende los aeropuertos y la navegación aérea.
Con el país a borde de una segunda intervención de la UE, el Gobierno, obviamente, optó por la segunda solución, poniendo en práctica una norma plenamente constitucional pero prevista para ser aplicada en situaciones de extrema gravedad en los que peligra la seguridad nacional, las vidas de decenas de miles de españoles por catástrofes naturales o situaciones similares. El debate se centra ahora, por tanto, si una medida tan extrema, de carácter tan excepcional, debería haberse puesto en práctica para atajar una huelga, si hubo proporcionalidad entre los riesgos y las amenazas a España que se pretendían evitar y la medida empleada para poner término a los mismos de manera drástica.
Obviamente, serán los tribunales lo que en el futuro resuelvan sobre el asunto. Pero aunque la Ley afirma taxativamente que la respuesta debe ser siempre ajustada a la amenaza y encaminada a evitar daños propios o en la economía nacional, conocer las intenciones del agresor ─ de los controladores aéreos que agredían a millones de personas ─ no es una cuestión fácil de evaluar.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DECRETANDO EL ESTADO DE ALARMA PUEDE SER EXAGERADA. EL EJECUTIVO TIENE A SU FAVOR, LA GRADUACIÓN CON LA QUE LA APLICÓ
Lo que debería tenerse encuentra en cuenta en esta situación es la graduación, la progresión de menor a mayor en la aplicación de la Ley. Y en este caso el Gobierno estuvo ajustando y equilibrando durante 24 horas la aplicación del Estado de Alarma, anunciando primero en todos los medios de comunicación la utilización de medidas excepcionales ─ la situación a combatir también era especial ─, reuniendo el Consejo de Ministros posteriormente para aprobar el Decreto Ley, publicándolo en el BOE para que surtiera efecto y anunciando, por último, a los controladores aéreos por carta personalizada que o ponían fin a sus fechorías o acabarían en el trullo unos cuantos años sin ver crecer a sus hijos ni posibilidad de comer el turrón.
La cuestión es así de simple. Tampoco existe proporcionalidad cuanto un bandolero atraca una vivienda armado de un cuchillo, amenaza a la familia y a los hijos y el propietario sólo tiene a mano una pistola para defenderse. Por esa desproporcionalidad de medios no va a dejar que lo maten o tomen como rehenes a su familia. La única forma de demostrarle al malhechor que hay un desequilibrio de fuerzas a su favor es dando varios tiros al aire e instándole así a que desista en su actitud de asaltar la vivienda y se largue con viento a otra parte. Y el Gobierno, por lo que queda dicho, antes de decretar el Estado de Alarma ante un desafío intolerable a todo un país por la banda de facinerosos de cuello blanco más activa de todos los tiempos fue exactamente lo que hizo. Aplicar la Ley con todo rigor y hacerlo de manera gradual, escalonada y progresiva, pero demostrando que no iba a temblarle el pulso hasta el final.
Solucionada la situación, puestas las cosas en su sitio, y restaurada la autoridad del Gobierno al servicio de los ciudadanos, para salvaguardar las libertades individuales de todos frente a sus genocidas, conviene no quedarse ahí. Especialmente, cuando Mariano Rajoy, el próximo presidente del Gobierno, ha apoyado la medida y necesita blindar al Ejecutivo frente a cualquier tipo de vándalos, que los hay a centenares en CC.OO. y UGT, por no ir más lejos.
A PARTIR DE AHORA SE HACE NECESARIA UNA LEY QUE REGULE LOS CHANTAJES DE LOS PIQUETES INFORMATIVOS Y LAS HUELGAS SALVAJES
Es el momento para que Gobierno y oposición se pongan de acuerdo para hacer una Ley lo suficientemente severa para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Para que no existan huelgas salvajes como la reciente del Metro de Madrid, colectivos con capacidad de amenazar a toda una nación por la singularidad de su trabajo, o sindicatos capaces de secuestrar a todo un país impidiendo el derecho al trabajo mediante los llamados «piquetes informativos». Porque las sucesivas huelgas de celo de los controladores que el 3 de diciembre acabó en una desbandada general y en el cierre del espacio aéreo español, no deja de ser una forma más de «piquete coactivo» que ha actuado siempre con premeditación y alevosía, es decir, por sorpresa y procurando causar el mayor daño posible al mayor número de viajeros en el mayor número de aeropuertos españoles y extranjeros.
Descalificar al Gobierno por una cosa buena que hace, por muchas ganas que tengamos la mayoría de los españoles de mandarlo a la Cochinchina (sólo con billete de ida y con los controladores permanentemente en huelga), no es de recibo. También José María Aznar fue duramente criticado por la izquierda cuando ordenó subir a un avión, sedados y por la fuerza, a algo más de un centenar de emigrantes para devolverlos a su país de origen («teníamos un problema y lo hemos resuelto», declaró entonces). No soy partidario de que se tomen medidas humillantes ni degradantes contra ningún ser humano pero, a consecuencia de aquellos errores y debido a la excesiva permisividad del PSOE, hoy nos encontramos con 5 millones de emigrantes, uno millón de ellos de nuevo ilegales.

A LOS CONTROLADORES AÉREOS ESPAÑOLES LES HA LLEGADO SU SAN MARTÍN

Desde hace veinte o quizás treinta años aproximadamente se creó en España una casta de privilegiados, un pelaje, una tribu de favorecidos y opulentos trabajadores, con salarios exorbitantes desde el punto de vista de la mayoría de los españoles, asunto no debería preocuparnos si no se pagara con dinero público. Por algo estamos en una sociedad de mercado.

Pero no es ese el caso. Los integrantes de ese siniestro colectivo, que se sepa, no tienen méritos extraordinarios ni dotes excepcionales o sobresalientes que justificaran esta arbitraria, abusiva y despótica situación económica. Pero dispuestos a incrementar exponencialmente año tras año sus sinecuras y ventajas, los tiránicos malandrines utilizaban un arma contra la que era casi imposible luchar: de repente, sin que se hubiera declarado epidemia alguna en el país, se enfermaban inesperadamente o se ponían en huelga de celo y dejaban tirados en tierra a centenares de miles de españoles que tenían previsto viajar esos días.

Hace veinte o treinta años, el asunto no tenía la relevancia actual. El transporte aéreo, por sus costes, el miedo a volar y otros factores, era privilegio de unos pocos ejecutivos y algunos centenares de miles de turistas. Pero en la medida en que la aviación comercial se convirtió en un transporte de masas en los países avanzados, especialmente cuando hay que cruzar un océano, las llamadas huelgas de celo empezaron a convertirse en un chantaje cada vez más intolerable, terriblemente inadmisible.

Ejercido por los controladores aéreos, esa cofradía de asalariados, esa camarilla de trabajadores por cuenta ajena convertidos, al igual que la mafia, en unos delincuentes laborales acostumbrados a usar dos o tres veces por año su peculiar «forma de negociación colectiva» empezaron a amenazar cada vez más y más amplios sectores de población, a los que privaban de su elemental derecho a la libre circulación, fueran simples turistas o enfermos del corazón que esperaban una donación para salvar la vida.

Como un grupo de pandilleros cualesquiera, sin embargo, continuaban aplicando sus prácticas mafiosas como si no ocurriera nada, como si el mundo no hubiera cambiado, atrapando cada vez más a más centenares de miles de personas en aeropuertos y hoteles, y convirtiendo a los primeros en una especie de campos de concentración del siglo XXI, que duraban en alguna ocasión hasta una semana.

No se daban cuenta, y si lo hacían disimulaban muy bien, que en el 2010 su comportamiento no era el de unos vulgares atracadores que a punta de pistola asaltaban un banco, manteniendo secuestrados a media docena de clientes, para llevarse por la fuerza el botín. Porque en la actualidad, en pleno estado del bienestar, son centenares de miles de personas las que inundan todos los días los aeropuertos nacionales, y a los que no se puede privar de sus derechos a transitar y mucho menos secuestrar masivamente, para imponer por la fuerza un derecho de un colectivo minoritario o un capricho más o menos justificado de una pandilla de desalmados.

Esta brutal forma de amenaza o intimidación es bastante menos justificable aún en un país de servicios, una de cuyas principales fuentes de ingresos es el turismo que depende, en gran medida, de que los servicios funcionen perfectamente y de la calidad que reciban las decenas de millones de personas que viajan a España atraídos por el sol, las playas y la industria del ocio nocturno.

SUS HUELGAS DE CELO, DIFICILMENTE TOLERABLES HACE 30 AÑOS, SE HAN HECHO INSOPORTABLES EN EL SIGLO XXI, CUANDO LA AVIACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN MEDIO DE TRANSPORTE DE MASAS

Estos individuos, contra los no hay calificativos lo suficientemente duros en el diccionario, se permitían el lujo además de defender posteriormente los privilegios que habían conseguido extorsionando a los diferentes Gobiernos como si fueran legítimos y hasta legales. En el colmo de la desfachatez, según ellos, los habían conseguido mediante una negociación colectiva con los representantes del ente estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Gobierno.

Todo ello ─ el interés general, la crisis de España─ parecía apenas preocuparle a estos indeseables. Por el contrario, una de sus obsesiones era que el Gobierno no privatizara AENA ya que ello suponía perder sus salarios de fábula, aunque el Estado estuviera perdiendo dinero en la gestión de los aeropuertos nacionales. Una situación de este calibre suponía para ellos, acostumbrados a transmitirse de padres a hijos el empleo, perder sin duda los privilegios ilegítimamente arrancados a las distintas administraciones del país por una sencilla razón: nadie va a tener en plantilla a unos guardias de tráfico aéreos de lujo pagados a precio de oro, cada vez menos necesarios, cuando puede contratarlos en el mercado libre internacional por la cuarta parte de su salario.

Especialmente, cuando el de los controladores es un gremio, al igual que el de los pilotos de líneas aéreas, llamado a reducirse considerablemente a medida que la tecnología avance un poco más y se impongan sistemas redundantes (dobles o triples) en el tráfico aéreo. Hay que tener en cuenta que el espacio aéreo europeo se regula prácticamente desde Bruselas por ordenadores, con las ayudas de satélites y de los sistemas de tierra; que los aviones aeroespaciales ─ el trasbordador espacial Challenger, por ejemplo ─ aterriza sin piloto y los convencionales ─ el Airbus, por ejemplo ─ podría hacerlo. O que durante los ataques a tierra en vuelos rasantes los aviones militares son capaces de volar solos ─ de hecho con una buena cartografía incorporada a los ordenadores de vuelo lo hacen ─ permitiendo que los pilotos se concentren en los sistemas de armas.

EL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO DE LA SEMANA PASADA PUDO CONVERTIR A LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN LOS PRIMEROS CAMPOS DE CONCENTRACION DEL SIGLO XXI

Pues bien, a igual que a todos los cerdos les llega su San Martín, a esta cuadrilla sin civilizar que ha ostentado más poder que colectivo alguno, que ha sido capaz de cabrear y sacar de sus casillas a más españoles en más sitios distintos durante mñás tiempo, le esperaba el suyo en lugar del 11 de noviembre semanas después, el 3 de diciembre pasado. Utilizando como excusa la publicación de un decreto del Consejo de Ministros del Gobierno de España que aparentemente restingue algunos de sus derechos, en lugar de llevar el asunto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que es a lo que ha lugar en un país civilizado, convencidos de que sus bravuconadas y chulerías sin límite les habían salido gratis hasta ahora, optaron por sacar de nuevo sus pezuñas del tiesto y chantajear al Ejecutivo en el trasero de seis millones de españoles, a la que tomaron como rehenes, convirtiendo el medio centenar de aeropuertos españoles en otros tantos campos de concentración para centenares de miles de españoles y extranjeros.

Por primera vez ─ y esperemos que sea la última ─ el tiro le salió por la culata. Ante el cierre del espacio aéreo español, una situación sin precedentes por su gravedad desde el golpe de Estado del 23-F, el Gobierno tenía dos posibles soluciones: aplicarles la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que en su artículo 20 califica de sedición, delito penado con un máximo de 8 años de cárcel, el comportamiento de aquellos que «para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones aeropuertuarias» o lo hagan (20.1) «con la intención de interrumpir la navegación». O reunir el Consejo de Ministros, decretar el Estado de Alarma, militarizar el control aéreo y a su personal, y aplicar el Código de Justicia Militar a quienes llevaban más de 20 años jugando con los españoles y pitorreándose del Gobierno y chantajeando permanentemente a los sucesivos ministros de Fomento, del que depende los aeropuertos y la navegación aérea.

Con el país a borde de una segunda intervención de la UE, el Gobierno, obviamente, optó por la segunda solución, poniendo en práctica una norma plenamente constitucional pero prevista para ser aplicada en situaciones de extrema gravedad en los que peligra la seguridad nacional, las vidas de decenas de miles de españoles por catástrofes naturales o situaciones similares. El debate se centra ahora, por tanto, si una medida tan extrema, de carácter tan excepcional, debería haberse puesto en práctica para atajar una huelga, si hubo proporcionalidad entre los riesgos y las amenazas a España que se pretendían evitar y la medida empleada para poner término a los mismos de manera drástica.

Obviamente, serán los tribunales lo que en el futuro resuelvan sobre el asunto. Pero aunque la Ley afirma taxativamente que la respuesta debe ser siempre ajustada a la amenaza y encaminada a evitar daños propios o en la economía nacional, conocer las intenciones del agresor ─ de los controladores aéreos que agredían a millones de personas ─ no es una cuestión fácil de evaluar.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DECRETANDO EL ESTADO DE ALARMA PUEDE SER EXAGERADA. EL EJECUTIVO TIENE A SU FAVOR, LA GRADUACIÓN CON LA QUE LA APLICÓ

Lo que debería tenerse encuentra en cuenta en esta situación es la graduación, la progresión de menor a mayor en la aplicación de la Ley. Y en este caso el Gobierno estuvo ajustando y equilibrando durante 24 horas la aplicación del Estado de Alarma, anunciando primero en todos los medios de comunicación la utilización de medidas excepcionales ─ la situación a combatir también era especial ─, reuniendo el Consejo de Ministros posteriormente para aprobar el Decreto Ley, publicándolo en el BOE para que surtiera efecto y anunciando, por último, a los controladores aéreos por carta personalizada que o ponían fin a sus fechorías o acabarían en el trullo unos cuantos años sin ver crecer a sus hijos ni posibilidad de comer el turrón.

La cuestión es así de simple. Tampoco existe proporcionalidad cuanto un bandolero atraca una vivienda armado de un cuchillo, amenaza a la familia y a los hijos y el propietario sólo tiene a mano una pistola para defenderse. Por esa desproporcionalidad de medios no va a dejar que lo maten o tomen como rehenes a su familia. La única forma de demostrarle al malhechor que hay un desequilibrio de fuerzas a su favor es dando varios tiros al aire e instándole así a que desista en su actitud de asaltar la vivienda y se largue con viento a otra parte. Y el Gobierno, por lo que queda dicho, antes de decretar el Estado de Alarma ante un desafío intolerable a todo un país por la banda de facinerosos de cuello blanco más activa de todos los tiempos fue exactamente lo que hizo. Aplicar la Ley con todo rigor y hacerlo de manera gradual, escalonada y progresiva, pero demostrando que no iba a temblarle el pulso hasta el final.

Solucionada la situación, puestas las cosas en su sitio, y restaurada la autoridad del Gobierno al servicio de los ciudadanos, para salvaguardar las libertades individuales de todos frente a sus genocidas, conviene no quedarse ahí. Especialmente, cuando Mariano Rajoy, el próximo presidente del Gobierno, ha apoyado la medida y necesita blindar al Ejecutivo frente a cualquier tipo de vándalos, que los hay a centenares en CC.OO. y UGT, por no ir más lejos.

A PARTIR DE AHORA SE HACE NECESARIA UNA LEY QUE REGULE LOS CHANTAJES DE LOS PIQUETES INFORMATIVOS Y LAS HUELGAS SALVAJES

Es el momento para que Gobierno y oposición se pongan de acuerdo para hacer una Ley lo suficientemente severa para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Para que no existan huelgas salvajes como la reciente del Metro de Madrid, colectivos con capacidad de amenazar a toda una nación por la singularidad de su trabajo, o sindicatos capaces de secuestrar a todo un país impidiendo el derecho al trabajo mediante los llamados «piquetes informativos». Porque las sucesivas huelgas de celo de los controladores que el 3 de diciembre acabó en una desbandada general y en el cierre del espacio aéreo español, no deja de ser una forma más de «piquete coactivo» que ha actuado siempre con premeditación y alevosía, es decir, por sorpresa y procurando causar el mayor daño posible al mayor número de viajeros en el mayor número de aeropuertos españoles y extranjeros.

Descalificar al Gobierno por una cosa buena que hace, por muchas ganas que tengamos la mayoría de los españoles de mandarlo a la Cochinchina (sólo con billete de ida y con los controladores permanentemente en huelga), no es de recibo. También José María Aznar fue duramente criticado por la izquierda cuando ordenó subir a un avión, sedados y por la fuerza, a algo más de un centenar de emigrantes para devolverlos a su país de origen («teníamos un problema y lo hemos resuelto», declaró entonces). No soy partidario de que se tomen medidas humillantes ni degradantes contra ningún ser humano pero, a consecuencia de aquellos errores y debido a la excesiva permisividad del PSOE, hoy nos encontramos con 5 millones de emigrantes, uno millón de ellos de nuevo ilegales.

Monday, November 29, 2010

LA JUSTICIA LONDINENSE AMENAZA CON ENCARCELAR A LAS MUJERES QUE SE NIEGUEN A DEJAR QUE SUS PADRES PUEDAN VER A SUS HIJOS


LOS MEDIDA CONTRASTA, CON LA DECISIÓN DEL GOBIERNO ZAPATERO, DE RETIRAR LA CUSTODIA INVIVIDUAL A LOS HOMBRES DENUNCIADOS POR MALOS TRATOS, AUNQUE NO HAYA SENTENCIA EN CONTRA
El presidente del Tribunal Superior de Familia londinense, Paul Coleridge, 61 años, acaba de hacer público un comunicando señalando que «las madres que impidan las visitas a los padres separados se exponen a que le sea retirada la patria potestad de sus hijos y que estos pasen a residir con su padre biológicos, a los que les otorgaría, a partir de entonces, el derecho de atenderlos a tiempo completo».
La medida se adoptaría «en el momento en que la madre incumpla tres órdenes judiciales de entregar a sus hijos al padre los fines de semana y el resto de los periodos vacacionales que le correspondan»
«En ese instante ─ señaló Coleridge ─ se les considerará fuera de la Ley y se procederá en su contra. Si la madre desafía a la Justicia será privada de sus hijos. Es la única forma de evitar esta lacra, ya que cada año se producen 5.000 nuevos casos de mujeres que se niegan a que sus ex maridos convivan con sus hijos, protagonizados en su mayoría por mujeres».
Esta drástica solución habría que tomarla «en interés del menor» y «para dignificar a los tribunales de justicia cuyas decisiones son desafiadas y violadas sistemáticamente por las mujeres que se creen con el derecho exclusivo a la custodia y patria potestad de los menores», manifestó.
Nacido en una familia aristocrática, amante de las motos, aficionado a la jardinería, asesor del barón Heinrich Tyssen en la disputa con su hijo por el control de la fortuna familiar, casado y con dos hijos, el juez sir Paul Coleridge fue educado el la Cranleigh School de Surrey y, posteriormente, estudió derecho en la Escuela de Leyes de Londres.
Es uno de los jueces más veteranos del Reino Unido y en 2002 fue elevado al cargo de máximo responsable de la High Court (una especie de Tribunal Supremo) de Familia donde se le considera un magistrado recto y de ideas claras y ejemplares. Fue él quien llevo a cabo el divorcio entre Sir Paul McCartney y Heather Mills entre otros y el que acusó al Gobierno de Gordon Brown y a los anteriores ejecutivos de que con su negligencia están provocando una «epidemia de divorcios y rupturas de familias que afectan a todos los niveles de la sociedad británica, empezando por la Familia Real».
Según el periódico Daily News, en el caso actual esta dispuesto a llegar hasta el final si hiciera falta para que los niños no se críen con un solo progenitor, como si fueran huérfanos de padre o hubiera ocurrido una guerra desvastadora. El magistrado considera que la ausencia por largos periodos del progenitor masculino hace más propicio el abuso de los menores, el consumo de drogas y alcohol a edades más tempranas y a la comisión de pequeños delitos para financiar sus vicios.
«Aunque hasta ahora los jueces se han mantenido bastante reacios a encarcelar a una madre por los perjuicios negativos que la medida tiene sobre la infancia al deteriorar su imagen ante la sociedad ─ ha declarado ─. Pero las cosas están llegando a un punto en que, en algunas ocasiones, a las mujeres que se nieguen a cumplir la Ley será necesario meterlas en prisión el tiempo que haga falta». (http://www.dailymail.co.uk/news/article-1333549/Top-judge-says-mothers-children-taken-away-dont-let-fathers-them.html#ixzz16Z9WO)
La posibilidad de que padres y madres se responsabilicen de la educación de los hijos, y compartan ésta, incluso cuando la pareja se ha roto y ambos viven en domicilios separados, es compartida por todos los países civilizados del mundo. Hombres y mujeres aportan al menor, especialmente en sus primeros años de vida, valores diferentes, complementarios, que son necesarios para la formación de la personalidad integral del niño.
Así lo entienden educadores, psicólogos, psiquiatras y la mayoría de los gobiernos avanzados del planeta. La solución de que los menores procedentes de padres separados pasen periodos alternos con sus progenitores evita muchos problemas de personalidad, psiquiátricos, de adaptación ya que ambos progenitores pueden aportar una educación más completa y equilibrada que uno solo de ellos.
La decisión de la justicia británica, al igual que la de la mayoría de países de la UC, contratas con la declaración de guerra de la triministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín contra el macho revela el retroceso que el política de familia y derechos humanos sigue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obsesionado por inculpar al hombre de todos los males del universo y destruirlo, con el objetivo de imponer por la fuerza la igualdad de la mujer.
LEIRE PAJIN ESTA OBSESIONADA CON CULPAR AL HOMBRE DE TODOS LOS MALES DEL UNIVERSO Y HA DECLARADO LA GUERRA AL MACHO
Como ya ha sido publicado en esta Web, decidida a echarle carnaza a las fieras del feminismo radical, el 26 de noviembre pasado la ministra Pajín llevó al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley, que se presentará en los próximos días ante la Cámara, mediante el cual se retiraba a los hombres en exclusiva y sin que hubiera sentencia previa, es decir vulnerando la presunción de inocencia, de por medio la custodia individual de los menores, para lo que se modificaría el artículo 92 del Código Civil.
Esta arbitraria e inconstitucional medida tiene por objeto satisfacer las apetencias de la legión de mujeres separadas y cabreadas que viven de la lucrativa industria del maltrato, en gran parte inventado por ellas mismas mediante decenas de miles de denuncias falsas y acabar de un plumazo con las apetencias de numerosas asociaciones de padres divorciados y separados de solicitar, con el apoyo de numerosos parlamentos autonómicos, la aplicación con carácter general de la custodia compartida entre los padres separados, como la formula más viables para resolver los conflictos entre los ex conyugues.
Para hacerse acreedor a esta nueva sanción, que supone un adelanto de la condena al margen de lo que posteriormente resuelvan los tribunales, basta con estar incurso en un proceso judicial, sea o no provocado por una denuncia falsa, y haber nacido varón, con lo que España se convierte en uno de los pocos países del mundo en los que la Justicia aplica el Derecho preventivamente (pone la venda antes que la herida) y priva a los hombres de sus derechos de paternidad sin que se haya celebrado antes la vista oral y producido una sentencia en contra del denunciado. Es decir, fascismo puro y duro, al más rancio estilo mussoliniano.
LOS SOCIALISTAS HAN IRRUMPIDO EN LA FAMILIA, TERRENO VEDADO A LOS PODERES PUBLICOS, COMO UN ELEFANTE EN UNA CACHARRERÍA VIOLANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL MÁS PURO ESTILO FASCISTA
La nueva medida es una nueva vuelta de tuerca que pretende establecer el feminismo radical. No sólo aniquila y destruye aún más al varón, desposeyéndole ya no sólo de la vivienda y sus bienes personales sino sobre los derechos jurídicos sobre los menores y justificar que no están de brazos cruzados ante el incremento de muertes de hombres y mujeres a consecuencia de los crímenes pasionales que ocurren en cualquier sociedad, e incluso en mayor medida en aquellas presuntamente civilizadas como es el caso de Suecia o en el Reino Unido, donde se persiguen los delitos cometidos y no exclusivamente al hombre, asunto que sólo ocurre en España donde el Gobierno ha implantado la más feroz y violenta dictadura en el seno de la familia, un terreno vedado durante más de 20 siglos a los poderes públicos.

Friday, November 26, 2010

EL GOBIERNO TRATA DE PERPETRAR LA MAYOR INJUSTICIA CONTRA LOS HOMBRES EN CONFLICTO CON SUS PAREJAS

MEDIANTE UNA LEY PRETENDE SUSTRAER A LOS VARONES LA PATRIA POTESTAD DE SUS HIJOS ANTES DE QUE HAYA SENTENCIA DE MALTRATO
Todos los años, coincidiendo con el mal llamado Día en contra de la Violencia de Género, la ministra encargada de una supuesta Política Social, e Igualdad tiene que ofrecer a su rabiosa y ofuscada clientela femenina alguna noticia en contra de los hombres para tranquilizar las cenagosas aguas del socialismo en quiebra técnica y mantener prietas las filas, recias marciales del feminismo radical cuyos votos se disputan PSOE y PP.
Como no podía ser de otra manera y había que echarle carne a las fieras este año Bibiana Aido de turno (léase Leire Pajin) anunció a la legión de mujeres cabreadas y separadas que viven con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en la industria del maltrato montada por el PSOE, la decisión de enviar a Las Cortes un proyecto de Ley para retirar a los hombres la patria potestad y la custodia individual sobre sus hijos en el caso de conflicto familiar, lo que supondría la modificación del artículo 92 del Código Ciivil, según explicó el ministro portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba al finalizar el consejo de ministros del 26 de noviembre de 2010.
Para hacerse acreedor a esta sanción, que supone un adelanto de la condena al margen de lo que posteriormente resuelvan los tribunales, basta con estar incurso en un proceso judicial, sea o no provocado por una denuncia falsa, y haber nacido varón, con lo que España se convierte en uno de los pocos países del mundo en los que la Justicia aplica el Derecho preventivamente (pone la venda antes que la herida) y priva a los hombres de sus derechos de paternidad sin que se haya celebrado antes la vista oral. y se haya producido una sentencia en contra del perjudicado. Es decir, fascismo puro y duro, al más rancio estilo mussoliniano.Tal y como comenté ayer, la nueva medida es una nueva vuelta de tuerca que pretende establecer el feminismo radical, por medio del Congreso de los Diputados, para aniquilar y destruir aún más al varón, desposeyéndole ya no sólo de la vivienda y sus bienes personales sino sobre los derechos jurídicos sobre los menores y justificar que no están de brazos cruzados ante el incremento de muertes de hombres y mujeres a consecuencia de los crímenes pasionales que ocurren en cualquier sociedad, e incluso en mayor medida en aquellas presuntamente civilizadas como es el caso de Suecia.
En lugar de reconocer los errores de su Gobierno y la ineficacia de una Ley que introduce la violencia en los hogares conflictivos, creando más violencia y criminalizando centenares de miles de asuntos menores (peleas ocasionales, riñas, malos tratos verbales), que se dan en algún periodo de la vida en todas las casas, el ejecutivo de Rodríguez Zapatero vuelve a la carga. «Con la nueva medida se pretende ─ según explicó la ministra, que los maltratadores y los asesinos de mujeres no disfruten de sus hijos mientras vivan». Lo que no explicó la ministra es que su Gobierno pretende "redimir" de la "maldad" de los hombres nada menos que a 600.000 menores de edad.
La nueva pena, que según el texto que manejaba ayer el Gobierno es de obligado cumplimiento por jueces y magistrados, no sólo viene a sumarse a las condenas por presuntos malos tratos, a la orden de alejamiento, a la perdida de la pensión de viudedad del supuesto maltratador, sino que se aplicaría en el momento mismo de la denuncia. «Su objeto, según el anteproyecto de ley, sería evitar a los menores el sufrimiento del maltrato que sufren en el hogar que los haría víctimas indirectas de los mismos». Lo que no explicó la ministra es que su Gobierno pretende "redimir" de la "maldad" de los hombres nada menos que a 600.000 menores de edad.
TRATAR DE METER A LA MUJER Y A LOS HIJOS EN EL MISMO PAQUETE, CONSTITUYE UN NUEVO INTENTO DE CASTIGAR Y DESTRUIR AL HOMBRE POR EL HECHO DE SERLO
Lo insólito de esta medida es que se aplica directamente al hombre aunque la pelea o riña la haya iniciado la mujer, que se hace con carácter previo, sin que haya un pronunciamiento judicial sobre si ha existido o no un presunto maltrato y que su ejecución no depende del criterio del juez o magistrado, tras estudiar los hechos denunciados y su incidencia en los menores, sino que viene impuesta por el Congreso de los Diputados.
El proyecto de Ley es más absurdo y tiránico aún en la medida en que el hecho de que exista una relación conflictiva entre los dos conyugues no implica que esta se haga necesariamente extensiva a los hijos. De hecho en todo el mundo existen millones de padres que se llevan a matar con su mujer, por las razones que sean, y adoran y veneran a sus descendientes, fruto de las relaciones de la pareja o incluso adoptados.
Los dos asuntos ─ las presuntas peleas entre la pareja y el presunto enfrentamiento entre padre e hijos ─ por tanto, no están unidos ni una relación conflictiva de pareja tiene porque deteriorar los sentimientos paternos filiales en ambos sentidos. Lo que permite deducir que el Gobierno, mediante esta norma, pretende imponer un castigo suplementario al hombre por el hecho de serlo, cuando en numerosas ocasiones la arpía y causa de todos los males de la pareja es la mujer, la cual para el Gobierno probablemente debería estar a punto de ser beatificada o canonizada ─ y no seré yo quien se oponga a que lo sea ─ pero no en todos los casos.
Se trata, por tanto, de una tremenda arbitrariedad más en contra de los varones, los cuales a partir de unos meses tendrán que soportar no sólo las decenas de miles de denuncias falsas que se interponen en los órganos judiciales en contra suya, pagar las letras del piso o casa que va a seguir disfrutando su ex mujer y mantener y educar a unos hijos, que le son injusta, despótica e ilegítimamente expropiados por el Estado en beneficio de una de las partes, la madre.
DE IMPONERSE ESTA NORMA CONSTITUIRÍA UN SERIO GOLPE DE GRACIA A LOS DIVERSOS PROYECTOS DE LOS PARLAMENTOS REGIONALES DE SOLUCIONAR LAS DESAVENENCIAS CONYUGALES MEDIANTE LA CUSTODIA COMPARTIDA
Constituye, por otra parte, un elemento de discordia más a introducir en el seno de la familia y un puñal de acero clavado en el corazón mismo de las propuestas hechas por los diversos parlamentos regionales para que se instaurara la custodia compartida de los menores como elemento sustancial para reducir la conflictividad entre las parejas rotas. Porque, una vez implantada la Ley, a cualquier mujer en proceso de divorcio contraria a que sus hijos sean educados a la vez por uno y otro progenitor, le bastará denunciar malos tratos para que el Estado despoje y sustraiga de por vida a uno de los progenitores del derecho a la patria potestad de sus hijos.
A muchos lectores este asunto, además de una tremenda injusticia y demencial resolución de un Gobierno en respiración asistida podría parecerle nuevo. Pues no es así. Basta acudir a los trabajos parlamentarios previos a la elaboración de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para observar que muchas de las feministas que fueron oídas durante casi dos meses de sesiones, entre ellas Ana Pérez del Campo, planteaban como cuestión previa quitarle los hijos a los padres maltratadores «para que se rompiera la cadena del maltrato», la cual, en opinión de esta insigne jurista, sicóloga, socióloga y vendedora de tabaco se perpetuaba de padres a hijos si no se producía el secuestro (la expresión secuestro es mía) de los menores en beneficio de la madre, convirtiendo al ya ex padre en una mera máquina de ganar dinero para que se lo embolsara su ex mujer.
Posteriormente fue el Partido Popular el que hizo suya esta «barbaridad jurídica» y la presentó como propia en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados como la «panacea» para acabar con los crímenes pasionales, junto con otra barrabasada de igual calibre: dar a la declaración de la mujer que denunciaba a su marido en los jugados, en caliente y bajo un estado de excitación o nervios, el carácter de prueba preconstituida e irrefutable de manera que su marido saliera condenado si o si, incluso cuando su esposa o ex esposa se desdijera de su primer testimonio en los órganos judiciales superiores.
La nueva brutalidad que se pretende poner en marcha forma parte, por tanto, de una larga lista de ataques al estado de Derecho, al principio de igualdad ante la Ley, al artículo constitucional de no discriminación por razón de sexo y a otros muchos que sería largo enumerar, urdidos y perpetrados por los dos partidos mayoritarios con mala fe, perversidad, malicia, dolo y hasta bellaquería, ya que sus representantes ante la Cámara saben o deberían saberlo que los límites de la Constitución no pueden ni deben traspasarse.
DE LLEVARSE AL CÓDIGO PENAL LA EXPROPIACIÓN DE LOS HIJOS A SUS PROGENITORES MASCULINOS INCREMENTARÁ LA CONFLICTIVIDAD Y LOS ASESINATOS DE MUJERES
No voy a ser yo, sin embargo, quien les enmiende la plana. Ellos allá con su conciencia. Si creen que los crímenes pasionales (ahora llamados Violencia de Género), que nacen fruto de los celos, las enfermedades mentales, las infidelidades, los desencuentros entre la pareja, el alcoholismo, la droga y otros muchos factores que no voy a citar, pueden combatirse con el Código Penal en lugar de hacerlo con la educación y la formación adecuada para el matrimonio y la convivencia en pareja, allá ellos.
Lo que no voy a dejar de expresar, porque la Ley me ampara, es mi opinión al respecto de este nuevo y brutal atropello. Una vez aprobada la Ley y llevada al Código Penal el número de muertes de mujeres a manos de sus maridos va a seguir incrementándose piensen lo que piensen y decidan lo que decidan nuestros mesiánicos e iluminados legisladores, ya que este no es un elemento más sino el más incendiario que se arroja a la hoguera en que la Ley de Violencia de Género ha convertido a decenas de miles de parejas en España.
NUMEROSAS PAREJAS SE LLEVAN A MATAR, PERO LAS RELACIONES DE AMBOS PROGENITORES CON SUS HIJOS SON EXCELENTES. CONDENAR UNILATERALMENTE AL HOMBRE A NO VER A SUS HIJOS, ES SANCIONARLE POR UNOS HECHOS QUE NO ESTAN EN LITIGIO ANTE LOS TRIBUNALES
Lo que digo es puro sentido común. Si hay hombres que matan a quienes le roban una propiedad, que no harán muchos padres cuando se encuentren en la tesitura de que los «bienes» más preciados de su vida, sus hijos, carne de su carne y sangre de su sangre, le son sustraídos por una camada de supuestos legisladores, que sólo obran movidos por los intereses espurios y corrompidos de cazar el voto femenino; que pretenden arreglar la familia sin barrer primero su casa, y tratan de asumir para el Congreso de los Diputados la labor de juzgar, sustrayendo cada vez más esta competencia en diversas leyes a jueces y magistrados y provocando, como no podía ser de otra manera, la ira y la indignación de los colectivos y asociaciones que tan dignamente les representan.

Thursday, November 25, 2010

LA VIOLENCIA FAMILIAR: AL HOMBRE QUE LO PARTA UN RAYO

En mi artículo anterior hacía referencia a cómo los delitos relacionados con el ámbito familiar (peleas, agresiones o asesinatos por celos, enfermedades mentales, rencores, odios africanos, embarazos no deseados, alcoholismo, abandono de hogar, infidelidad conyugal, enajenaciones mentales transitorias o cualquier otro motivo) se les llamó siempre en castellano crímenes pasionales.

Agregaba que a partir del III Congreso del Feminismo Radical Mundial, celebrado en China bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se acuñó un nuevo concepto para definir las desavenencias conyugales: violencia de género, que suponía un cambio radical de las relaciones de pareja: el hombre era enemigo de la mujer, la sometía y cuando esta se revelaba la mataba. La mujer, en cambio, era una santa y si alguna vez se cargaba al marido (el 40 por ciento de los delitos los cometen mujeres) era siempre violencia de reacción, al no poder soportar por más tiempo la chulería y las presiones del macho.

Sobre esta nueva filosofía el Congreso de los Diputados construyó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, encaminada a dar una superprotección a la mujer y culpabilizar al varón por le hecho de serlo, sin juicios previos e incluso con condenas favorables.

Añadía además que esta Ley, encaminada a destruir al hombre más que a reeducarlo y reintegrarlo en sociedad en los casos en que hubiera delinquido (base de todo nuestro derecho procesal y penal y de nuestro derecho penitenciario), ha destruido total o parcialmente las vidas de un millón de varones en el plazo de cinco años, sin que nadie le haya indemnizado por las decenas de miles de denuncias falsas que se producen, del abuso de la Ley hecha por jueces y magistrados, y por la marginación social que suponen las penas de alejamiento o destierro, el desarraigo social, empresarial , etc.

Falta por contar, sin embargo, algo de lo que no se habla habitualmente. Por su forma de vida y otras razones que sería largo enumerar, desde que nace hasta que muerre el hombre está entre 5 y 7 veces más expuesto a la muerter que la mujer. A ello ha venico a unirse ahora la nefasta Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha venido a incrementar las muertes violentas, bien sean por asesinato o suicidio. Veamos globalmente el asunto del riesgo que comporta haber nacido varón:

EL HOMBRE ESTA VARIAS VECES MÁS EXPUESTO A LA MUERTE DESDE QUE NACE HASTA QUE FALLECE. LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO HA VENIDO A AGRAVAR ESTA PROBLEMA

Según el censo de población de los Estados Unidos correspondiente a 1950 y 1960, aunque se concebían por entonces niños varones por cada 100 niñas, las población en general es de 95 varones por 105 niñas.

Según el U.S. National Center for Health Statistics, se producen 105 muertes de fetos varones por cada 100 fetos de hembras salvo en China.

A cualquier edad, desde el nacimiento hasta la muerte, la tasa de mortalidad del hombre es significativamente más elevada que la de la mujer.

De acuerdo con el U.S. National Center of Statistics citado, desde el nacimiento hasta el primer año de vida la tasa de mortalidad del hombre es un 30 por ciento más elevada que la de la mujer. Desde los 15 a los 19 años, un 150 y de los 20 a los 24 un 200 por ciento, porcentaje que se mantiene hasta la muerte del varón.

Según un informe de la Universidad de Harvard recogido por los Ángeles Times, en 1920 la esperanza de vida de una mujer sobre la del hombre era de un año. En 1990 había aumentado a los 9 años y dentro de 50 años habrá 150 mujeres por 100 hombres de edad avanzada, por lo que habrá que legalizar la poligamia.

Aunque no hay superioridad biológica de la mujer sobre el hombre (los varones tienen más capacidad cardiaca y pulmonar) y a que la persona más longeva fue Matusalén, el estrés, los hábitos fisiológicos, las presiones sicológicas y emocionales hacen que la mujer sobreviva al hombre en todos los periodos de la vida.

Los hombres acuden 25 por ciento de veces menos al médico que la mujer, cuando lo hacen suelen llegar en un 15 por ciento de los casos en situación irreversible.

En consecuencia, el hombre tiene 5 posibilidades más que la mujer de morir por enfisema pulmonar, bronquitis o asma, dos veces más por enfermedades cardiovasculares o cirrosis hepática, arterioesclerosis, neumonía o gripe.

Según las estadísticas de la Sociedad Americana del Cáncer, la tasa de mortalidad de los varones por cáncer es un 40 por ciento más elevada que la de las mujeres y un 60 por ciento más en enfermedades de esófago y pulmón.

Los hombres mueren un 800 por ciento más que las mujeres en incendios forestales, trabajos en minas, hundimiento de buques, casi un 3000 más en accidentes laborales de la construcción; entre 10 y quince veces más defendiendo el hogar (la mujer habitualmente se esconde debajo de la cama) frente a atracadores, la fábrica, el banco, o los bienes privativos de la familia.

Los varones mueren quince veces más que las mujeres por accidentes de tráfico para no llegar tarde al trabajo y cuatro en accidentes de tráfico familiares de fin de semana.

Los hombres tienen siete veces más posibilidades de ser arrestados por drogas, tres por embriaguez, nueve por daños a propiedades, once por juego ilegal y seis por provocar un accidente de tráfico.

En España, un 40 por ciento de los hombres fallecen entre el primero y el quinto año tras la edad de jubilación. En las mujeres ese porcentaje es inferior por el mayor apoyo familiar y social (las amigas) que reciben.

Según un informe de la Sociedad Española se Siquiatría celebrado recientemente en Barcelona, un hombre tiene varias posibilidades más que su ex conyugue de fallecer tras un proceso de separación y divorcio que una mujer. La sociedad Americana de Psiquiatría cifra este porcentaje en un 3’2 por ciento, dato que se incrementa a partir de los cincuenta años.

Tras la aplicación de la Ley de Violencia de Género en España, los suicidios de hombres que matan a sus mujeres se han disparado por encima del 30 por ciento en los cinco últimos años y va en incremento.

Hasta los 24 años la tasa de suicidios masculinos supera tres veces a las de las mujeres. Por encima de los 65 años, es cinco veces superior. Tras un proceso de separación pasados los sesenta los suicidios se incrementan exponencialmente.

La dependencia del hombre divorciado de una mujer es 3’5 por ciento más que la de su ex esposa que puede tardar hasta 10 años en iniciar nuevas relaciones. Por eso la mayoría de los hombres rehacen su vida antes de los 6 meses de la separación o la posibilidad de suicidio se incrementa al no poder hacer frente a la soledad.

Según la sociedad Americana de Psiquiatría, las mujeres intentan suicidarse 4 veces más que los hombres, pero los hombres se matan tres veces más.

Datos extraoficiales de los registros civiles españoles revelan que más del 30 por ciento de los accidentes de circulación en que viaja un hombre sólo tras un proceso de separación y divorcio encubre un suicidio.

En España el 60 por ciento de las mujeres que asesinan a sus maridos cumplen entre 1 y 2 años de cárcel, aunque hayan sido condenadas a largas penas, y el 40 por ciento restante no pasa en prisión ni un año de prisión preventiva.

El 90 por ciento de las mujeres que agreden a sus maridos (lesiones graves, homicidios frustrados, homicidios) tienen 56 veces más que los hombres que el asunto sea abordado por un tribunal como «violencia de reacción» o «muerte accidental», aunque los informes forenses afirmen lo contrario, que la trayectoria del arma homicida y la presión ejercida sobre la misma demuestren que no se trataba de un acto de intimidación, defensa propia violencia accidental.

El trato favorable en beneficio de la mujer no es exclusivamente español. Cuando se abolió temporalmente la pena capital en Estado Unidos se vio que sólo 30 de las 3.294 mujeres que había en el corredor de la muerte (el 1 por ciento) habían sido ejecutadas, frente al 63 por ciento de los hombres.

Todo lo cual demuestra que, al margen de los fallecidos en guerras, el rol que el hombre ha venido ejerciendo tradicionalmente en la sociedad conlleva un riesgo siete veces mayor de muertes por enfermedades, asaltos, accidentes, suicidios y otras causas.

HASTA LOS MARICONAZOS Y BUJARRONES TIENEN CINCO VECES MÁS POSIBILIDADES DE SER AGREDIDOS POR ULTRAS QUE LAS BENDITAS LESBIANAS


La protección y ayuda que el hombre recibe del Estado en todas estas circunstancias es prácticamente cero, salvo hasta hace unos meses en que se puso en marcha una campaña para prevenir el cáncer de próstata. En cambio, el Instituto de las Mujer lleva casi una década promoviendo la detección temprana del cáncer de mama y útero, especialmente entre las separadas.

Todo lo cual revela que a los poderes del Estado encargados de velar por la salud y el bienestar de la sociedad el varón le importa un pimiento. A los hombres, habría que decir, que los parta un rayo. Incluso los maricones tienen cinco veces más riesgo de ser agredidos por grupos ultras que las lesbianas, a las que apenas se les nota su condición sexual, salvo que vayan cogidas de la mano o les de por morrearse

EN EL DIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR: GOBIERNO Y CONGRESO PRETENDEN ACABAR CON LOS ANTIGUOS CRIMENES PASIONALES CON LEYES MAS DURAS


Desde que el mundo es mundo, ha existido siempre un asunto llamado crimen pasional. El caso hacía referencia al lamentable comento en que uno de los dos miembros de la sociedad conyugal (fuera hombre o mujer) le quitaba la vida a su pareja, bien por celos, enfermedades mentales, rencores, odios africanos, embarazos no deseados, alcoholismo, abandono de hogar, infidelidad conyugal, enajenaciones mentales transitorias o cualquier otro motivo.

Luego vino el III Congreso del Feminismo de Pekín propiciado por las Naciones Unidas. Y allí, en el país paradigma de las libertades y de la igualdad de sexos, el feminismo mundial reunido en conclave, con la presencia de Hilary Clinton y alguna otra diva ejerciendo como invitadas especiales y más de 150 feministas españolas, varias de ellas ministras o ex ministras socialistas, trataron de revolucionar el mundo.

Pero lo único que lograron fue imponer la dictadura inspirada en la ideología y la filosofía de género en España. De modo y manera que todo lo que la literatura científica, jurídica, académica y social del mundo civilizado llamaba crímenes pasionales, asesinatos por celos o infidelidades no eran tales y empezaron a llamarse violencia de género. De repente, las mujeres se convirtieron todas en santas y el único individuo que mataba a su pareja dentro del matrimonio era el hombre, al margen de su condición social y económica. Y lo hacía, además, como consecuencia de un dominio ancestral del varón contra la hembra, que se venía ejerciendo desde el Pleistoceno, como poco.

Nació así la llamada ideología o filosofía de género que venía ha hacer tabla rasa con veinte siglos de valores inspirados en la tradición cristiana y romana y el «marxismo feminista» entraba como un ciclón en la sociedad hispana.

Aunque las estadísticas afirman que las mujeres asesinan cinco veces más a sus hijos, maltratan tres veces más a sus padres y hermanos, y matan de vez en cuando a sus maridos (un 40 por ciento frente al 60 por ciento de parricidios cometidos por los hombres) la realidad no importaba cuando se trataba de imponer una nueva ideología alternativa que sustituyera al marxismo, al socialismo real desaparecido en 1989.

LA TOLERANCIA CERO ES UNA ESTUPIDEZ DEL FEMINISMO. MIENTRAS EXISTAN CELOS, INFIDELIDADES, ODIOS Y ENFERMEDADES MENTALES HABRÁ ASESINATOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS HOGARES

Actuando como el mayor lobby conocido en las sociedades occidentales de todos los tiempos, el feminismo radical convenció al parlamento español de que no había crímenes pasionales sino violencia de Género y que esta sólo podía erradicarse anticipando la pena al delito, es decir, persiguiendo a cualquier varón que protestara ante su mujer porque le escondiera las llaves del coche y condenando al hombre a penas severísimas por cualquier discusión familiar, aunque la pelea la hubiera iniciado la mujer, que es habitualmente la promotora e incitadora de más de la mitad de las rencillas familiares, como revelan las sentencias de los juzgados penales de toda España.

De la misma manera que el Reichstag alemán impuso las llamadas «leyes de Nüremberg» (condenadas en Nüremberg), con un PP acobardado, a la caza del voto femenino y con unos diputados obsesionados porque no les tildaran de machistas, nació en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral en contra de la Violencia de Género, el mayor engendro legislativo de todos los tiempos, la ley que ha perseguido e incriminado sin pruebas a más hombres desde la Guerra Civil.

Inspirada en el derecho de Autor de la escuela de Kiel cuyos epígonos fueron Karl Larenz, H. Kelsen y Karl Schmitt, entre otros; de la Asociación Alemana de Jurisprudencia y de otros organismos judiciales del nacionalsocialismo que necesitaban de un cuerpo doctrinal (códigos penales de 1932 y de 1935) para exterminar a los judíos, a los gitanos y a otras razas "inferiores", la LOMPIVG, culpabiliza siempre, en todo momento y lugar, al varón de la llamada Violencia de Género.

Aplicando esta doctrina, donde no se juzgan hechos, en los que la culpabilidad es siempre subjetiva se crea una Justicia ad hoc al servicio exclusivo de la mujer y no de la sociedad en su conjunto. El aparato judicial constituye más de 500 tribunales especiales (entre 1 y 7 por demarcación territorial) con capacidad para aplicar leyes penales y civiles a la vez, y que actúan, de hecho como tribunales de excepción, que tratan de culpabilizar siempre al hombre de la más mínima riña, imponiendo «sentencias de conformidad» que no son recurribles en una segunda instancia, con el agravante de que muchos de estos tribunales están regidos por jueces feministas en su mayoría mujeres despechadas y hasta feas.

Vulnerando toda la doctrina jurídica anterior ─ millones de sentencias y de jurisprudencia elaborada durante siglos ─, emanada del derecho Romano y de la tradición cristiana, los llamados Tribunales de Violencia imponen penas sin oír a una de las partes (el hombre), al que se detiene, encarcela y juzga esposado aunque la promotora de la disputa haya sido su compañera.

Y, acto seguido, se le manda a la cárcel, y por el mismo hecho se le impone una segunda condena de alejamiento (léase destierro), desaparecida de los códigos penales desde el siglo XVIII por degradante y difamante y se le desposee de la mayoría de los bienes gananciales habidos en el matrimonio (casa, familia, derecho a estar con sus hijos), obligándole a pagar pensiones de alimentación y educación a los menores, hipotecas si las hubiere de bienes que no podrá disfrutar de por vida e incluso pensiones compensatorias.

RECORTAR LOS DERECHOS DE PATRIA POTESTAD A LOS HOMBRES COMO PRETENDE EL CONGRESO POR UNA SIMPLE DENUNCIA DE MALTRATO VA A ACARRERAR MÁS MUERTES DE MUJERES. ESTOY DISPUESTO A JUGARME LO QUE QUIERA CON EL QUE DEFIENDA LA TESIS CONTRARIA

Con este sistema fundamentado jurídicamente en las teorías nazis, inquisitorial, discriminatorio, absolutista, arbitrista, donde los presuntos delitos cometidos no cuentan sino el cromosoma con el que se ha nacido, el Gobierno ha pretendido reducir a cero la violencia en el seno de la familia.

Y ha conseguido, como no puede ser de otra manera, el efecto contrario: En algo más de cinco años de vigencia ha detenido arbitrariamente a más de un millón de varones, los ha sometido a la humillación de ser esposados ante sus hijos por la policía, los ha tenido entre 1 y 3 días durmiendo en calabozos infectos junto a delincuentes de toda ralea. Y ha incrementado los crímenes pasionales al introducir la Ley numerosos elementos de violencia y de conflictividad en el hogar familiar, que no se compadecen con el sentido común o la Ley natural, en lugar de atenuar la agresividad entre la pareja con medidas educativas o de rehabilitación de los cónyuges (intervención de los padres, mediadores sociales, sicólogos, etc.).

Todo ello, asdemás, endureciendo año tras año la llamada Ley de Violencia de Género en un afán inhumano de destruir sicológica y socialmente al supuesto maltratador, haya sido declarado culpable o absuelto. En este sentido y no en otro tiene que interpreparse la "expropaición" que hace el Estado de la pensión de viudedad del millón largo de denunciados en beneficio de la supuesta "víctima", lo haya sido o no, en detrimento de su segunda, tercera o cuarta mujer, como ha ocurrido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2009.

Pese a estas felonias parlamentarias propias de regímentes inquisitoriales y genocidas, el número de asesinatos de mujeres no sólo no han descendido sino que se han generado nuevos tipos de delitos como el de los suicidios masivos de los varones que se quitan la vida para sustraerse a la acción de la justicia (calificados como «terroristas suicidas» por la imbécil de Bibiana Aído) tras matar a su mujer, se ha promovido millones de denuncias falsas entre las mujeres (en cualquier proceso de separación y divorcio el asunto se resuelve en un día si va por un juzgado de Violencia de Género y, además, el juez «aleja» al marido de la esposa durante 3 años, y en un promedio de un mes a tres años si se acude, como manda la ley, por un juzgado de familia) y se ha promovido decenas de miles de actos de desobediencia reiterada a la Ley tanto por hombres y mujeres que acaban reconciliándose a los pocos días, aunque el texto legal lo prohíbe expresamente, rompen la sentencia de alejamiento de mutuo acuerdo y se ponen a vivir juntos desafiando a legisladores, tribunales y a todo bicho viviente.

Estas «reunificaciones familiares al margen de la Ley», generan a su vez nuevos delitos derivados, en este caso, del «dominio de la mujer sobre el hombre» que establece de facto la LOMPIVG, una vez el primero haya pasado por un juzgado de Violencia, y su nombre aparezca en un registro oficial de presuntos maltratadores, haya sido condenado o no. Decenas de hombres son despojados todos los días de sus bienes privativos, de las acciones de sus empresas personales, bajo la amenaza de la arpía de turno de denunciarles por «incumplimiento de la orden de alejamiento» y, como demostraré en mi próximo libro, algunas acaban criando malvas al lado de su ex marido que, en la mayoría de estos casos, suele suicidarse.

Elaborada con el sano propósito de acabar con las muertes en el hogar, la llamada Ley de Violencia de Género, por lo tanto, ha causado más muertes de mujeres (y hombres) que las que ha evitado, ha introducido en Código Penal en la familia violando los preceptos dictados desde Justiniano hasta hoy, y ha causado más males que beneficios. Porque, como dije al principio, la etiología de la violencia familiar que lleva al asesinato de la esposa o el esposo es otra, la de siempre: los celos, los odios, las enfermedades mentales, las infidelidades conyugales y otras cuestiones que se ignoran.

Y los causará aún más, si el Congreso de los Diputados modifica el Código Penal en el sentido de añadir una condena más al hombre cuando se haya producido una pelea familiar: retirarle arbitrariamente la Patria Potestad sobre los hijos al varón (afirma el Gobierno que hay 600.000 niños víctimas de la violencia familiar, excluyendo siempre a la mujer como promotora de tal violencia) sin verificar previamente si la causante del rifirrafe fue la mujer. Me apuesto con quien quiera que el endurecimiento de la LOMPIVG y, especialmente, la entrada en vigor de esta medida incrementará, como poco, las muertes de mujeres en no menos de un diez por ciento y los suicidios de sus ex maridos en una cifra inferior pero también considerable.

Porque lo que es intolerable desde el punto de vista jurídico y social es que, a cualquier padre de familia, haya sido maltratador o no, se le intente echar todo el Código Penal encima (condena, destierro, robo de parte de la sociedad de gananciales, perdida de derechos laborales, perdida de Patria Potestad, etc) por la comisión de un solo delito, en el supuesto que se demostrara fehacientemen te que lo había cometido. No sólo es intolerable: constituye un ensañamiento injusto y el peor de los fascismos ya que la Ley se salta a la torera el derecho a redención de condena, el perdón de la víctima y sólo refleja lo más negro de la condición humana del legislador, que trata a sus semejantes como bestias.

El origen de todo el problema radica, obviamente, en no atacar convenientemente la raíz del problema y considerar los crímenes pasionales de toda la vida, con su etiología definida durante siglos, como "crímenes de género", como si la razñón de ser del hombre desde que nace hasta que muere fuera exclusivamente el de someter a su pareja, hecho que puede ocurrir en determinados países (en mundo árabe, por ejemplo) pero no en los países occidentales, especialmente desde el último medio siglo.

De ahí que el slogan de la «tolerancia cero» sea una estupidez como una casa. Mientras haya un hombre o una mujer desquiciada por los celos, por la infidelidad de su conyugue o con un problema mental no tratado hay un hombre o una mujer potencialmente victima de los arrebatos y las iras de su pareja con resultado de muerte o no.

Buscar el origen de la violencia familiar en el dominio de un sexo sobre el otro no sólo es una estupidez del feminismo radical sino una desproporción del parlamento entero, integrado por lo más selecto y granado de la intelectualidad española en todos los campos del saber de hoy y de siempre, como todo el mundo sabe.

EN 1978 EL PRESIDENTE DE SUECIA OLA ULLSTEN SUSPENDIÓ UNA CENA CON UN GRUPO DE PERIODISTAS ESPAÑOLES ENTRE LOS QUE ME ENCONTRABA PORQUE TENÍA QUE CUIDAR A SUS DOS HIJOS, MARIA Y KATARINA, PARA QUE SU MUJER LOUISE TRABAJARA ESA TARDE. PUES BIEN, EN EL REINO DE LA IGUALDAD, SE ASESINAN CUATRO VECES MÁS MUJERES QUE EN ESPAÑA Y SE VIOLAN INFINITAMENTE MUCHAS MÁS, LO QUE CONTRADICE TODA LA FILOSOFÍA DE GENERO

Como las cosas hay que demostrarlas para no medirse con la altura de la elevada talla intelectual de los inquilinos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo voy a poner un solo ejemplo. A estas alturas, nadie duda que Suecia sea el paraíso del Estado del Bienestar, de las libertades, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Para verlo, solo basta consultar el escalafón del Gobierno y advertir que hay tantas o más directoras generales y subsecretarias mujeres que hombres. La igualdad dentro de la pareja llega a tal extremo que en un viaje que hice al país en noviembre de1978, el primer ministro, el liberal Ola Ullsten, suprimió una cena que tenía con un grupo de periodistas españoles, porque a su mujer, Louise Beaudoin, le habían puesto trabajo y tenía que quedarse a cargo de dos de sus cuatro hijos menores de edad, Maria Ullsten y Katarina Ullsten. Hay 7 periodistas más que fueron testigos de ello.

Pues bien, en el paraíso de la igualdad, donde hasta el primer ministro comparte las tareas familiares para que su mujer pueda realizarse, se comenten cuatro veces más asesinatos de mujeres a manos de sus maridos y cuatro veces más muertes de los esposos por sus conyugues. Y, sin ir más lejos, el año pasado se denunciaron 28.000 violaciones de mujeres en una nación que tiene apenas 9.341.00 habitantes, dato que traducido a España se traduciría en 134.000 violaciones anuales que, en el caso de ocurrir, generaría, y con razón, una legión de feministas patrullando las calles armadas de tijeras y decididas a cortarle los órganos genitales a otros tantos hombres.

El «caso sueco» es, en consecuencia, la revelación más palmaria de que la «violencia de género» es una elucubración mental y artificial del feminismo, decidida a instrumentalizar a la Justicia y todo el sistema punitivo de los estados para conseguir sus derechos no luchando al lado del hombre sino en contra de éste.

MIENTRAS SE ATAQUE AL HOMBRE EN EXCLUSIVA COMO RAÍZ DEL PROBLEMA, CAUSA DE TODOS LOS MALES Y SE LE ACOSE BUSCANDO SU DESTRUCCIÓN, LOS ASESINATOS SE INCREMENTARÁN POR MUCHAS MEDIDAS COACTIVAS QUE SE ARBITREN
Su incapacidad para acabar con las muertes en el seno de la pareja demuestra, por otra parte, que el fenómeno es más amplio y complejo del «dominio del hombre sobre la mujer», aunque en algún caso pueda ser el desencadenante.

Y en tercer lugar evidencia algo más lamentable aún. Mientras haya hombres y mujeres celosos, las enfermedades mentales sigan existiendo y no haya hombres y mujeres capaces de tolerar o permitir la infidelidad de su pareja habrá asesinatos y crímenes pasionales, que es el término que debería usarse en la mayoría de los casos. Por muchas leyes y códigos que se pongan en marcha y por muchas campañas de «tolerancia cero» que se establezcan desde los poderes públicos la violencia en la pareja sólo se va a atenuar con campañas de sensibilización y educación. Todo lo demás sobra.

Por eso no estaría de más que nuestros padres de la patria se volvieran todos ellos, aunque fuera por un extraño milagro, un poco más juriscultos, sensatos y responsables y suprimieran de un plumazo ─ que como son unos valientes ya se sabe no lo van a hacer─ la llamada Ley de Violencia de Género, una diabólica máquina infernal que sólo sirve para destruir familias, generar odios, incrementar los divorcios e incentivar el número de muertes cada año, sin lograr la emancipación ni la liberación social y económica de la mujer.